La mandataria destacó este hecho como una confirmación de que la nueva legislación cumple su propósito esencial: garantizar que "nadie está por encima de la ley".
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado públicamente su satisfacción por la reciente aplicación de la reforma judicial en materia de amparo, la cual ya está teniendo efectos directos en un expediente de gran relevancia relacionado con la deuda fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La mandataria destacó este hecho como una confirmación de que la nueva legislación cumple su propósito esencial: garantizar que "nadie está por encima de la ley".
El fin de la dilación judicial para deudores
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que la modificación a la Ley de Amparo fue impulsada precisamente para combatir el uso indebido de este recurso legal por parte de personas y corporativos con altos recursos económicos, quienes históricamente han logrado prolongar indefinidamente los litigios contra el erario público y las sentencias en su contra.
El cambio legal implica una restricción significativa: una vez que un tribunal ha emitido una sentencia firme y definitiva en contra del deudor, los recursos de amparo ya no podrán utilizarse como un mero mecanismo de dilación para paralizar las actividades de cobro fiscal de las autoridades.
La justicia debe ser pareja: nadie puede usar la ley para ganar tiempo indefinido.
Esto obliga a los deudores a acatar las resoluciones judiciales de manera expedita.
Implicaciones para la ciudadanía y la justicia fiscal
La aplicación de esta reforma en casos como el de Salinas Pliego, uno de los deudores fiscales más notorios del país, sienta un precedente clave en el sistema de justicia mexicano.
- Agilización del Cobro Fiscal: Para el Estado, el cambio significa que ahora cuenta con herramientas legales más ágiles y eficaces para exigir el pago de contribuciones fiscales pendientes, lo que podría traducirse en una mejora sustancial en la recaudación.
- Acceso Igualitario a la Justicia: En teoría, la reforma busca reforzar el principio de igualdad ante la ley. Al eliminar los privilegios procesales que permitían a deudores acaudalados evadir sus responsabilidades por años, se promueve un acceso a la justicia que no está condicionado por la capacidad económica para costear largos y complejos litigios.
La postura de la presidenta es clara: la reforma es un instrumento de justicia social diseñado para evitar que los grandes capitales utilicen las vías legales, como el amparo, para evadir sus obligaciones y proteger sus intereses a costa del presupuesto nacional y, por extensión, del bienestar de la ciudadanía.
