¡MUY BIEN POR NÚÑEZ! LE PUSO EL CASCABEL AL GATO

La visita en plan heroico del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, me impulsó a retomar un tema con antelación planteado aquí. Pero la valentía y claridad de visión y miras de Núñez Jiménez sobre el tema de seguridad pública me asombro y alucinó.
    Se atrevió Núñez Jiménez a ponerle el cascabel al gato. Tomó la decisión, que considero sabia, de quitar del proceso de militarización que impulsa la Federación de las policías y del rubro de seguridad pública, en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. Por primera vez en muchos años, designó a un civil al frente de tan sensible dependencia. Y al lanzar el Programa Integral de Seguridad potencia la visión a creación de un Consejo de Seguridad que convertirá al ciudadano en un auditor de la estrategia de seguridad.
    El entramado lógico de tal decisión es impecable: si las policías son parte central en la investigación y persecución del delincuente y de los delitos, además partícipes centrales en la prevención del delito, en consecuencia quien debe estar a la cabeza de esa dependencia debe saber de procesos jurídicos, más si como ordena la Constitución, en la investigación del delito las policías han de estar y ponerse bajo el mando del Ministerio Público.  
    En la Teoría Constitucional están clara y nítidamente definidos los ámbitos de la seguridad nacional y de la seguridad pública. Sus fronteras y límites se encuentran teóricamente establecidos, y consecuentemente certeramente estatuidos en la norma fundamental de casi todos los países…, menos en México, donde la franja de entrelazamiento entre sus ámbitos es tan amplia que no permite distinguir una de otra.
    Básicamente porque la Constitución no define ni delimita a una ni a otra y entonces, o no hay parámetros para concluir por exclusión a ninguna de ellas o se define a ambas con un concepto tan difuso y chicloso que se confunden. Y en ese océano de confusión opera el Gobierno mexicano. Es decir sin una política de Estado sino solo con una práctica factual de gobierno.
    Esta banda chiclosa de indefinición constitucional de ambos rubros permite pensar que puede existir un ejército de paz (es decir, que el Ejército mexicano no exista para la defensa de la seguridad nacional), lo cual en esencia se colige como una contradicción puesto que solo un ejército o país extranjero puede poner en peligro la seguridad nacional y forzosamente -o quizá forzadamente- el ejército que le defienda será para la guerra.
    Lo anterior implicaría que el Ejército mexicano estuviese destinado no para la defensa de la seguridad nacional y la defensa de la integridad nacional a embates del exterior sino para la preservación de la paz interior nacional. Si la Secretaria que comanda al Ejército mexicano se denomina Secretaria de la Defensa Nacional, el Ejército mexicano no puede ser un ejército para la paz –independientemente de que nunca haya entrado en guerra-.
    Y aunque a lo largo de la Constitución se enuncian tales términos o vocablos, de ninguno de ellos se dan límites, fronteras o definiciones, resultando entonces que haya un embrollo de la terminología que se refleja en las decisiones.
    Por ejemplo, so pretexto en lo que se estatuye como facultades y obligaciones del Presidente de la República (Artículo 89), en sus fracciones VI y X, preservar la seguridad nacional, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, los Presidentes enfilaban al Ejército a realizar tareas de seguridad pública.
    En el Artículo 73, fracción XXIX-M se da facultad al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. Hay una Ley General del Sistema de Seguridad Pública ¿la hay sobre seguridad nacional?
    Las preguntas que subyacen en este tema y en el ámbito nacional, son: ¿Debe y es adecuado que el Ejército mexicano siga haciendo tareas de seguridad pública? ¿Ha sido adecuado y exitoso su uso para combatir a la delincuencia organizada? ¿Se ha logrado abatir la contaminación de las policías por los delincuentes, y substituirlas, con la presencia y uso del Ejército? ¿Se mantiene incólume el prestigio popular del Ejército mexicano luego de 2 décadas de sus tareas de seguridad pública?
    Por último y siendo precisos: ¿con este bagaje de herramientas legales, y de experiencias históricas, porque la Federación se ha negado a diseñar una estrategia adecuada de combate a la inseguridad pública y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana? Pues Núñez Jiménez ya le puso el cascabel al gato: el asunto de la seguridad pública es de ámbito civil y ciudadano; la militarización de las policías va en contra de la norma constitucional y ha sido una estrategia fallida; hay que retornarle el poder y la dignidad al ciudadano en la civilidad de la seguridad pública; hay que rediseñar el nuevo bagaje de recuperación de valores sociales sobre el tema. En otros términos: hay que democratizar la seguridad pública.