En México somos un país de leyes. Tenemos leyes para todo, desde las que regulan aspectos esenciales de las personas –incluso antes de su nacimiento- hasta las que se refieren a cuestiones del espacio aéreo; prácticamente nada queda fuera del control legal. Por “leyes” no me refiero únicamente al producto de la infatigable actividad de los legisladores, sino a todo el conjunto de disposiciones jurídicas: tratados internacionales, reglamentos, constituciones, acuerdos, circulares, normas oficiales, etc. Adicionalmente, contra la creencia popular, menos del uno por ciento de la población ocupada son abogados en activo. Pero la pregunta básica no es de numeralia: ¿sirven tantas leyes?
Todavía al calor de la pasada contienda presidencial, en agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial una enésima reforma política mediante la cual se introdujo la figura de la consulta popular en el artículo 35 constitucional. Dicha reforma fue alabada porque, se dijo, fue producto de 21 iniciativas sobre el tema; posteriormente, cuando todavía tenía vigencia el maridaje de los tres partidos políticos mayoritarios dentro del “Pacto por (contra) México”, se publicó la Ley Federal de Consulta Popular, ley secundaria que ningún aporte hizo a la figura de la consulta pues no incorporó definiciones ni desarrollo para esclarecer las dudas que dejó la reforma a la Constitución. Y así, en esas condiciones, llegó el momento de ponerla a prueba.
La reforma en materia energética fue el campo fértil sobre el cual se aterrizó la idea de impulsar una consulta por parte del PRD y de Morena; la razón que justifica su trascendencia es muy obvia (retomo la argumentación de Morena): se encuentra de por medio el futuro del patrimonio de la nación y la soberanía. Posteriormente, como para no quedarse atrás ante los ojos de los electores, tanto el PAN como el PRI promovieron su propia petición de consulta. Los blanquiazules tomaron como bandera el salario mínimo, a modo de espejo del gobernante de la Ciudad de México, y los tricolores se bañaron de austeridad para buscar la antidemocrática reducción del número de legisladores por la vía de la representación proporcional, lo que indudablemente afectaría el grado de representatividad de la intención de los electores.
Pero el camino para que una pretensión de consulta popular llegue a buen puerto sigue un camino todavía tortuoso: después de que se logra la convocatoria, ya sea por el titular del Ejecutivo, el 33% de alguna de las Cámaras, o por el 2% de los ciudadanos inscritos en el listado de electores, hay que pedirle a alguna de las Cámaras que continúe el trámite ante el Instituto Nacional Electoral para que éste, en un plazo de 30 “días naturales”, verifique que la petición ha sido suscrita por el porcentaje de electores requerido. Finalmente, la solicitud se turna a la Suprema Corte para que determine la constitucionalidad de la consulta. Dicho de otra forma: las Cámaras son una mera ventanilla de trámites; el INE, limitado por los tiempos, pasa la estafeta sin dilación alguna a la Suprema Corte, la cual tiene que jugar el papel de villano, nada más porque es el último tramo del eslabón y porque a ella le toca interpretar conceptos tan ambiguos como “ingresos y gastos”, “seguridad nacional” o “materia electoral”.
En el debate, las cuatro consultas fueron rechazadas en la Corte, pero si la del PRI fue por blanqueada (9-0), sorprendentemente la del PAN fue la más discutida (6-4). Así que nada para nadie, incluso para la propia figura de la consulta que tiene una falla de origen: su diseño constitucional. La forma en la que quedó redactada su incorporación en la Constitución y, peor aún, las limitaciones a su ejercicio, hacen prácticamente imposible que pueda prosperar una petición de consulta popular sobre temas de “trascendencia nacional”. Los sesgos y las interpretaciones que se pueden dar a sus ambiguos conceptos evidencian que los legisladores no supieron o no quisieron que en este país se materializaran las consultan populares. Y tal parece que fueron visionarios pues si en este momento se consultara la permanencia de Enrique Peña en Los Pinos, seguramente habría un rotundo NO. El caso de Ayotzinapa le quitó su maquillaje y no ve la hora de cerrar la puerta de Palacio Nacional, pero por fuera.
