Impávido, el Ministro Presidente de la Corte, no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo que normalmente producen turbación, aunque los asesinatos de jueces desencadenan una emoción, habla de que el asesinato del Juez de Distrito Villegas Ortiz en Colima, fue un “crimen de Estado”, pero no acierta a implantar un sistema real y efectivo de protección personal y física de los jueces, y magistrados, que además controle su entorno y vínculos.
Decíamos que no es la primera ocasión en que asesinan a algún Juez. Y que sus asesinatos normalmente tienen que ver con las personas de las que el occiso atendió.
Así como el reciente asesinato del Juez Sexto de Distrito en Colima y su esposa, otro caso fue el del juez Quinto de distrito Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, con residencia jurisdiccional en Toluca, que fue asesinado el lunes 17 de octubre de 2017 mientras se ejercitaba en las calles e inmediaciones del Parque Árbol de la vida, de la colonia Llano Grande en Metepec, Estado de México.
Si bien es cierto que se acusó y detuvo a su esposa como autora intelectual del homicidio, el motivo que se le imputó fue cobrar el seguro de vida del Juez; la señora se refugió en León, Guanajuato, donde años después del crimen, fue detenida.
Pero por ese caso ya también habían sido sancionados administrativamente diversos funcionarios del juzgado Quinto donde laboraba el juez de Distrito Bermúdez Zacarías, entre ellos su antecesor, Jorge Arturo Porras Gutiérrez, por falta de colaboración en la investigación del caso, y se cesó a un chófer y a las actuarias Ana Lilia Coyote Colín y Mayumi Guadalupe Sánchez Torres (esposa del juez Porras Gutiérrez) por anomalías detectadas en el juzgado, y las cuales habían sido denunciadas en su momento por el fallecido juez Bermúdez Zacarías.
Se descubrió que el chofer de Porras Gutiérrez, así como dos actuarias de su distrito, visitaba a narcotraficantes en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, pese a que los casos no correspondían a su juzgado ni estaban bajo su jurisdicción.
Tras este hecho denunciado por el asesinado Bermúdez Zacarías, las dos mujeres y Porras Gutiérrez, fueron inhabilitados del servicio público durante un periodo de 20 años en octubre del 2017.
Sin embargo, Porras Gutiérrez, durante la administración del ministro Luis María Aguilar fue reinsertado en el PJF en abril de 2018. De hecho, en enero de 2018 fue nombrado magistrado de circuito.
Pero el Juez de Quinto de Distrito asesinado en Metepec, también tenía su historia. Había suspendido la extradición de El Chapo Guzmán Loera a EEUU. Es decir, buscó que el líder del Cártel de Sinaloa se quedara en el país. Había ordenado el arraigo de Abigael González Valencia (El Cuini) uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, también buscó beneficiar a El Cuini, dejándolo en el país, en el Penal del Altiplano. Había frenado la Orden de Aprehensión en contra de Naim Libien Kaui, Presidente del Diario UnomásUno por defraudación fiscal. Es decir, benefició a un defraudador fiscal. Y el caso del Z-40, Miguel Treviño Morales, también fue manosea por ese juez.
Pero fíjese bien, el antecesor en el Juzgado que ocupaba el asesinado Bermúdez Zacarías, fue sancionado por falta de colaboración en la investigación del caso.
Se llama: Jorge Arturo Porras Gutiérrez, quien, no obstante siguió en el Poder Judicial ahora en ascenso. Lo nombraron Magistrado de Circuito.
Hasta que, el 20 de septiembre de 2019, ya con la administración de López Obrador, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió no ratificar de su encargo a Jorge Arturo Porras Gutiérrez, magistrado de circuito en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, por “por acreditar deshonestidad en su actuar profesional”.
En diciembre de 2018, asesinaron a un juez de control, Abelardo Ibarra Torres, y una agente del MP fiscal Erika Dolores Granados Flores, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ambos estaban involucrados en el juicio (formaban parte del tribunal que lleva el caso) contra el esposo de la española María del Pilar Garrido Santamans, pero también en el caso del “Gafe”, líder del Cártel del Noreste. Asesinados en la calle Mariano G. Sela, entre República de México y República de Chile del Fraccionamiento Haciendas del Santuario, en Ciudad Victoria.
Y teniendo todos estos antecedentes, el Ministro Presidente no ha acertado a proponer un régimen de protección y seguridad física de sus jueces.ni a vigilar s relaciones con las partes de os juicios que atienden.
