Mudanzas

EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DEL agua que se distribuye en Tabasco es una situación añeja -más de 30 años-, donde la que la política pública se ha centrado en la cloración del agua como forma de “potabilizarla”, de ahí que en términos coloquiales se le ha denominado agua entubada y no agua potable. Esta situación de alguna manera es fomentada por la CONAGUA, que en sus programas de apoyo para los estados maneja la cloración del agua como el parámetro principal para el tratamiento de la misma que se envía a las casas. Es de mencionar que esta situación se vio agravada a finales del año 2012, cuando se dejó incluso de clorar el agua, es decir, aún en la administración granierista.

    A RAÍZ DE LA QUEJA PRESENTADA por una organización civil ante la CEDH en el año 2013, se evidenció un problema heredado del anterior gobierno que llevó la situación más allá, y que el agua que se envía a las casas contiene elementos que pueden ser perjudiciales a la salud de los tabasqueños. Esta situación fue ratificada por la CEDH en base a resultados de los análisis de agua realizados por el IPN, y ante ello emitió 26 recomendaciones en la que se señala que la calidad y su temporalidad deben ir más allá de la sola cloración.  Esta recomendación, de acatarse, representa la oportunidad de empezar. Evidentemente las acciones que se requieren no se pueden hacer en 15 días o un año. Es posible terminar con esta situación, y demostrar, por un lado, el respeto a los derechos humanos, y por el otro, la preocupación gubernamental para garantizar la salud de los tabasqueños.
    LA CEDH PERMITE 15 DÍAS PAR DAR cumplimiento a las recomendaciones, en caso de ser aceptadas; sin embargo, este tiempo puede ampliarse para implementar las acciones en miras de dar cumplimiento a las recomendaciones, lo que daría oportunidad de un cambio histórico trabajando en dichas acciones, que pueden ir realizándose y dar cumplimiento a mediano plazo. De ser así, Tabasco se catapultaría como uno de los primero estados en garantizar el derecho humano al agua potable. Ayer el secretario Juan Filigrana, y los responsables del Ayuntamiento de Centro y de CEAS, anunciaron la aceptación parcial de las recomendaciones. Aunque esta aceptación debe permitir aprovechar la oportunidad histórica para sanear ese problema añejo.
    A PESAR DE SER CALIFICADO COMO EL PEOR alcalde a nivel nacional, el presidente municipal de Centro, Beto Buche, dijo que se va muy contento (loco de contento con su cargamento) por el “trabajo” que realizó, para darle paso a la siguiente administración, a la cual por cierto, le dejará un adeudo por casi 200 millones de pesos por laudos laborales vencidos. Y es que el aún primer regidor de Centro no tuvo empacho en decir que se va dejando una deuda millonaria, y que ya será la próxima administración la que tenga que darle cauce para llegar a un acuerdo con los trabajadores quejosos.
DESDE EL TAPANCO
La advertencia de multas, sanciones y hasta la destitución del cargo, lanzó el ITAIP a los consejeros del IEPCT a manera de ultimátum para que de una vez por todas hagan públicas las percepciones salariales de los consejeros y la nómina del organismo. Por disposición de Ley, el cumplimiento no está sujeto a la voluntad de los servidores públicos, es decisión final del órgano garante, la entrega de la información y ante el incumplimiento proceden las sanciones como multa, amonestaciones y destituciones de los servidores públicos que dejen de observar el cumplimiento de las resoluciones de este órgano garante, indicó el comisionado José Antonio Bojórquez.