EL SISTEMA DE PENSIONES COLAPSARÁ AL ESTADO MEXICANO II

En entrega anterior afirmé que en menos de 5 años, el sistema de pensiones del país, hará colapsar al Estado mexicano. No es una visión catastrofista, sino una visión que incita a la previsión, revisión y corrección del mal diseñado sistema de pensiones de la nación, imperante, ineficiente e insuficiente.
    Escribí que asustan dos datos: 1) en el mes de febrero los Fondos de pensiones del gobierno federal y de los estados perdieron más de 15 mil millones de pesos, 2) los sistemas de pensiones de, al menos, 10 Estados del país son insostenibles e inviables financieramente en el corto plazo ya que únicamente cuentan con reservas para pagarlas por un máximo de 5 años. Dije también, que Tabasco al menos por otros 10 años no tendrá tal premura, pero que eso no implica el no prever modificaciones.
    Apunté que, se prevé para 2030, el que en México ni siquiera habrá un trabajador –que pague y cotice- en activo por cada jubilado pues la relación será de 0.9 a 1 (en contraste con los 4 trabajadores en activo por cada jubilado que existían apenas en el año 2000). Asústese: Quienes hoy tienen entre 25 o 35 años serán adultos mayores en 2050, y para entonces habrá 13 mexicanos en edad de recibir una pensión por cada 10 jóvenes laboralmente activos y aportantes al sistema. O dicho de otra manera, por cada pensionado, habrá sólo tres trabajadores activos y cotizando.
    En una proyección seria, en 20 años se necesitarán más de 6 millones de empleos nuevos para mantener el sistema de pensiones en equilibrio, algo que se ve imposible de cubrir pues hasta ahora la meta de crear un millón de empleos anuales no se ha podido alcanzar por los nefastos gobiernos priistas y panistas.
    Los Estados de bienestar más avanzados en el mundo muestran un complemento entre igualdad, protección social, solidaridad instituida y disposición positiva de los agentes en el rubro de previsión social y seguridad social. Han logrado encontrar el medio para que la igualdad social y el dinamismo económico puedan transformar la estructura productiva para superar la heterogeneidad estructural y el insuficiente desarrollo de los sistemas de seguridad social. Han promovido la construcción de una nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad, en la cual los desafíos de la seguridad social resultan de gran relevancia.
    No pasa lo mismo en América Latina y mucho menos en el país. La CEPAL, en el documento “La protección social de cara al futuro” (2006), había establecido que la protección social no puede descansar exclusivamente sobre la capacidad de los esquemas contributivos asociados al mundo laboral, lo que obligaba a repensar los mecanismos de solidaridad. En seguimiento a ello, en el informe correspondiente al trigésimo tercer período de sesiones en 2010, “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”, promovió estrategias de políticas públicas para superar la heterogeneidad productiva con igualdad social desde un enfoque de derechos.
    Un punto a observar es la repercusión que el sistema operante trae en asuntos de controversias legales ante tribunales. El sistema imperante produce una gran litigiosidad. Como consecuencia directa de haber sostenido durante mucho tiempo sistemas contributivos que prometen beneficios que, por una u otra razón, no pueden ser afrontados con los recursos contributivos del sistema, se ha elevado la litigiosidad. A lo largo de su historia, ha sido habitual que un grupo significativo de beneficiarios del sistema inicien reclamos ante la Justicia debido al no cumplimiento de las normas preestablecidas. Así, hubo momentos en los que estos juicios se acumulaban en sede judicial, otros casos donde el Poder Ejecutivo, existiendo fallos a favor de los beneficiarios, demoraba su pago por falta de fondos y también períodos en los que las demandas fueron pagadas.
    El problema es grave y ya está aquí: el pago de pensiones engrosa la deuda del Gobierno Federal y de los Estados: amenaza con quebrar las finanzas públicas. Y mientras muchos jubilados tienen que trabajar por las bajas pensiones que reciben, otros cobran pensión doble y ganan como altos ejecutivos.  En su estado actual, el problema ya rebasó la capacidad financiera del Estado mexicano. 
    Si el gobierno quisiera que los millones de trabajadores pensionados tuvieran una pensión que les permita mantener su nivel de vida, tendría que inyectar al sistema más del equivalente al 31.6% del PIB (más 4.2 billones de pesos), calcula la consultora De la Calle Madrazo Mancera.
    Y teniendo enfrente este panorama, es una verdadera infamia que, con el pretexto de una reforma favorable a las finanzas de los sistemas de pensiones y al bienestar de los pensionados, supuestos líderes o cabecillas de grupos de presión, se opongan a una modificación tan necesaria al régimen actual. La historia y la moral pública no les darán la razón.