Mudanzas

ESTE MARTES SE CUMPLEN 19 AÑOS de la tragedia que ahogó a media ciudad de Villahermosa en 2007. El desastre natural dejó más de un millón y medio de damnificados y pérdidas económicas incuantificables. Un reporte de la ONU de esa época calculó que fue de poco más de 30 mil millones de pesos.

Esa tragedia dejó marcas que ni el pasado del tiempo han podido borrar. Han transcurrido casi dos décadas y el Centro Histórico de la Ciudad aún no se repone del todo. Hay negociaciones que, después de irse al agua, no volvieron a abrir.

A partir de entonces la zona remodelada no ha recuperado el brillo de antaño. La baja actividad económica que registra el primer cuadro de la ciudad en la actualidad es reflejo también de ese desastre natural que golpeó con fuerza a los tabasqueños.

CAYÓ AGUA EN DEMASÍA Y ESO DESBORDÓ los ríos que buscaron salida por todos los resquicios posibles. En cuestión de horas el agua subió y cubrió cientos de casas y establecimientos comerciales.

En una emergencia de esa naturaleza, siempre hay una mano amiga tendida para ayudar. Así pasó con la inundación. La solidaridad nacional e internacional no se hizo esperar, llegó a raudales, mucha de la cual no llegó a los damnificados sino fue acaparada por manos mezquinas e inescrupulosas.

Gobiernos extranjeros, empresas nacionales y trasnacionales enviaron de todo: ropa, casas de campaña, calzado, cobijas que jamás llegaron a sus destinatarios, sino que fueron acaparadas para luego venderlas en las mismas oficinas públicas, según contaron trabajadores que denunciaron ese atraco.

SE MEDRÓ CON LA AYUDA HUMANITARIA y los responsables eran granieristas de pura cepa, como todo ese gobierno corroído por la corrupción y el saqueo. Hasta en las oficinas del DIF Tabasco tenían el descaro de vender en pagos tenis, calzado, ropa de marca donada para los damnificados. Ahí estaba Humberto Mayans, para que la historia no lo olvide.

El principal saqueador de Tabasco, Andrés Granier Melo, permitió y toleró ese agandalle. El gobierno federal les dio un recurso para la compra de reserva territorial para reubicar a quienes perdieron todo en la inundación.

Eso tampoco se olvida, sino que sigue ese recuerdo tan presente y hoy es una ocasión para restregárselo al químico que resultó ser el gobernador más corrupto de Tabasco y por lo que cayó preso, salió libre no porque haya sino inocente, sino por un acuerdo político que avaló Adán Augusto López Hernández.

CURIOSAMENTE, EL EXGOBERNADOR Y ACTUAL SENADOR fue el principal acusador del atraco que se hizo con la compra de una reserva territorial para reubicar a los damnificados de la inundación. Señaló con el dedo al entonces director del INVITAB, Ariel Cetina Bertruy de haber cometido un fraude con la adquisición de ese terreno.

En octubre de 2008, López Hernández y otros legisladores del PRD, presentaron una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Acusaron un presunto fraude en el manejo de 350 millones de pesos de fondos federales asignados a la compra de terrenos para reubicar damnificados.

SE ACUSÓ A CETINA BERTRUY POR LA COMPRA irregular de más de 160 hectáreas de terreno. De acuerdo con las denuncias, los predios fueron adquiridos originalmente por particulares en alrededor de 102 millones de pesos e inmediatamente revendidos al INVITAB, por más de 246 millones de pesos, duplicando artificialmente su valor con cargo al erario público.

Las vueltas que da la vida. Después de acusarlo de ladrón, Adán Augusto lo sumó a su administración cuando asumió la gubernatura en 2019. Lo nombró director de IFORTAB, pero como es un verdadero depredador del presupuesto, lo quitó de ahí.

Luego hizo que lo designaran rector de la UPCH con la encomienda de que con fondos públicos fuera una de las instituciones del estado que financiara su sueño guajiro de ser el sucesor de AMLO en la Presidencia de la República.

Pero como el que parte y reparte se queda con la mayor parte, no todo el dinero lo entregó para esos fines, sino que lo utilizó para su peculio. Lo quitaron y pusieron en su lugar otro ladrón. Como decía AMLO: son gusanos de la misma guayaba.

EL RECTOR GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO tiene mucho qué explicar en torno a las serias acusaciones que le han hecho en una investigación periodística. Eso de confabularse con un empresario a quien le congelaron sus cuentas por las sospechas de que anda metido en negocios sucios, es de preocuparse.

Resulta que ha comprometido el prestigio y la imagen de la UJAT al asociarse con el Grupo Zumaya, el responsable del proyecto de la construcción del Hospital Zumaya con todos los adelantos tecnológicos en materia de salud, que lo ubicarían como uno de los más importantes en el país.

La malo que las empresas que sostienen ese proyecto están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntos delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y contrabando de combustibles, huachicol, vinculados a redes de contratos con Pemex y presuntas empresas factureras. De hecho, la obra está detenida por falta de liquidez por el bloqueo financiero.

LA PRINCIPAL CABEZA DE ESOS CONSORCIOS es el empresario potosino, Gerardo Sánchez Zumaya, quien ya huyó del país a raíz de que le congelaron sus activos bancarios y los de su entorno familiar.

Narváez Osorio ha impulsado acuerdos para estrechar lazos entre la UJAT, a través de la División Académica Ciencias de la Salud y el corporativo médico. La versión oficial dice que el propósito es facilitar espacios de formación, prácticas profesionales, campos clínicos y el desarrollo académico de los estudiantes del área de ciencias de la salud.

En realidad, se trata de una lavada de cara para la mala imagen que toda esta investigación ministerial le ha provocado a Sánchez Zumaya, quien hasta hace no muy poco era uno de los vecinos del exclusivo Residencial Country.

EL CASO HA LLAMADO LA ATENCIÓN DE LA FGR y de la UIF porque hay sospechas fundadas de que el Grupo Zumaya influyó mucho para la designación Karla del Carmen Celorio Méndez como titular de la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS).

Esa presunción se fortalece con el hecho de que su mamá es la administradora general de Grupo Zumaya y su hermana la responsable de las relaciones públicas de ese conglomerado. En su boletín oficial de la UJAT se afirma que fue la Junta de Gobierno la que designó a Celorio Méndez, pero los hechos señalan que hubo una intromisión directa de un grupo privado en ese nombramiento.

Eso es lo que explicar el rector Narváez Osorio. No se trata de un asunto menor sino de un hecho muy delicado que pudiera acarrarle problemas legales serios, muy serios para la institución que encabeza y para él mismo.

EL RECTOR HABÍA QUERIDO QUE EL CONVENIO con Grupo Zumaya fuera firmado por la extitular de la DACS, Mirian Carolina Martínez López, antes de dejar el cargo para que fuera ella la que cargara con el peso de la culpa, pero por circunstancias ajenas eso no se pudo concretar.

Ahora veremos si la flamante directora, hija de la administradora de Grupo Zumaya, firma ese acuerdo que tiene el propósito de asociar el proyecto hospitalario con la máxima casa de estudios del estado para blindar socialmente la inversión frente al escrutinio de las autoridades federales. Es decir, un lavado de imagen.

DESDE EL TAPANCO

Algo se tendrá que hacer para limpiar de malos elementos a las policías municipales, pues se ha vuelto recurrente que tengan vínculos con la delincuencia organizada. Lo vimos recientemente con el director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, pero lo vimos también con el subdirector operativo de la corporación de Paraíso, Rubicel Chablé.

El director de Seguridad Pública municipal de Jalapa fue detenido en un operativo dominical reciente junto con cinco de sus colaboradores de la corporación local.

Eso es, sin duda, herencia del sexenio pasado, marcado por las relaciones de complicidad entre mandos y delincuentes que se tejieron al más alto nivel en la gestión del titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, a decir de las autoridades que le imputan una serie de delitos.