Mudanzas

DURO Y DIRECTO FUE EL COMIUNICADO de la Canaco Servytur al descalificar las declaraciones de Manuel Miranda y su grupo de amiguis, quienes se lanzaron a hacer grilla partidista apoyados en el PVEM y en Evaristo Hernández. La dirigencia nacional de la Canaco recordó que Miranda no representa a esa organización empresarial y fue expulsado. Ojalá que ahora siga un proceso legal por usurpación junto a su amiga La Arriera. A ver si también le levantan la cobija al vocero de La Barredora metido en política.
 

EL HISTÓRICO ACUERDO PARA CONSTRUIR la subestación eléctrica en la zona Yokot’an, marca un antes y un después en la forma de hacer política social. Tras intensas jornadas de protesta que incluyeron bloqueos viales, el gobierno estatal encabezado por Javier May Rodríguez y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lograron pactar con los delegados indígenas el inicio de la obra civil para el próximo 28 de septiembre. Este proyecto responde a una demanda histórica de las comunidades por la intermitencia de los servicios de luz y agua, pero su mayor valor radica en el método utilizado para destrabar el conflicto: la vía pacífica.
 

EL DESENLACE DE ESTE CONFLICTO RATIFICA una premisa fundamental para la estabilidad democrática: la importancia de resolver las protestas sociales con base al diálogo y al entendimiento, y nunca con represión. Cuando un gobierno opta por escuchar en lugar de silenciar, no solo desactiva una crisis inmediata, sino que legitima las demandas de sectores históricamente vulnerados. El uso de la fuerza pública sólo profundiza las brechas de desconfianza; en cambio, las mesas de trabajo compartidas construyen soluciones duraderas.
 

LA OPOSICIÓN LO QUE BUSCABA ERA QUE el gobierno estatal disolviera el bloqueo con el uso de la fuerza pública, como se acostumbraba en los gobiernos priistas, pero se quedó con las ganas, a pesar de haber boicoteado el principio de acuerdo al que ya se había llegado para levantar el bloqueo el domingo pasado; metieron la cizaña e hicieron que el cierre carretero de la Villahermosa-Frontera se reanudara. Tuvo que ser necesaria la intervención directa del gobernador Javier May para destrabar el conflicto y en la semana pasada se logró finalmente concretar la firma del acuerdo que garantiza la construcción de la subestación eléctrica.
 

ESTÁ CLARO QUE LA OPOSICIÓN SOLO BUSCA sacar raja política de la protesta social sin plantear ninguna solución más que la radicalización del conflicto para obtener una rentabilidad electoral. Ya lo dijo el gobernador hace unos días: los actuales, son tiempos de buitres y zopilotes. Este episodio en la zona Yokot'an demuestra que la paz social no se impone, se negocia. Cumplir cabalmente con la fecha del 28 de septiembre será el siguiente paso crucial para consolidar la confianza entre el pueblo originario y sus gobernantes.
 

LA RECIENTE VISITA A TABASCO del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pasó con más pena que gloria, evidenciando el profundo bache de credibilidad que arrastra su partido. El líder tricolor acudió a la entidad en el marco de la organización interna rumbo a los próximos comicios, pero lejos de presentar propuestas serias o soluciones para los ciudadanos, se dedicó a lanzar quejas, denuncias mediáticas y provocaciones. A nivel nacional y en sus giras, se cuestiona severamente la postura de un dirigente que recurre a instancias internacionales para exigir intervenciones debido a la supuesta existencia de un "narcogobierno".
 

ESTA RETÓRICA CAE POR SU PROPIO PESO ante la memoria histórica de los ciudadanos, quienes recuerdan que los señalamientos más graves de pactos y colusiones con el crimen organizado florecieron precisamente bajo las administraciones del viejo régimen, tejiendo una red de complicidades desde los tiempos de Miguel de la Madrid y afianzándose durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. El dirigente causó revuelo al sugerir que su partido valora no registrar candidato en el Distrito VI federal bajo el argumento de que el oficialismo "se robará la elección". Esta postura ha sido leída por analistas locales no como un acto de resistencia, sino como el reconocimiento implícito de una inminente derrota y falta de perfiles competitivos.
 

DESDE EL GOBIERNO ESTATAL, LAS DECLARACIONES DE MORENO Cárdenas fueron desestimadas de inmediato. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, calificó sus dichos como mero "ruido mediático", señalando la falta de credibilidad del dirigente y afirmando tajantemente que el priismo se encuentra electoralmente desaparecido en Tabasco. Las promesas del líder nacional de que el PRI "recuperará la confianza" y ganará el estado de cara a los próximos años contrastan drásticamente con el desdén ciudadano y las encuestas en territorio, donde las siglas de su partido siguen asociadas a las peores crisis de corrupción del pasado.
 

LA RETÓRICA DE LA CONFRONTACIÓN SIN PROPUESTAS solo confirma que la actual cúpula del PRI carece de la solvencia moral para presentarse como una alternativa real. Intentar sembrar alarmismo y buscar el amparo del extranjero no borra el historial de saqueo e impunidad de las décadas pasadas, un pasado que la ciudadanía tabasqueña mantiene muy presente.
 

LAS DECLARACIONES EMITIDAS este domingo por el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas, en torno a la pifia del secretario ejecutivo del IEPCT, Jorge Alberto Zavala Frías, colocan bajo la lupa dos temas sensibles: la fragilidad institucional de los órganos electorales y la eterna línea que divide a la Iglesia del Estado en la vida pública mexicana. Al calificar la difusión de propaganda de Morena en las redes del funcionario como una acción donde "inclinarse a un partido rompe la imparcialidad", el jerarca católico externó una preocupación ciudadana real.
 

SIN EMBARGO, LA INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA en temas de estricta competencia legal y electoral vuelve a encender las alarmas sobre la intromisión del clero en asuntos políticos. El argumento del secretario ejecutivo del IEPCT, quien pretendió justificar la difusión de un video promocional de un aspirante a la alcaldía en su estado de WhatsApp como un "error involuntario" en su tiempo de descanso, es insostenible. Que el funcionario se niegue a renunciar aduciendo un simple descuido doméstico abona al clima de desconfianza. Incluso el gobernador Javier May Rodríguez señaló de forma contundente que "este tipo de errores no se deben de cometer" y exigió fincar responsabilidades dentro de la autonomía del instituto.
 

SI BIEN EL DIAGNÓSTICO DEL OBISPO sobre la pérdida de imparcialidad en el IEPC Tabasco es técnicamente correcto, su pronunciamiento público en su rueda de prensa dominical roza peligrosamente los límites del Estado laico. En México, la separación Iglesia-Estado no es un mero adorno histórico, sino un principio constitucional. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos, a los tribunales y a la contraloría interna del IEPCT revisar la normativa, sancionar o remover al funcionario.
 

AL SEÑALAR PÚBLICAMENTE QUE "SIN DUDA habrá legislación que pueda sancionar esas actitudes", la autoridad eclesiástica rompe su rol de guía espiritual para convertirse en un actor de presión política y deliberación jurídica. La Iglesia suele justificar estas intervenciones apelando a la "libertad de expresión" o a su deber de opinar sobre la moral pública. No obstante, cuando la fe se mezcla con el debate electoral y el funcionamiento de las instituciones civiles, se corre el riesgo de polarizar a la feligresía y vulnerar la equidad de los procesos institucionales.
 

EL DESCUIDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO es un hecho grave que debe ser castigado conforme a la ley electoral, pero la conducción de esa crisis le compete únicamente a las instituciones del Estado. Permitir que la Iglesia actúe como el faro moral que califica la validez de los funcionarios públicos debilita el carácter laico de nuestra democracia, un terreno donde las sotanas, por ley y por historia, deben mantenerse al margen.
 

DESDE EL TAPANCO
 

EL CONTUNDENTE DESLINDE DE LA CONCANACO Servytur sobre el activismo de directivos de la Canaco Villahermosa pone fin a un prolongado abuso de representación gremial. A través de un enérgico comunicado, la Confederación nacional dejó en claro que no participa, no interviene y se abstiene por ley de cualquier actividad político-electoral. Con esto, desenmascaró públicamente a personajes como Manuel Antonio Miranda Hernández y la expresidenta Susana Lorena León Sánchez, quienes durante meses utilizaron las siglas del comercio organizado no para defender a los empresarios locales, sino para operar como un auténtico brazo político.
 

LA DIRIGENCIA NACIONAL RECORDÓ que Miranda Hernández perdió de forma definitiva todos sus derechos ante la Concanaco desde noviembre de 2021, lo que reduce sus recientes posicionamientos y exigencias de "piso parejo" a meros desplantes a título personal que carecen de validez institucional. Bajo la gestión de León Sánchez y la influencia de Miranda, la Canaco Villahermosa fue rebajada a una plataforma de apoyo para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y los intereses de Evaristo Hernández Cruz. En lugar de generar estrategias frente a la inflación o la informalidad, la cámara se dedicó a "hacerle el caldo gordo" a un proyecto político repudiado por la ciudadanía.