Prisión preventiva para Ruffo y siete acusados por huachicol ferroviario

El caso de huachicol ferroviario dio un giro este 19 de julio de 2026: una jueza federal dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel y otros siete acusados por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando. La resolución se conoció tras casi 40 horas de audiencia por videoconferencia, pero el proceso aún no termina.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega impuso medidas cautelares distintas según la situación de cada imputado. El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó casi un centenar de datos de prueba y formuló imputación por ambos delitos. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica de los señalados.

Para la ciudadanía, el caso importa por dos razones: involucra una presunta red de importación, distribución y comercialización irregular de combustibles, y la Fiscalía sostiene que ese esquema habría causado un daño fiscal millonario. También coloca bajo proceso penal a un ex gobernador, un hecho de alto impacto político y judicial.

• Cinco imputados deberán cumplir la prisión preventiva en el Cefereso del Altiplano, en el Estado de México.
• José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud.
• Adriana Magali Bárcenas Guillen quedará interna en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.

Según la Fiscalía General de la República, la investigación apunta a operaciones irregulares para introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. La autoridad señaló que esa maniobra permite reportar menos volumen del realmente transportado o declarar otra mercancía para evadir impuestos.

La FGR señaló que las operaciones atribuidas al grupo vinculado con la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, habrían provocado entre enero y julio de 2025 un daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos por incumplimientos fiscales. Ese monto forma parte de la investigación y no equivale todavía a una sentencia.

Qué sigue en el proceso penal

La FGR estima en 4 mil millones de pesos el daño al erario entre enero y julio de 2025.

La prisión preventiva no define culpabilidad. Lo inmediato es que, tras la solicitud de la defensa para ampliar el plazo constitucional, la autoridad judicial deberá resolver si los imputados son o no vinculados a proceso. Esa decisión marcará si la causa penal avanza a una etapa formal de investigación judicializada.

Durante la mañana del domingo, Ruffo Appel y otros acusados fueron trasladados desde instalaciones de la FEMDO bajo un operativo de seguridad. El despliegue incluyó vehículos blindados y unidades de corporaciones federales. La autoridad no informó en este reporte la fecha exacta en que se reanudará la audiencia para definir su situación jurídica.

El tamaño del caso que investiga la FGR

El expediente se inserta en una línea de investigación sobre contrabando de hidrocarburos, una práctica que, según la Fiscalía, no solo reduce la recaudación fiscal, sino que también puede financiar a grupos criminales. En este caso, el señalamiento se centra en importación y comercialización irregular de derivados del petróleo por vía ferroviaria, un sector sensible por el volumen de carga que moviliza y por su impacto en cadenas logísticas y recaudación pública.

#TomaNota

• 19 de julio de 2026: una jueza dictó prisión preventiva tras casi 40 horas de audiencia.
• La Fiscalía presentó casi un centenar de datos de prueba por delincuencia organizada y contrabando.
• La FGR estimó en 4 mil millones de pesos el daño al erario entre enero y julio de 2025.
• Cinco imputados fueron enviados al Altiplano; dos seguirán el proceso en casa por salud y una mujer en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.