Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, dio a conocer el seguimiento que se hace a los excesos y las irregularidades del Poder Judicial como retraso de obras de infraestructura, retraso de las sentencias y entorpecer el acceso a la justicia.
Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Segob hizo énfasis en los datos que demuestran la urgencia de que se llevara a cabo la reforma judicial tal y como sucedió. Por ejemplo, Rodríguez detalló que los juzgadores han sido protagonistas para frenar políticas importantes, como los proyectos de infraestructura tales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Lo mismo ante leyes que buscan beneficiar al pueblo mexicano, tal es el caso de la Reforma a la Ley Eléctrica donde se benefició a empresas privadas extranjeras sobre el pueblo. Lo mismo sucedió con la extinción de fideicomisos irregulares del Poder Judicial, la Ley Minera, contra la que empezaron a aceptar amparos, y la entrega de libros de texto gratuitos en las escuelas de educación básica.
De la misma forma, detalló Rosa Icela, el Poder Judicial ha retrasado la emisión de resoluciones y sentencias generando impunidad y negando el acceso a la justicia.
Y para nutrir su acusación, la exsecretaria de seguridad, señaló que actualmente de las 21 mil personas privadas de la libertad en prisiones federales, más de 6 mil no han recibido sentencia.
Incluso algunas de estas personas han tenido que esperar más de 17 años para recibir una sentencia que aún no llega.
Por su fuera poco, la cabeza del Poder Judicial, la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), intentó intervenir en un proceso electoral federal, tema que está muy lejos de su jurisdicción. Y es que esta ministra, en la mansión del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se reunió con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, e invitó a la reunión a magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF).
Asimismo, Rosa Icela Rodríguez señaló las irregularidades que suceden en los exámenes de oposición para ingresar al Poder Judicial, dando un tallón a la “carrera judicial” que tanto dicen defender los opositores a la Reforma Judicial.
“Los concursos de oposición son impugnados por los propios jueces y magistrados con frecuencia por la inequidad, el influyentismo y la falta de criterios objetivos, pues solo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras”, señaló.
Finalmente, la titular de Segob recordó dos de los aspectos que más se han criticado al Poder Judicial. El primero, su alto costo con salarios que superan por mucho el límite constitucional, pues los Ministros de la SCJN reciben hasta 792 mil 256 pesos mensuales. Y pese a que jueces y magistrados estuvieron en “paro de labores” nunca se les dejó de pagar su salario íntegro, pese a que frenaron el acceso a la justicia.
“Como resultado del paro judicial se cancelaron 12 mil 448 audiencias, hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro”, señaló.
El último punto destacado por Rosa Icela Rodríguez fueron los “sabadazos”, práctica cotidiana de algunos jueces con los que liberan o mandan a prisión domiciliaria a delincuentes durante los fines de semana para no dar tiempo de reacción a las Fiscalías y a los medios.
Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Segob hizo énfasis en los datos que demuestran la urgencia de que se llevara a cabo la reforma judicial tal y como sucedió. Por ejemplo, Rodríguez detalló que los juzgadores han sido protagonistas para frenar políticas importantes, como los proyectos de infraestructura tales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Lo mismo ante leyes que buscan beneficiar al pueblo mexicano, tal es el caso de la Reforma a la Ley Eléctrica donde se benefició a empresas privadas extranjeras sobre el pueblo. Lo mismo sucedió con la extinción de fideicomisos irregulares del Poder Judicial, la Ley Minera, contra la que empezaron a aceptar amparos, y la entrega de libros de texto gratuitos en las escuelas de educación básica.
De la misma forma, detalló Rosa Icela, el Poder Judicial ha retrasado la emisión de resoluciones y sentencias generando impunidad y negando el acceso a la justicia.
Y para nutrir su acusación, la exsecretaria de seguridad, señaló que actualmente de las 21 mil personas privadas de la libertad en prisiones federales, más de 6 mil no han recibido sentencia.
Incluso algunas de estas personas han tenido que esperar más de 17 años para recibir una sentencia que aún no llega.
Por su fuera poco, la cabeza del Poder Judicial, la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), intentó intervenir en un proceso electoral federal, tema que está muy lejos de su jurisdicción. Y es que esta ministra, en la mansión del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se reunió con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, e invitó a la reunión a magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF).
Asimismo, Rosa Icela Rodríguez señaló las irregularidades que suceden en los exámenes de oposición para ingresar al Poder Judicial, dando un tallón a la “carrera judicial” que tanto dicen defender los opositores a la Reforma Judicial.
“Los concursos de oposición son impugnados por los propios jueces y magistrados con frecuencia por la inequidad, el influyentismo y la falta de criterios objetivos, pues solo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras”, señaló.
Finalmente, la titular de Segob recordó dos de los aspectos que más se han criticado al Poder Judicial. El primero, su alto costo con salarios que superan por mucho el límite constitucional, pues los Ministros de la SCJN reciben hasta 792 mil 256 pesos mensuales. Y pese a que jueces y magistrados estuvieron en “paro de labores” nunca se les dejó de pagar su salario íntegro, pese a que frenaron el acceso a la justicia.
“Como resultado del paro judicial se cancelaron 12 mil 448 audiencias, hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro”, señaló.
El último punto destacado por Rosa Icela Rodríguez fueron los “sabadazos”, práctica cotidiana de algunos jueces con los que liberan o mandan a prisión domiciliaria a delincuentes durante los fines de semana para no dar tiempo de reacción a las Fiscalías y a los medios.
