Plan B

Son cinco los puntos fundamentales para entender si el caso Ayotzinapa se podrá esclarecer algún día.
   Para explorarlos hace falta comprender los avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuya presencia y actividad fue aceptada por el gobierno mexicano.
   Estas mujeres y hombres con gran experiencia en casos de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y evaluación de riesgos en contextos dictatoriales, ha tenido avances que no podemos soslayar.
   Gracias a su claridad sabemos con precisión que la aciaga noche del 26 de septiembre pasado los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el evento de la presidenta del DIF, esposa del alcalde Abarca.
   Sabemos a ciencia cierta que las autoridades de Guerrero, la Policía Federal (PF) y los miembros del Batallón 27 del Ejército estaban plenamente informados de que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estaban boteando y tomando algunos autobuses.
   En ningún momento ninguna autoridad pensó que los estudiantes estuvieran armados o haciendo cosa distinta. Las y los miembros del GIEI han podido hablar con todas las familias y testigos conocidos del ataque.
    Es absolutamente indispensable esclarecer si el caso de los 43 es una estrategia de desaparición forzada como práctica formal ante grupos considerados potencialmente desestabilizadores, o una acción criminal de un pequeño grupo dentro del sistema político/militar.
   El primer punto, sin duda, será impedir la pulverización del caso, es decir las investigaciones se encuentran divididas en 13 causas penales en seis juzgados diferentes, y los detenidos están en tres prisiones distintas, lo cual resulta absolutamente inaceptable.
    No es la primera vez que en un caso penal la investigación surge desarticulada, fragmentada, esto se debe en gran medida a las malas prácticas burocráticas del sistema de justicia penal, ciertamente, pero también es resultado de decisiones políticas de gobernadores que operan sobre las procuradurías locales y de las decisiones de la PGR con la Secretaría de Gobernación (Segob), que al no hacerse plenamente responsable de un caso criminal, permiten que la fragmentación aletargue el procedimiento de la investigación, que a su vez permite la fuga de información y el robo hormiga de evidencias.
    La atracción del caso en un solo juzgado, sumando las causas y tomando en cuenta todos los delitos es indispensable y factible.
   Esto no debería depender de la voluntad política, sino de la efectividad de los órganos de administración e impartición de justicia, así como de la Segob. Negarse a la acumulación procesal significa que desean obstruir el esclarecimiento del caso.
    El segundo, sin duda, es que se acuerde con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el encuentro de miembros del GIEI con los soldados del Batallón 27 para hacer entrevistas directas y buscar cabos sueltos.
    Hasta ahora la Sedena se ha negado a cooperar en la investigación. ¿Por qué el Ejército niega esta posibilidad si sus soldados, cuyos nombres ya se conocen, no son responsables de limpieza social o desaparición forzada, o connivencia criminal?
   Ciertamente sólo el presidente Peña Nieto, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, puede exigir al Ejército que facilite este encuentro. ¿Por qué el presidente prefiere el desgaste que el caso le genera a su gobierno antes que la elucidación?
   El gobierno federal sabe que el GIEI no opera como un Ministerio Público; su labor fundamental es facilitar la efectividad de las investigaciones y transparentar los procedimientos como coadyuvante.
   Tres: México tiene en el espacio los satélites Solidaridad 1 y 2, Satmex 5 y 6, Quetzalt 1 y Satex1, gracias a ellos y a la red satelital con que operan en acción conjunta Estados Unidos y nuestro país, sumadas a la red federal de microondas operada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las redes satelitales concesionadas por nuestro gobierno a empresas privadas y la UNAM, tenemos la posibilidad de obtener fotografías satelitales segundo a segundo del basurero de Cocula y los otros nueve escenarios del crimen, lo cual resulta vital para la investigación.
    Segob y PGR se niegan a pedir formalmente estas fotografías indispensables para el esclarecimiento del caso y su integración en el expediente.
    Cuatro: el GIEI no ha podido entrevistar a todos los agentes de la PF y de la Policía Ministerial que, según los testimonios, estuvieron presentes en las escenas del crimen el día 26 de septiembre. Sus testimonios son indispensables y negarlos resulta por demás sospechoso. ¿Prefieren desgastar a toda una corporación que investigar a unos cuantos?
    Quinto: Resulta ridículo que un juez haya declarado que es mejor acusar a los sospechosos por el delito de secuestro, por tener penas más graves que la tortura y el homicidio.
    La justicia no debe responder al gusto del consumidor, sino a los hechos constitutivos del delito; en este caso se deben investigar los siguientes crímenes: desaparición forzada, tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, uso inadecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.
    Más allá de la imaginación, de los chismes y las sospechas de todo tipo, lo que el GIEI exige es que se haga un análisis del contexto real y del modus operandi de los perpetradores para llevar a cabo la estrategia de búsqueda formal.    Hasta no tener certezas, los 43 jóvenes deben ser buscados por cielo, mar y tierra. Porque un crimen que se da por sentado sin evidencia es fácilmente reiterado.
    A todos, al gobierno y a la sociedad, nos conviene esclarecer este caso, debemos tener evidencia absoluta de que el gobierno federal no lleva a cabo prácticas dictatoriales de desaparición forzada, porque de ser así, hemos de hacer todo lo posible para impedir que México caiga en el despeñadero de la limpieza social como práctica política.
Twitter: @lydiacachosi
    *Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
Cristal de Roca
-- Una nueva página

Por Cecilia Lavalle*

No. No son puntos suspensivos. No es, tampoco, un punto y seguido. Vamos, ni siquiera es un punto y aparte. En este momento, en materia de derechos políticos de las mujeres ¡se está escribiendo otra página!
    Muchas personas siguen pensando que en este tema seguimos poniendo puntos suspensivos. ¡Y nada más alejado de la realidad!
    Tras muchos años de acciones, protestas y demandas, conseguimos el reconocimiento legal a nuestro derecho a votar en 1953. Una nueva página se abría en nuestra historia. ¡Por fin las mujeres fuimos consideradas ciudadanas! Podíamos votar, pero ser votadas…
    Así, los puntos suspensivos hicieron su aparición en nuestra historia, porque las mujeres eran postuladas de una en una y a duras penas.
    Fue hasta 1996 que legisladoras, en alianza con feministas y mujeres de otros movimientos, consiguieron la primera ley de cuotas de género.
    Esta ley fue reformada en 2002 y en 2008, siempre con la pretensión de garantizar que los partidos políticos postularan mujeres, primero en 30 y luego en 40 por ciento de sus candidaturas propietarias.
    Toda esta etapa, me parece, significó escribir esta historia con puntos y seguidos que a menudo sabían a puntos suspensivos. Porque los partidos políticos encontraron una y otra vez la manera de no cumplir la ley o de escabullirse o de colocar el obstáculo infranqueable o de simular cumplir.
    De manera que la presencia de mujeres avanzaba en un proceso electoral y retrocedía en el otro. Puntos suspensivos, le digo.
    Pero en 2009, tras el fraude a la ley que cometieron los partidos al postular mujeres que, una vez electas, solicitaron licencia para dejar el cargo a sus suplentes, hombres en todos los casos, el punto y aparte estaba por escribirse.
    Mujeres de casi todo el país, que en distintos espacios estábamos construyendo igualdad, nos organizamos en la Red Mujeres en Plural. Un movimiento que contribuyó a la apertura de una nueva página.
    Resulta que en el proceso electoral de 2012, varias mujeres, con una estrategia diseñada por integrantes de Mujeres en Plural, interpusieron un juicio que dio lugar a la histórica sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
    Y el muro de la exclusión comenzó a ser derribado. Porque la sentencia le quitó a los partidos la posibilidad de seguir excusándose para cumplir la ley de cuotas.
    En este punto abrimos la nueva página en la que, de 2014 a la fecha, se ha escrito de manera vertiginosa.
    Se normó la paridad en nuestra Constitución. En las leyes secundarias se estableció que debe postularse en paridad para las cámaras federales y para los congresos estatales; fórmulas del mismo sexo, alternancia en las listas de representación proporcional, entre otras.
    Y luego, movimientos organizados de mujeres en varios estados, Mujeres en Plural y hombres demócratas permitieron que diversos juicios dieran como resultado tres jurisprudencias que garantizan que los partidos deben postular en paridad vertical y horizontal en sus candidaturas a los ayuntamientos, y garantizan la posibilidad de que cualquier mujer demande si algún partido incumple la ley.
    Por si fuera poco, se reformó la Constitución para garantizar que los Usos y Costumbres, mediante los cuales se eligen autoridades en muchos municipios, no estén por encima de la paridad.
    Entonces, en este proceso electoral y en el que viene, cabe esperar que entren más mujeres que nunca a los cargos de elección popular.
    Así que, bajo ninguna óptica estamos en puntos suspensivos ni en punto y seguido ni en punto y aparte en la historia por la plena garantía, goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
    Estamos, sin lugar a dudas, escribiendo una nueva y luminosa página.
    Y es vital que la miremos y la apreciemos, porque necesitamos energías renovadas para enfrentar los nuevos retos y los crecientes obstáculos sostenidos, eso sí, por las mismas viejas resistencias del siglo XVIII.
    Miremos bien la nueva página. Y tomemos con firmeza y alegría la pluma para escribir en ella.
    ¡Por fin estamos paradas en el horizonte que imaginaron las mujeres que legislaron las cuotas de género! Y, ¡por fin!, podemos abrir horizonte para las generaciones por venir.

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*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.