POSTAL DE CRONOS

Nos preguntamos si los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) tienen realmente la capacidad necesaria para poder emitir fallos como el que decidió anular los resultados de las elecciones del pasado 7 de junio en las cuales el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa resultó triunfador. Ante la ratificación del triunfo de Gaudiano Rovirosa a través de la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Xalapa, Veracruz, la magistrada presidenta del TET, Yolidabey Alvarado de la Cruz no hace más que hacer de tripas corazón y aceptar visceralmente los argumentos que derivados de las pruebas presentadas por el PRD hayan ratificado a Gerardo Gaudiano como alcalde electo del municipio de Centro.

    Sin embargo, esto no sólo es un escándalo mediático que disminuye la credibilidad de los representantes del TET, sino que daña la imagen de una institución que funge como árbitro en un proceso que decide el futuro de una entidad y por ende todo cuanto tenga que ver con los avances en el sistema democrática de nuestro estado. Y además se originan suspicacias de que las decisiones que en adelante se tomen en cualquier sentido hacia los resolutivos en asuntos electorales sean cuestionables y rebatibles por los tribunales de la Federación. Esto es, no tenemos en Tabasco un tribunal electoral que garantice el respeto de voto ciudadano.
    Entendemos que lo las contrariedades en cuanto a las decisiones entre estos dos árbitros electorales, el TET y el TEPJF,  no hacen más que dejar a la luz pública la preferencia política de los magistrados locales al no juzgar correctamente las pruebas necesarias a como lo demandan los estatutos jurídicos y constitucionales; es decir, pareciera que la gran caldera política que bulle en Tabasco haya influido en la decisión de anular el triunfo de Gaudiano Rovirosa y no el verdadero análisis y el desahogo de las pruebas a favor y en contra de dichas elecciones.
    La actuación de los magistrados en estas elecciones no está tan lejos de semejarse a la falta de experiencia y oficio de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco  (IEPCT) encabezado por Maday Merino. Cuando menos esa es la percepción que nos dejan quienes integran estas dos instituciones electorales en esta entidad. Se cuestionan el compromiso, la ética, así como la profesionalización de estos funcionarios que no hacen más que ocupar las primeras planas de los diarios locales no por sus aciertos sino por los errores en que han incurrido últimamente.
    El resolutivo del TEPJF en la ratificación de Gerardo Gaudiano y la anulación de tres diputaciones deja mal parados a los magistrados del TET, donde la magistrada presidente Yolidabey Alvarado no puede hacer más que acatar los criterios con que la Sala Regional de Xalapa evidencia la falta de capacidad de análisis en los procesos de impugnación electoral. ¿Cuál es el nivel de credibilidad que los tabasqueños tienen hacia los magistrados del TET  para fungir como árbitros en las elecciones del 2018? ¿Habrá que reemplazarlos por personas realmente confiables y que demuestren su imparcialidad ante las presiones partidistas? Habría que poner sobre la mesa de debates la actuación de los magistrados y consejeros de las dos instituciones electorales y hacer los ajustes necesarios que evalúen con objetividad las características, actitudes y aptitudes de quienes aspiren a ocupar estas posiciones claves que tienen que garantizar que las decisiones de los ciudadanos sean respetadas y defendidas cuando hayan irregularidades comprobables que dañen el rumbo democrático en los próximos comicios en el estado de Tabasco.