Mudanzas

ESTE JUEVES, UN GRUPO de policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) realizó una protesta para recordarle a las autoridades de la representación social que tiene un compromiso pendiente: la homologación salarial que han exigido desde hace varios meses y mejoras en las condiciones de trabajo, petición que ha sido motivo de negociación con el fiscal general. Sin embargo, entre los justos reclamos incluyeron uno que no es tanto como eso: el cese de despidos que ellos llaman injustificados, pero que la fiscalía señala que esto se debe a que no pasaron el examen de control de confianza, indispensable para ejercer el cargo.
 

HABRÍA QUE VER SI, EN EFECTO, con el pretexto de esta evaluación le han dado aire a personal de manera injusta, o si a la FGET le asiste la razón de que sí reprobaron el examen y ahí sí no hay nada que hacer, precisamente por la pérdida de confianza. Se estima que en el estado entre 900 y más de mil 600 policías en activo y mandos operativos han reprobado el examen de control de confianza en sus evaluaciones periódicas. Alrededor del 12% al 15% de la fuerza policial total del estado no logra acreditar esta prueba reglamentaria obligatoria y sin la cual nada más no pueden trabajar en las áreas de seguridad, de acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 

ENTRE LOS REPROBADOS FIGURAN tanto elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como de la FGET y policías municipales. La Secretaría de Gobierno reportó de manera oficial que el 85.9% de los policías en el estado están acreditados, es decir, 7 mil 169 elementos, lo que deja al restante 14.1% en un estatus no aprobatorio o pendiente de revaluación. Las autoridades estatales iniciaron un proceso de depuración institucional. Esa es, al parecer, la razón por la cual Policías de Investigación de la FGET se manifestaron públicamente tras ser notificados de sus respectivas bajas y ceses definitivos al no acreditar los exámenes de permanencia y de control de confianza.
 

EL PRI, COMO YA ES SU COSTUMBRE, ha querido sacar raja política de esta situación y, sin conocer a fondo el asunto, dio por hecho que los despidos son “injustificados”, por lo que exigió “respeto a sus derechos”. Para la dirigencia estatal priista la exigencia de los policías de mejora salarial y de las condiciones de trabajo el despido de elementos es una “represalia” de la FGET por hacer público ese reclamo y por ello se ve precisado a alzar la voz en su defensa.
 

EN UN COMUNICADO, EL PRI TABASQUEÑO aseguró que en el examen de control de confianza hubo “irregularidades” y la evaluación fue usada como justificación para “separarlos del cargo”. Por ello, pidió al gobierno y la fiscalía “aclarar estos hechos con absoluta transparencia, privilegiar el diálogo y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como un acto de intimidación contra quienes ejercen su derecho a manifestarse”. No hay tema ni asunto que no quieran capitalizar políticamente. Están muy urgidos en llamar la atención, generar el interés de la ciudadanía. Por lo generar, sus posicionamientos son como llamados a misa que casi nadie atiende, porque son muy oportunistas.
 

CUANDO EL PRI ERA GOBIERNO, LOS POLICÍAS eran de los peores pagados en el país. Eso cambió en el actual gobierno, el de Javier May, que les ha subido el salario hasta convertirlos en ser los cuartos mejores pagados del país. Hay ganan más de 16 mil pesos mensuales y otros, los que aceptaron el esquema de trabajo de 24 X 24 horas, perciben casi 20 mil pesos. En el sexenio pasado, los cuerpos policiacos de la SSPC, FGET y de las corporaciones municipales fueron infiltradas por el crimen organizado hasta la médula, tanto que era difícil distinguir entre un policía y un delincuente, no se sabía quién era quién.
 

COMO PARTIDO OPOSITOR, CASUALMENTE el PRI guardó silencio. No dijo absolutamente nada de ese negro periodo que ensombreció la seguridad en el estado y la robó la paz a los tabasqueños. En cambio, se sumaron al coro de aplaudidores del engaño más patético: convertir en policía modelo a un delincuente. Ahí sí no levantaron la voz como ahora. No tienen ni tantita vergüenza.
 

ANTE LA METRALLA QUE LE HA SOLTADO LA OPOSICIÓN, Andrés Manuel López Beltrán rompió el silencio para responderle a sus “malquerientes”, quienes lo acusan de actos anticipados de campaña y, como ya anunció el oportunista de Erubiel Alonso Que, será denunciado ante el INE.
 

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se defendió de esos ataques en un video que subió a sus redes. Aseguró que sus recorridos casa por casa los realiza en su condición de consejero nacional, por lo que no se trata de una actividad proselitista.
 

"SI LOS MEDIOS TRADICIONALES de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera, llevando nuestro periódico Regeneración, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador y como es nuestra responsabilidad como consejeros nacionales de Morena", aseveró. Dijo que su encuentro con los ciudadanos no debe verse como un acto anticipado de campaña, sino que se trata de una “práctica habitual” de los actores políticos que intervienen en la vida pública del estado y del país.
 

“ANDY” TAMBIÉN CRITICÓ A PERSONAJES políticos que solo se acercan a la gente en tiempos de elecciones como hay muchos aquí en Tabasco, empezando por el vende llantas de Erubiel Alonso que anda de arriba para abajo por Villahermosa, rodeado de un coro de aplaudidores para hacer creer que tienen el respaldo de la gente en sus aspiraciones de ser alcalde de Centro. Como dijera el finado Paco Stanley: “Ni que tuviera tanta suerte”.
 

DESDE EL TAPANCO
 

PARA EVITAR “ABUSOS” POR SERVICIO de arrastre que cobran las grúas a los automovilistas y homologar la tarifa, la Secretaría de Movilidad anunció que el próximo lunes se instalará una mesa de trabajo con ese fin. Y es que ha habido abusos desmedidos por parte de concesionarios que le cobran a los automovilistas las perlas de la virgen. Lo peor que cuando los vehículos son levantados en la vía pública ni siquiera le informan al dueño a qué corralón se lo llevaron y tiene que andar preguntando para ir a sacarlo antes de que lo desbalijen. Ese servicio se convirtió en un negocio lucrativo tanto para las autoridades involucradas como los dueños de las grúas y, obviamente, los abusos cometidos eran solapados, como sucedió en la gestión de Narciso Oropeza Andrade, quien, según denuncias, convirtió a la Semovi en la cueva de Alí (Chucho) Babá y los 40 ladrones.