Ciudad de México, febrero 6 de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, en sesión privada, las listas con los nombres de las candidatas y candidatos que fueron insaculados por el Senado de la República para participar en la elección judicial del 1 de junio de este año.
El pleno del alto tribunal no alcanzó la mayoría de ocho votos para avalar a alguno de los 955 aspirantes que fueron seleccionados por la Cámara Alta, con lo cual el Poder Judicial de la Federación (PJF) no contará con candidatos.
Sin embargo, hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Senado remitir las listas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) en caso de que la Corte no las aprobara.
En este contexto, la SCJN aplazó para el jueves 13 de febrero la discusión del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propone ordenar a los actores involucrados en la elección judicial, incluyendo al INE, acatar las suspensiones que se otorgaron contra la reforma judicial.
El alto tribunal determinó lo anterior a petición de las ministras afines a la llamada cuarta transformación, quien argumentaron que aún no vence el plazo de nueve días al TEPJF para rendir su informe.
“Quiero solicitar al ministro ponente, respetuosamente, aplazar este asunto, toda vez que no fenece el plazo que se le dio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para rendir el informe correspondiente en la acción de inconstitucionalidad 1/2025, solicitado este por acuerdo de la ministra presidenta el 23 de enero pasado”, pidió la ministra Yasmín Esquivel.
Aunque en su proyecto expone que no es necesario el informe del TEPJF para discutir este asunto, Gutiérrez Ortiz Mena accedió a la petición de las ministras.
“Yo bajé el proyecto pensando que no era necesario el oficio o el escrito, para mejor proveer. Sin embargo, no tengo inconveniente en dejarlo en lista y recibir el informe, analizar el informe y ver si el informe tiene algún impacto en el proyecto que le he presentado este plan”.
Sin embargo, para la presidenta de la Corte, Norma Piña, no había razón para aplazar la discusión.
“Aunque el proyecto diga que están acumuladas, yo creo que es una acumulación fáctica porque realmente no hubo acumulación de las tres primeras con la primera de 2025 y se podrían resolver perfectamente las tres primeras. Si la razón es que se espere el informe en este asunto, no hay razón para esperar el informe porque no hay acumulación”.
En su proyecto, Gutiérrez Ortiz Mena propone declarar procedente las solicitudes planteadas por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces (JUFED), así como por diversos magistrados y jueces y por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación
El ministro argumenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es incompetente para determinar la validez de suspensiones en juicios de amparo y puntualiza que quienes no estén de acuerdo, deben seguir el procedimiento de amparo que es ir a los tribunales colegiados de circuito y no a la Sala Superior.
El togado justifica su propuesta al señalar que tanto los jueces de distrito como los magistrados electorales cayeron en una “ambición de salirse del derecho en su búsqueda de ser aquel que decide cuándo se le aplica una excepción al derecho, pues por un lado los jueces se involucraron en amparos que no aplican en procesos electorales, pero por el otro, el Tribunal Electoral incurrió en temas en los que es incompetente”.
Agrega que “éste no es un caso trágico, sino el espejo que refleja el momento preciso en que las instituciones del Estado, paradójicamente en su intento de defender el orden constitucional, terminaron por exhibir su fragilidad”.
Añade que “para restablecer el estado de derecho es que se acaten las suspensiones judiciales y no se siga normalizando el desacato”.
Gutiérrez Ortiz Mena acusa al TEPJF de haberse excedido en sus determinaciones y acusa violaciones a la Constitución y al Estado de derecho por una aparente “subordinación a consideraciones políticas”.
Del mismo modo menciona que sus sentencias son contradictorias, pues mientras señala cuatro veces que no se pronuncia sobre las suspensiones, al mismo tiempo declara inviable su aplicación y autoriza al INE, al Senado y al Comité Judicial no acatarlas y continuar con el proceso.
