Cada que llega el momento de cambiar de calendario, los buenos propósitos nos invaden y siempre es el momento del “ahora sí”. Esta parte, la optimista, es la que distingue al festejo de navidad –siempre más propenso a la melancolía- de los festejos por el año nuevo. Sin embargo, una vez iniciado el nuevo ciclo nos damos cuenta que en realidad sólo se trata de una ilusión que nosotros alimentamos con la esperanza de encontrar algo diferente. Bueno, quizá exagero porque la llegada del año nuevo también nos sirve para hacer el balance del periodo que termina y de lo que está por venir. Procedamos, pues, a hacer este ejercicio.
Hace un año, luego de permanecer ocho meses como Procurador Federal del Consumidor, Alfredo Castillo llegó a ocupar su cargo como Virrey de Michoacán por designación del Ejecutivo Federal. En un trastocamiento de las instituciones y las leyes a las que dice respetar, Peña Nieto designó a Alfredo Castillo como “Comisionado para la seguridad y el desarrollo integral” de Michoacán y le otorgó poderes especiales que vulneran la soberanía del estado. Así, el poder central operó como durante la época de la Colonia porque, tal y como se ha visto, Castillo desempeña su encargo a control remoto pues cotidianamente está en la Ciudad de México, y si es de compras mucho mejor.
¿Qué ha pasado en este año en Michoacán respecto de los propósitos por los cuales fue enviado un “Comisionado especial”? ¿Ya recompuso al estado, logró su pacificación y capturó a los delincuentes? (Por favor, no se rían por anticipado). Veamos. A un año de su llegada –en el escenario perfecto para el gobierno federal- los líderes de las autodefensas se encuentran en prisión y “La Tuta” se encuentra libre. Este hecho abre el camino para que el PRI mantenga en su poder la gubernatura de la entidad y la ejerza a través de un triunvirato: dos personajes con el poder real –“La Tuta” y Castillo- y una persona que tendrá el poder de papel que fungirá como gobernador electo.
Lo más grave para los habitantes de la entidad es que persiste la inseguridad y los enfrentamientos armados siguen en los caminos de Michoacán y pueblos por los que va pasando Castillo, quien lo único que ha sabido sembrar es el temor entre la población que ya no sabe de quién cuidarse. Este es el verdadero contexto en el cual habrán de realizarse las elecciones locales, pero Michoacán no es el único estado que presenta una situación compleja ante el proceso electoral, sino también Guerrero, entidades que se han convertido en focos rojos.
En 2015 se renovarán gubernaturas en nueve estados, de las cuales actualmente seis están bajo las siglas del PRI, dos del PAN y una del PRD, pero de los nueve procesos electorales los más complejos -para las autoridades electorales y los propios partidos políticos- son los que se desarrollarán en las entidades ya apuntadas. A unos meses de que la gente tenga la oportunidad de emitir su voto en Michoacán y en Guerrero, dudo mucho que los electores estén convencidos del ejercicio del voto como un mecanismo eficaz que garantice la vida democrática, ¿o acaso la imposición de Castillo no es contraria al principio de “sufragio efectivo”? ¿Y qué tendrán en mente los electores de Guerrero si ven que las autoridades electas actúan en contra de ellos mismos?
Ante este panorama, es previsible que a nivel nacional domine el rechazo de los ciudadanos hacia el modelo de democracia pervertida que tenemos en México y que los tres grandes partidos se han encargado de mantener a costa de nuestro dinero vía el excesivo financiamiento público que reciben. Para que se den una idea: los diez partidos políticos nacionales –incluidos los de nuevo ingreso- se reparten para este año más de 5,300 millones de pesos para actividades ordinarias y gastos de campaña, de los cuales el PRI, el PAN y el PRD se llevan un botín de casi 3,500 millones. Entiendo y escucho la justa inconformidad de mis cercanos, pero la única forma civilizada que tenemos de cobrarle facturas al poder es a través de nuestra participación activa y no limitarla al depósito del voto.
