Sustanciosa conversación con los dirigentes de la Cámara de Comercio sobre la situación política del país. Escogí la primera pregunta que me lanzaron para estructurar la plática: ¿Por qué en México no hubo un pacto de la Moncloa? Lo que me permitió explicar qué es una transición democrática y las razones por las que se frustró entre nosotros.
El paso de un régimen autoritario a otro de carácter abierto y competitivo exige acuerdos básicos en el orden institucional y programático. El pacto histórico de una generación del que emerge una nueva organización constitucional. Primero las reglas para acceder al poder público y luego los objetivos y formas de su ejercicio, así como los métodos para su fortalecimiento.
Es falso que no haya existido una hoja de ruta. Tras de la defraudación electoral de 1988 las izquierdas plantearon en el Programa de la Revolución Democrática los lineamientos de una nueva constitucionalidad y los objetivos expresos de la transformación requerida, sobre los ejes de la democratización del poder, la equidad social y el rescate de la soberanía. El proyecto no fue compartido y apenas logramos las reformas electorales que instauraron el pluralismo.
A partir de ahí se volvía indispensable modificar cuando menos la forma de gobierno de la República, a efecto de no verse en la tesitura de sacrificar la pluralidad o la gobernanza. Esta necesidad quedó de manifiesto desde 1997, cuando el gobierno perdió la mayoría en la Cámara y hubimos de acudir a pactos precarios para poder legislar y aprobar presupuestos.
El contubernio de Fobaproa reflejó la coincidencia ideológica de base entre el PRI y el PAN y cimentó la supremacía de los poderes fácticos sobre las instituciones públicas. Para evitar que los acuerdos de recámara suplantaran a las coaliciones democráticas, propusimos en la coyuntura de la alternancia (2000) la parlamentarización del sistema mexicano.
Los estragos causados por la imposición de un candidato socialmente minoritario en la Presidencia de la República, así como la polarización entre visiones encontradas de país -apenas disimulada por el tripartidismo- nos han colocado en el peor de los mundos: un gobierno enano, un Estado débil y una nación secuestrada. Es urgente emprender un nuevo ciclo de reformas políticas relevantes que otorguen estabilidad, fortaleza y sustento democrático al ejercicio del poder.
A resultas de un debate televisivo sobre estos temas, un grupo de académicos y actores políticos decidimos formular una serie de preguntas a personajes que han sido señalados como posibles contendientes a la presidencia de la República. Ellas versan sobre reformas al régimen político que aumentarían la responsabilidad del Gobierno frente al congreso, favorecerían las coaliciones, establecerían pactos legislativos y devolverían respetabilidad a la jefatura del Estado.
Sostenemos que coexisten al menos tres corrientes de pensamiento en esta dirección: la de quienes proponen mantener el régimen presidencial pero con un gobierno de gabinete; quienes sugieren un sistema semipresidencial, separando Jefe de Estado y de gobierno y quienes se pronuncian francamente por un sistema parlamentario.
Descartamos desde luego la hipótesis, predominante hasta la fecha, de que no se requiere reforma alguna ya que se trata de una cuestión de personas y no de estructuras jurídicas. También rechazamos las propuestas que conducirían a la formación de mayorías artificiales, sea mediante “cláusulas de gobernabilidad” desproporcionadas o a través del desfase de la elección legislativa hasta después de una segunda vuelta en la presidencial.
El debate es oportuno y podría concretarse en reformas de gran calado si los dirigentes políticos encuestados se pronunciaran favorablemente en las preguntas clave y de ese modo se generase un consenso que influiría poderosamente en el trabajo legislativo. Así podría procederse ulteriormente en otras cuestiones cruciales de la agenda nacional, como la democratización de la radio y la televisión y las estrategias de seguridad pública.
En tiempos de profunda crisis es menester disipar confusiones y enriquecer el contenido de las propuestas políticas. Evitar en lo posible los embates de la injuria y de la violencia.
El paso de un régimen autoritario a otro de carácter abierto y competitivo exige acuerdos básicos en el orden institucional y programático. El pacto histórico de una generación del que emerge una nueva organización constitucional. Primero las reglas para acceder al poder público y luego los objetivos y formas de su ejercicio, así como los métodos para su fortalecimiento.
Es falso que no haya existido una hoja de ruta. Tras de la defraudación electoral de 1988 las izquierdas plantearon en el Programa de la Revolución Democrática los lineamientos de una nueva constitucionalidad y los objetivos expresos de la transformación requerida, sobre los ejes de la democratización del poder, la equidad social y el rescate de la soberanía. El proyecto no fue compartido y apenas logramos las reformas electorales que instauraron el pluralismo.
A partir de ahí se volvía indispensable modificar cuando menos la forma de gobierno de la República, a efecto de no verse en la tesitura de sacrificar la pluralidad o la gobernanza. Esta necesidad quedó de manifiesto desde 1997, cuando el gobierno perdió la mayoría en la Cámara y hubimos de acudir a pactos precarios para poder legislar y aprobar presupuestos.
El contubernio de Fobaproa reflejó la coincidencia ideológica de base entre el PRI y el PAN y cimentó la supremacía de los poderes fácticos sobre las instituciones públicas. Para evitar que los acuerdos de recámara suplantaran a las coaliciones democráticas, propusimos en la coyuntura de la alternancia (2000) la parlamentarización del sistema mexicano.
Los estragos causados por la imposición de un candidato socialmente minoritario en la Presidencia de la República, así como la polarización entre visiones encontradas de país -apenas disimulada por el tripartidismo- nos han colocado en el peor de los mundos: un gobierno enano, un Estado débil y una nación secuestrada. Es urgente emprender un nuevo ciclo de reformas políticas relevantes que otorguen estabilidad, fortaleza y sustento democrático al ejercicio del poder.
A resultas de un debate televisivo sobre estos temas, un grupo de académicos y actores políticos decidimos formular una serie de preguntas a personajes que han sido señalados como posibles contendientes a la presidencia de la República. Ellas versan sobre reformas al régimen político que aumentarían la responsabilidad del Gobierno frente al congreso, favorecerían las coaliciones, establecerían pactos legislativos y devolverían respetabilidad a la jefatura del Estado.
Sostenemos que coexisten al menos tres corrientes de pensamiento en esta dirección: la de quienes proponen mantener el régimen presidencial pero con un gobierno de gabinete; quienes sugieren un sistema semipresidencial, separando Jefe de Estado y de gobierno y quienes se pronuncian francamente por un sistema parlamentario.
Descartamos desde luego la hipótesis, predominante hasta la fecha, de que no se requiere reforma alguna ya que se trata de una cuestión de personas y no de estructuras jurídicas. También rechazamos las propuestas que conducirían a la formación de mayorías artificiales, sea mediante “cláusulas de gobernabilidad” desproporcionadas o a través del desfase de la elección legislativa hasta después de una segunda vuelta en la presidencial.
El debate es oportuno y podría concretarse en reformas de gran calado si los dirigentes políticos encuestados se pronunciaran favorablemente en las preguntas clave y de ese modo se generase un consenso que influiría poderosamente en el trabajo legislativo. Así podría procederse ulteriormente en otras cuestiones cruciales de la agenda nacional, como la democratización de la radio y la televisión y las estrategias de seguridad pública.
En tiempos de profunda crisis es menester disipar confusiones y enriquecer el contenido de las propuestas políticas. Evitar en lo posible los embates de la injuria y de la violencia.
