Postal de Cronos

Es legítimo que los ciudadanos anulen su voto para reprobar la actuación de la partidocracia que hoy nos gobierna. La clase política es sorda a nuestros reclamos y sólo así voltearían a ver realmente a sus electores. Los electores son solo un mecanismo o un medio por el cual esta clase que no ha hecho más que ascender al poder y desde allá arriba, desde la pirámide no voltear hacia esa otra clase que conforma otro país. Es decir, en un Estado como el mexicano la clase política ha construido para si, y su abandono hacia los ciudadanos es una entidad aparte, funcional solamente cuando es necesaria: los tiempos electorales.
    Es triste ver cómo se arrastra a la gente, cómo se le acarrea como borregos en un país que es supuestamente republicano y democrático, donde los simpatizantes de tal o cual partido político, de tal o cual candidato, son embaucados por este sistema que está dando muestras de una clara descomposición social: las crisis económicas y de seguridad pública son sólo una muestra de ello.
    La ciudadanía no tiene la certeza de que su voto realmente tenga un valor democratizador si las autoridades electorales se convierten en cómplices de la partidocracia que avasalla a través del poder económico la decisión de los electores: como prueba de ello tenemos los abusos y desacatos en que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)  ha incurrido de manera anticipada a las campañas políticas que llegaron a su fin el pasado miércoles en nuestro país. O también la forma tan arbitraria como el PRI usa el poder para llevarse el petróleo o regatear recursos a Tabasco.  Es decir, los ciudadanos no tenemos una autoridad que nos ampare del olvido en que, después de haber llegado al poder, los “elegidos” nos mantienen.
    Anular nuestro voto es un mecanismo para hacerle saber a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con los métodos de elección pues al paso de los años este sistema sigue dando los mismos resultados a pesar de las reformas implementadas; es decir, que los ciudadanos percibimos como una mera simulación un proceso en el que se eligen a través de disposiciones regulatorias cada vez más oscuras y menos simples que se prestan para una interpretación ambigua a favor de quien impongan los poderes fácticos de nuestro país.
    Tal vez la anulación del voto se convierta en la voz de los ciudadanos inconformes a los cuales sólo se les toma en cuenta en las contiendas electorales y quienes encabezan este tipo de instituciones; si el voto es una obligación se puede votar a favor de nadie; igual sucede si ejercemos el derecho de anularlo cuando los candidatos no reúnen el perfil necesario para ser electos en cualquier puesto público.
    Tal vez no haya leyes suficientes que obliguen a los candidatos a ser transparentes con los ciudadanos; no obstante sí hay una ética con la que tienen que cumplir aunque en la práctica nuestro país resulta ser uno de los menos equitativos en cuestiones electorales.
    Al transcurrir los últimos doce años, los árbitros electorales se han sumido en una profunda crisis de credibilidad, se han enfrascado en hacer legal las acciones ilegítimas de aquellos que detentan el poder; las leyes que se han impulsado en materia electoral se tornan más ambiguas aunada a la actuación poco ética de quienes han estado al frente de dichos organismos.
    Es por ello que la anulación del voto se está transformando en un movimiento de protesta contra un sistema electoral que cada vez es más cuestionado y que legitima la nula efectividad de una clase política que se enfrasca en la lucha por los cotos del poder sin importarle los métodos por los cuales se valgan para apropiarse de él. Pero también existe el derecho a elegir y votar efectivamente por algún candidato o partido.
    Al ejercer ese mínimo derecho al que acudimos cada tres o seis años, por lo menos lo tenemos que hacer de manera consciente. Tener muy claro por qué y por quién votamos. No hay que vender el voto porque es otra forma de anularlo pero en nuestro perjuicio.