¿POLÍTICA CRIMINOLÓGICA?

Pese a que la investigación científica ha evolucionado enormemente y hoy permite identificar problemas, estudiarlos y ofrecer soluciones, en lo referente a la seguridad pública, el derecho penal se muestra estancado; las políticas y las leyes aplicables al ámbito no han dado solución al reclamo de la sociedad. Como reacción diversos grupos sociales organizan manifestaciones públicas permanentemente, al ser testigos y víctimas de persecuciones, secuestros, ajustes de cuentas (asesinatos); otros promueven el que la ciudadanía y la población se arme por sí y se defienda; en tanto, el gobierno federal hace uso de la milicia, entre otras estrategias, en un intento desesperado por controlar el crimen.

    En cada periodo de sesiones legislativas se aumenten las penas a fin de “intimidar” a los delincuentes; por ejemplo, hace 12 años se aumentó la penalidad hasta 20 años a quien viera y/o vendiera pornografía infantil, también a los golpeadores de mujeres, a los homicidas hasta la cárcel perpetua; se habló de pena de muerte para algunos delitos, no obstante, los altos índices de delincuencia continúan. Conclusión: la disminución de la criminalidad –de ocurrir– no se deberá a una mayor penalidad.
    Hace más de 15 años afirmé que el Derecho penal en México –hoy lo extiendo a todo el mundo- está en crisis. El derecho penal en nuestro país no da la impresión de estar funcionando como debiera, las legislaciones contra la criminalidad no parecen estar dando resultados (la criminalidad no disminuye, y la virulencia de las reacciones del crimen organizado va en aumento), por lo que inferimos que se encuentra en crisis; el claro reflejo de esto es el alto índice de delitos que se comenten actualmente.
    Al respecto, la CNDH aseguró que los delitos se elevaron “de manera exponencial”, denunció y lamentó ante la ONU el fracaso de las estrategias creadas por el gobierno mexicano en los últimos 10 años en materia de seguridad pública, debido a: la falta de continuidad en los planes y programas, la improvisación, la corrupción y la impunidad.
    El conocimiento científico, resumido en la criminología y la criminalística, debe dar sustento a las políticas públicas en materia criminológica, al tiempo que brinde elementos para revisar y enriquecer el derecho penal en nuestro país y solvente la urgente necesidad de mejorar la procuración y administración de la justicia.
    Indebidamente los términos criminología y criminalística son confundidos y se consideren sinónimos; no lo son. Cada palabra tiene un significado propio. La criminología fue descrita por el médico italiano Benigno Di Tullio como “la ciencia generosa (...), mediante la cual se hace posible combatir más eficazmente la causa de los más graves y más frecuentes actos antisociales y criminales, y buscar los medios aptos para desarrollar en cada hombre una más profunda y más activa bondad, que constituye la premisa esencial de todo verdadero mejoramiento de la persona humana y; por ello, de la misma humanidad”. Requiere los conocimientos de sociología, estadística, biología, antropología, psicología, psiquiatría y derecho penal, entre otros, para buscar el porqué del hecho criminal; es decir, las causas sociales, biológicas y psicológicas de la conducta criminal. 
    El derecho penal es la parte del derecho general abocada a especificar qué conductas afectan a la sociedad al grado de pasar a la categoría de delitos; la sociología por su parte, analiza esas conductas, mientras la psicología identifica las alteraciones en el comportamiento y sus motivaciones.1
    La criminalística, por su parte, “es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlos, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo”. 
    Se auxilia de técnicas como la balística, grafoscopía, química, medicina, ingeniería, contabilidad, dactiloscopia, etc., que construyen y reconstruyen el hecho delictuoso para determinar cómo, con qué y quién lo hizo. (Rafael Moreno).
    Para mejor distinguirles vayamos a lo distinto que significan las que vendrían a sus sufijos: logía e ística.
    En lo que coinciden ambas disciplinas es en el estudio de: el crimen, el criminal y la criminalidad; así mismo, son la conjunción de una diversidad de ciencias, técnicas o disciplinas auxiliares necesarias para llevar a cabo el análisis del fenómeno en cuestión; a partir de los resultados que ambas disciplinas determinen, se lleva a cabo la administración de justicia y el tratamiento penitenciario así como la política criminológica. 
    Los conocimientos generados por estas disciplinas coadyuvan al desarrollo del derecho penal.
Expertos señalan que la disminución de la criminalidad se logrará: con una adecuada política criminológica, el rediseño de las formas de prevención y la manera de llevar a cabo la readaptación social. 
    El diagnóstico y la receta están bien perfilados. Las preguntas son: 
    ¿Tiene el gobierno federal una política criminológica?  ¿Es la política criminológica del gobierno federal –si es que la tiene- la adecuada? A la luz de los resultados la respuesta a esta última pregunta es no.