A UNA POLÍTICA CRIMINOLÓGICA VÍA LA EDUCACIÓN

Hace siglo y medio el naturalista Charles Darwin escribió: “inculca una enseñanza a la edad en la que el cerebro es más sensible y con el tiempo crearás un hábito”. La inhibición y prevención de conductas antisociales puede partir de la preparación que se imparta en las escuelas, reforzada en la familia, pues es la primera y más fuerte instrucción y formación de hábitos que los seres humanos desarrollamos (la familia moldea nuestra personalidad, nuestras costumbres y, de cierto modo, nuestro futuro).             La posible solución al fenómeno delincuencial radica en una adecuada educación desde los primeros años.
Es importante señalar que una política criminológica útil debe prever comenzar en la familia y en la escuela, transpolarse en la sociedad (verbi gracia, en un régimen educativo en el cual se inculquen valores, se enseñe nociones de derecho, el respeto a la vida, a los bienes y la salud de los demás, no sólo enseñar a leer y escribir), no simplemente en perseguir al delincuente y castigar el delito. Obviamente no es nada más eso.
    En opinión del médico francés Laccassagne, la sociedad tiene los criminales que merece; o sea: retomando el concepto de anomia del fundador de la sociología moderna Emile Durkheim, la sociedad orilla a las personas a adoptar cierto tipo de conductas cuando encuentran determinadas carencias en su entorno. El Estado, al tomar la tutela de la sociedad, debe proporcionar a todas las personas los medios que les permita alcanzar un adecuado desarrollo físico, mental y social (al ser el cuidador, debe procurar su evolución y buen desarrollo con todo tipo de programas que generen adelanto social).
    Entonces, el Estado ha de cambiar su visión coja, miope y tuerta del asunto delincuencial.
     Los expertos señalan que la disminución de la criminalidad se logrará: con una adecuada política criminológica, con el rediseño de las formas de prevención y la manera de llevar a cabo la readaptación social. Desde el concepto puro de política: “análisis de las circunstancias de una situación en sociedad”, hay que hacer posible aplicar recursos o remediar hechos.
    Súmese el concepto criminología (que hace referencia al estudio de las causas y factores criminógenos y la aplicación de soluciones con base en la identificación de éstos). Definamos una política criminológica más próxima a la solución del problema que la que ha puesto en marcha el gobierno federal. Según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad (ICESI): “Una política criminológica es aquella que se refiere a la política de Estado cuyo objetivo es combatir la criminalidad. La finalidad de la política criminológica formulada es reducir la delincuencia a un nivel tal que los miembros de nuestra sociedad puedan ejercer y disfrutar sus derechos fundamentales, sin peligro considerable para su integridad física o sus bienes”.
    Es necesario, entonces, estudiar la realidad por medio de las ciencias políticas y la intervención de la criminología a través de los factores causales. Cuando la criminalidad ya se ha desarrollado, es necesario hacer un adecuado estudio de la personalidad del criminal, realizar la descomposición analítica para, posteriormente, dar lugar a la recomposición sintética; como alguna vez señaló el filósofo argentino, Mario Bunge, hay que dividir el fenómeno en partes, estudiar cada una de ellas y luego hacer la reconstrucción. El delincuente muestra una personalidad que ha sido fragmentada, por lo que es necesario el estudio interdisciplinario, hecho por diversas ciencias, para conocer la génesis de factores causales de la criminalidad y la dinámica de éstos.
    Dicho análisis deberá ser tan exhaustivo que permita reconstruir el comportamiento en los casos que sea posible, pues no se puede negar que hay personalidades irreparables. Debemos decantarnos en la disyuntiva: prevención versus castigo.             Partiendo del análisis económico, o financiero, resulta más adecuada la prevención que el castigo.
    Por ejemplificar: un reo diariamente cuesta entre 180 y 550 pesos, cantidad que durante los 30, 40 o 60 años que permanezca encerrado, se convierte en millones y la sociedad es la encargada de sustentarlo con sus impuestos.
    Es urgente contar con una legislación de seguridad pública diseñada a partir de estudios reales, en particular, los relativos a las causas de la criminalidad y, en general, de la situación en nuestro país.
    Seguir como hasta ahora es continuar perdiendo el tiempo y tirando a un barril sin fondo el presupuesto del Estado.