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Ciudad de México, 19 de octubre de 2024.- .- La llegada de Clara Brugada a la jefatura de la Ciudad de México, así como el ascenso a la titularidad del poder ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha sido noticia celebrada entre colectivas diversas, no sólo a nivel nacional, sino también regional.
Entre ellas, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México quien reconoce la trayectoria política de ambas mujeres y deposita la confianza en su poder transformador; pero esta observación no estaría completa sin señalar los detrimentos del sistema para que las mujeres gocen de sus derechos sociopolíticos y electorales.
Esto último, en el marco de los 71 años del reconocimiento del voto femenino a nivel nacional y como un recuerdo de que la defensa de los derechos nunca se ha frenado para las mujeres; así como las conquistas y resistencias por construir un padrón electoral paritario que se consolidó en las pasadas elecciones cuando las mujeres representaron el 51.9%, pero también, se abonó para limar las asimetrías y las violencias que cooptan un ejercicio libre; entre ellas, la Ley 3 de 3 y la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Poniendo la lupa en la capital mexicana, se encuentra que la paridad también es manifiesta, pues 8 de las 16 alcaldías ya son gobernadas por mujeres; Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
Si bien la paridad se ha convertido en una realidad en la Ciudad de México, a nivel federal, sólo ocuparán el cargo 13 gobernadoras de un total de 32 entidades. Asimismo, al mirar a lo local, se encuentra que en los últimos 100 años nuestro país ha tenido 61 mil alcaldes de los cuales solo 3 mil han sido mujeres; es decir, sólo el 5% de las personas que han ocupado un cargo titular de alcaldía corresponde a mujeres, según el Sistema Nacional de Información Municipal.
Asimismo, el Frente Nacional Feminista denunció que, aunque la celebración de paridad haya llegado a zonas urbanas y conurbada, esta realidad es centralista, pues las mujeres rurales y de comunidades indígenas continúan combatiendo la exclusión política y la toma de decisiones.
A propósito de este último apunte, hay que recordar que los Sistemas Normativos Internos, basados en usos y costumbres que fungen como autogobiernos, perpetúan la discriminación en muchas comunidades del país; esto infiere la no imposición, ni el intento colonialista de apuntar a que la costumbre está mal, sino más bien, se trata de un proceso de sensibilización que debe correr a cargo del Estado; las mujeres desean participar electoral y políticamente.
Sobre esto último, hay que recordar que en 2019 las mujeres de San Juan Capacuaro participaron por primera vez en una elección gracias a un sistema híbrido electoral impulsado por el INE.
El derecho a ser votadas es una conquista que todavía no puede ser celebrada en su totalidad hasta que todas las mujeres gocen de la libertad para elegir a sus representantes; sin costumbres de por medio, violencia, amedrentamiento, capacitismo, edadismo, ni exclusión.
Por otra parte, el derecho a ser votadas y gozar de una campaña política sin violencia también continúa siendo un obstáculo importante, recordando a los 37 candidatas y candidatos víctimas de homicidio durante el proceso electoral de este año.
Asimismo, los casos de mujeres que ya ocupaban un cargo político y fueron víctimas de esta violencia homicida, como Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán quien fue asesinada cerca de la plaza principal de su municipio y quien semanas antes, había sido localizada con vida tras ser víctima de secuestro.
Desde 2021, el Instituto Nacional Electoral ha documentado el número de agresiones políticas en razón de género y recientemente, lanzó el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS), un mecanismo que permite identificar a agresores y agresoras que han ejercido hostigamiento verbal, simbólico, psicológico, emocional o sexual.
De acuerdo con el RNPS, se han documentado 458 casos de violencia política en razón de género; 325 corresponden a hombres y 85 a mujeres.
La principal fuente de violencia política en razón de género proviene de la ciudadanía ocupando 2 de cada 10 denuncias, el resto de las agresiones se conforma con los siguientes actores:
Presidenta o presidente municipal (19.76%)
Regidora o regidor (13.66%)
Periodista (10%
Servidores públicos (4.39%)
Entre ellas, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México quien reconoce la trayectoria política de ambas mujeres y deposita la confianza en su poder transformador; pero esta observación no estaría completa sin señalar los detrimentos del sistema para que las mujeres gocen de sus derechos sociopolíticos y electorales.
Esto último, en el marco de los 71 años del reconocimiento del voto femenino a nivel nacional y como un recuerdo de que la defensa de los derechos nunca se ha frenado para las mujeres; así como las conquistas y resistencias por construir un padrón electoral paritario que se consolidó en las pasadas elecciones cuando las mujeres representaron el 51.9%, pero también, se abonó para limar las asimetrías y las violencias que cooptan un ejercicio libre; entre ellas, la Ley 3 de 3 y la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Poniendo la lupa en la capital mexicana, se encuentra que la paridad también es manifiesta, pues 8 de las 16 alcaldías ya son gobernadas por mujeres; Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
Si bien la paridad se ha convertido en una realidad en la Ciudad de México, a nivel federal, sólo ocuparán el cargo 13 gobernadoras de un total de 32 entidades. Asimismo, al mirar a lo local, se encuentra que en los últimos 100 años nuestro país ha tenido 61 mil alcaldes de los cuales solo 3 mil han sido mujeres; es decir, sólo el 5% de las personas que han ocupado un cargo titular de alcaldía corresponde a mujeres, según el Sistema Nacional de Información Municipal.
Asimismo, el Frente Nacional Feminista denunció que, aunque la celebración de paridad haya llegado a zonas urbanas y conurbada, esta realidad es centralista, pues las mujeres rurales y de comunidades indígenas continúan combatiendo la exclusión política y la toma de decisiones.
A propósito de este último apunte, hay que recordar que los Sistemas Normativos Internos, basados en usos y costumbres que fungen como autogobiernos, perpetúan la discriminación en muchas comunidades del país; esto infiere la no imposición, ni el intento colonialista de apuntar a que la costumbre está mal, sino más bien, se trata de un proceso de sensibilización que debe correr a cargo del Estado; las mujeres desean participar electoral y políticamente.
Sobre esto último, hay que recordar que en 2019 las mujeres de San Juan Capacuaro participaron por primera vez en una elección gracias a un sistema híbrido electoral impulsado por el INE.
El derecho a ser votadas es una conquista que todavía no puede ser celebrada en su totalidad hasta que todas las mujeres gocen de la libertad para elegir a sus representantes; sin costumbres de por medio, violencia, amedrentamiento, capacitismo, edadismo, ni exclusión.
Por otra parte, el derecho a ser votadas y gozar de una campaña política sin violencia también continúa siendo un obstáculo importante, recordando a los 37 candidatas y candidatos víctimas de homicidio durante el proceso electoral de este año.
Asimismo, los casos de mujeres que ya ocupaban un cargo político y fueron víctimas de esta violencia homicida, como Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán quien fue asesinada cerca de la plaza principal de su municipio y quien semanas antes, había sido localizada con vida tras ser víctima de secuestro.
Desde 2021, el Instituto Nacional Electoral ha documentado el número de agresiones políticas en razón de género y recientemente, lanzó el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS), un mecanismo que permite identificar a agresores y agresoras que han ejercido hostigamiento verbal, simbólico, psicológico, emocional o sexual.
De acuerdo con el RNPS, se han documentado 458 casos de violencia política en razón de género; 325 corresponden a hombres y 85 a mujeres.
La principal fuente de violencia política en razón de género proviene de la ciudadanía ocupando 2 de cada 10 denuncias, el resto de las agresiones se conforma con los siguientes actores:
Presidenta o presidente municipal (19.76%)
Regidora o regidor (13.66%)
Periodista (10%
Servidores públicos (4.39%)
