Vidulfo Rosales Sierra evalúa una invitación para colaborar con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, la primera persona indígena en llegar a ese cargo
Con la frente en alto y la seguridad de haber puesto su grano de arena en la lucha de los pueblos, Vidulfo Rosales Sierra, uno de los defensores de derechos humanos más emblemáticos y perseverantes de México, anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Con este movimiento, después de casi once años de acompañamiento día a día, deja también la representación legal directa de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Su partida, comunicada directamente a las familias el pasado sábado, cierra un capítulo fundamental en una de las batallas jurídicas y sociales más simbólicas del México contemporáneo. Sin embargo, lejos de ser un adiós, Rosales lo plantea como un cambio de trinchera. En una entrevista, confirmó que evalúa una invitación para colaborar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, la primera persona indígena en llegar a ese cargo.
“Lamento que se esté especulando, que ya me voy a ir a la Corte. No hay nada en firme, solamente sostengo algún diálogo respetuoso con el ministro y hasta ahí”, aclaró el litigante, buscando apagar la especulación sobre un movimiento inmediato. El potencial cambio, de materializarse, representaría una transición sin precedentes: del corazón de la sociedad civil organizada a una de las instituciones más altas del Estado, llevando consigo la voz de la Montaña de Guerrero.
Una Decisión Radicada en la Salud y el Cansancio de una Larga Batalla
Rosales, de 48 años, atribuyó su decisión a razones personales y de salud. El pasado 31 de marzo fue sometido a una cirugía por problemas en el sistema digestivo, un recordatorio físico del desgaste que implica decades de lucha en contextos de alta tensión y violencia. Su última aparición pública con las familias de Ayotzinapa fue el 29 de julio en Palacio Nacional, durante la cuarta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En una carta fechada el 19 de agosto, el abogado se retira de la "primera línea de la lucha social", pero juró que "desde otras trincheras seguirá exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y Afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda".
Tlachinollan: La Casa que Forjó a un Defensor
Nacido en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, Rosales no es un abogado cualquiera. Es un hombre de origen indígena que, como él mismo describe, ha caminado toda su vida "a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación". Esa experiencia vital es la que, según sus palabras, le da "la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte".
Su vida profesional estuvo indisolublemente ligada a Tlachinollan durante 24 años. Ahí no solo se forjó como defensor y abogado, sino que se convirtió en una columna vertebral para la resistencia comunitaria. Asesoró a la policía comunitaria, defendió a mujeres víctimas de tortura sexual por parte del Ejército —como los emblemáticos casos de Inés Fernández y Valentina Rosas en 2002—, y acompañó a campesinos contra el despojo de sus tierras por megaproyectos como la presa La Parota.
El Legado: Una Trayectoria Marcada por la Represión y la Resistencia
La trayectoria de Rosales es un mapa de la violencia y la impunidad en Guerrero, pero también de la resistencia tenaz. Antes de Ayotzinapa, ya estaba en la mira del poder. En 2011, documentó el asesinato de normalistas por la policía en la Autopista del Sol en Chilpancingo. Las amenazas de muerte lo obligaron a salir del país brevemente en 2012. En 2022, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero amenazó con emprender acciones legales en su contra.
Su trabajo con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa comenzó incluso antes de la tragedia, defendiéndolos de la represión gubernamental desde 2007. Cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 en 2014, Rosales se convirtió en el bastión legal que mantuvo viva la exigencia de verdad y justicia, enfrentándose a las versiones oficiales y internacionalizando el caso.
El Futuro: Colegiatura, Corte y un Nuevo Gobierno
Su salida no significa el abandono del caso Ayotzinapa. Rosales dejó claro que la defensa continuará de manera colegiada entre Tlachinollan, el Centro Prodh y Serapaz, una red sólida que él ayudó a tejer. El timing, sin embargo, es crucial. Su renuncia se produce a pocos días de una nueva reunión clave entre las familias y la presidenta Sheinbaum, en un momento de reinicio de las negociaciones con un nuevo gobierno.
Mientras tanto, el diálogo con el ministro Aguilar Ortiz promete. Las conversaciones, según Rosales, giran en torno a "cómo la Corte estaría sentando los nuevos criterios y estaría avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos". Si acepta la invitación, Vidulfo Rosales tendría la oportunidad histórica de luchar por los derechos de los suyos no desde las calles empolvadas de Guerrero, sino desde la máxima tribuna judicial de la nación, llevando la feroz ética de la montaña al corazón del poder.
