TIZON PETROLERO

No existe ninguna duda que la autonomía sindical que se maneja en el S.T.P.R.M.  es una patente de corzo que utilizan los dirigentes petroleros para robar, traicionar, reprimir, y aumentar el terrorismo sindical, no para defender los derechos laborales y humanos del agremiado. Y es que en la sección 26, del Distrito Cárdenas- las Choapas, Veracruz, los trabajadores empiezan a preguntar ante la falta de información que ahí existe, ¿De quién es la camioneta blindada que transporta al dirigente petrolero Carlos Jiménez Hernández? ¿porque cancelaron plazas de trabajadores de la Planilla Azul que ahora de nuevo están activando.?
    Y es que ha trascendido que la camioneta blindada es de un “gargantón” que no es del sindicato y que mantiene negocios con Carlos Jiménez, pero claro, podrían estarle cobrando a Pemex altas cantidades por esa renta de la unidad. Todas esas suspicacias han estado circulando en las áreas laborales debido a la falta de información de lo que la sección 26 obtiene de la renta del transporte de personal a Pemex. Se habla de prestanombres. Cantidades millonarias, que sumados a lo que se obtiene de la renta del transporte de personal podría ser la clave del enriquecimiento ilícito de los dirigentes petroleros y de posibles financiamientos a los candidatos del partido político que los protege.
    Otra situación que ha llamado la atención de propios y extraños, es el hecho de que a los integrantes de la Planilla Azul- que contendió en la renovación del Comité Ejecutivo local aquel 13 de octubre del 2015- les hayan cancelados sus plazas definitivas, e hijos de  algunos jubilados, por supuesto “agotamiento de la materia de trabajo”, en complicidad con funcionarios de Pemex de Recursos Humanos,  todo por haber creído en la democracia y en la dignidad sindical, y en busca de los principios sindicalistas. De la planilla Azul han reinstalado a varios, entre ellos a Wuilbert Alberto Jiménez y a Fulvio Cesar Orueta. Claro, confirmaron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que habían violado sus derechos laborales y ordeno sus reinstalaciones. Entonces, ¿cómo los dirigentes petroleros corruptos, y funcionarios de Pemex de la misma calaña, habían sentenciado que se había agotado la materia de trabajo? Pero la pregunta flota en el aire, ¿Por qué el Órgano Interno de Control, la Secretaria  de la Función Pública, (SFP) la Auditoria Superior de la Federación, (ASF) y la misma Secretaria de Hacienda, (SHCP) no han notado esas anomalías?
    De que violaron derechos de los trabajadores que han estado reinstalando en la sección 26 del S.T.P.R.M. Desde principios de año, lo hicieron, pero si es necesario que, a los funcionarios de Pemex, que ordenaron esas cancelaciones de plazas definitivas, sean investigados por el daño que esa situación le causo a la empresa. De no ser así las autoridades de investigar las anomalías estarían siendo cómplices de esos actos de corrupción, de represalias, de terrorismo sindical, y de intimidación a la base trabajadora, por el solo hecho, de que los trabajadores afectados buscaban la democratización al interior del S.T.P.R.M.