La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, contempla solicitar asilo político en España tras concluir su periodo al frente del máximo tribunal, el 1 de septiembre. Según el periodista Mario Maldonado, la jurista estaría gestionando los trámites en Santander, evitando Madrid, y también evaluaría una solicitud similar en Canadá para protegerse de posibles acciones legales o políticas.
El temor se relaciona con posibles investigaciones sobre el manejo de recursos en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, especialmente en torno a la actuación de María Fernanda Casanueva de Diego, secretaria ejecutiva de Administración del CJF y cercana colaboradora de Piña, de acuerdo con el mismo columnista.
En paralelo, la SCJN instaló un grupo de transición presidido por altos funcionarios, quienes tienen cinco días hábiles para preparar un informe sobre el estado institucional. El equipo incluye a Rafael Coello, Melesio Ramos, Gisela Morales, Natalia Reyes y Christian Cymet, y su trabajo coincide con el receso judicial, cuya segunda mitad inicia en julio y se extiende hasta agosto, cuando se suspenden sesiones.
Además, la Corte vivirá tensiones legales: Piña y un grupo de ministros podrían impugnar los nombramientos de Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho como integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que pondría en jaque la legitimidad de dichos nombramientos.
Por si fuera poco, la Corte también rechazó atraer el amparo de Grupo Salinas contra un crédito fiscal de 2?447 millones de pesos, derivado del ISR de 2009, y ordenó a Elektra pagar cerca de 2?000 millones por omisiones fiscales de 2010.
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