Los de abajo
Caiga quien caiga, el uniforme policial ya no compra impunidad
La línea que divide a la autoridad del crimen organizado en Tabasco finalmente se está trazando con firmeza. Durante años, el avance de la delincuencia se cobijó bajo la sombra de la simulación oficial y la complicidad interna.
Sin embargo, la estrategia implementada por la actual administración estatal ha comenzado a enviar un mensaje radicalmente distinto: en Tabasco no se tolera la infiltración criminal, y el uniforme ya no es sinónimo de inmunidad.
Las recientes y contundentes detenciones de mandos policiacos municipales son la prueba más clara de esta voluntad política. Las capturas de Cleofas Juárez Lara, director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, investigado por narcomenudeo, cohecho y amenazas, y de Miguel Luciano Vázquez, jefe policial de Jalapa, junto a varios de sus colaboradores en un operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, no son hechos fortuitos.
Representan un esfuerzo sistemático y coordinado por limpiar las instituciones desde sus cimientos. A estas acciones se suma la detención en la propia corporación estatal de Isabel “N”, acusada de extorsionar a sus subordinados. Estas intervenciones demuestran que el gobierno actual no maquilla las cifras ni solapa complicidades; por el contrario, actúa con determinación y sin distinciones partidistas o geográficas.
Este golpe de timón cobra mayor relevancia cuando se contrasta con la herencia maldita del sexenio pasado.
Los informes de inteligencia militar desclasificados revelaron una realidad aterradora: durante la administración anterior, la cúspide de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estaba presuntamente copada por Hernán Bermúdez Requena, alias el “Comandante H”, señalado como el auténtico líder del grupo criminal La Barredora.
Que la misma cabeza encargada de velar por la paz del estado operara como el principal facilitador del Cártel Jalisco Nueva Generación provocó un efecto de cascada corruptora que infectó de manera natural a los cuerpos municipales.
La complacencia de esos años convirtió a las comandancias locales en feudos logísticos de las bandas delictivas.
UNA LIMPIA A FONDO
Especialistas han planteado que, para romper con esa inercia del pasado, se requiere una depuración activa que ya está en marcha, pero que debe consolidarse.
Proponen una evolución definitiva de los exámenes de control de confianza. Estos filtros deben mantenerse bajo el escrutinio de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, asegurando auditorías patrimoniales continuas para garantizar que ningún elemento con ingresos inexplicables permanezca en activo.
El fortalecimiento de la inteligencia financiera en los municipios. Para blindar por completo a las corporaciones, es fundamental rastrear los flujos de dinero que intentan corromper las estructuras locales, cortando los incentivos económicos del crimen organizado antes de que logren infiltrarse.
Y la dignificación y profesionalización del policía de proximidad. Ofrecer salarios competitivos, equipamiento digno y certeza jurídica a los agentes de las demarcaciones es la mejor vacuna institucional para blindarlos ante las amenazas o sobornos de las células delictivas. Eso ya está ocurriendo en el estado. La policía de Tabasco ya no es la peor pagada, sino el octavo lugar con un salario que ronda casi 17 mil pesos mensuales.
La seguridad en Tabasco está entrando a una nueva etapa. Al capturar a quienes traicionaron la confianza pública, el gobierno estatal demuestra que la depuración no es una promesa discursiva, sino una práctica diaria. Limpiar las comandancias es el paso indispensable para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y asegurar que el estado no vuelva a quedar a merced de la infamia institucional.