La verdadera historia del CERAO

El área donde será construido el CERAO es de tierra yerma, improductiva, salina, árida y baldía, a la que los usufructuarios no pudieron sacarle ningún provecho, según estudios de varias universidades, centros de investigación públicos y privados, y dependencias oficiales entre los que figuran: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees), el centro EURE, el Centro de Estudios Integrales de Innovación y del Territorio, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, el Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, el Centro Internacional de Estudios sobre Captación de Lluvia, la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA), HG Desarrollos, la Conagua, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y más de 100 estudios ambientales. Un artículo de 825 palabras escrito por Luege Tamargo y 140 caracteres en un tuit del expresidente Felipe Calderón son incomparablemente inferiores a este trabajo, que, a la fecha, suma 14 mil hojas de sustento ambiental y jurídico.
    Peregrinar cotidiano
    Chimalhuacán, a pesar de su mejora creciente en infraestructura, sigue rezagado en materia de empleo y remuneración digna. Sesenta y cinco por ciento de su población migra todos los días para ir al trabajo, y llevar de noche el pan que le dará fuerzas para regresar al día siguiente; esta rutina se repite a diario. Éste es el via crucis de los pobres de este municipio.
    De acuerdo con el estudio “Argumento Social y Económico. Justificación del CERAO”, del Cemees, “65.3 por ciento de la población trabaja fuera de Chimalhuacán y 30.7 en la demarcación; de ésta, sólo 40 por ciento tiene un trabajo fijo; que los ingresos del 65 por ciento de la población apenas alcanzan los tres salarios mínimos (SM), que para 2011 eran equivalentes a 179 pesos diarios, de los que tenían que descontar prácticamente 59 pesos de transporte y alimentos fuera, por lo que sólo les quedaban 120 pesos para el gasto familiar diario; es decir, 840 pesos semanales para una familia promedio de cuatro personas”.
     Los migrantes locales gastan entre cuatro y seis horas diarias en transportarse de su casa al trabajo y viceversa. “Dos de cada tres trabajadores perciben menos de tres salarios mínimos (SM); y de éstos, la mitad obtiene menos de uno. Con tres SM, menos los gastos de transporte y alimentación durante la jornada, a cada miembro de la familia promedio (cuatro personas) le corresponderá dos dólares; el mínimo señalado por la ONU como umbral de la pobreza, si partimos de que el ingreso es el indicador más importante para analizar las condiciones laborales de los trabajadores”.
 La causa de los ataques
El proyecto de los chimalhuacanos ha desatado la furia de militantes de los partidos Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional, quienes nunca apoyaron, alentaron ni agilizaron el proyecto desde los altos cargos que ocupaban, y que, de acuerdo con el presidente de la CIACA, no se conoce ninguno mejor sustentado en materia económica, jurídica y social. 
    Contra toda la lógica formal, quienes hoy deberían apoyar, atacan furiosamente en vísperas de las elecciones para gobernador y pretenden ganar adeptos anticipadamente, en detrimento del partido que actualmente gobierna y de una iniciativa que beneficará a quienes no se dignan mirar. Luege Tamargo acusa de “robo a la nación” y de que el CERAO es un proyecto “incompatible, inconcebible e imposible”, funcionario que fuera incapaz de evitar el desbordamiento del río La Compañía en el Estado de México (a pesar de los múltiples llamados de los ciudadanos) y que ganaba 170 mil pesos al mes. Felipe Calderón, desde su tribuna digital (Twitter) y quien se proclamara “presidente del empleo”, ahora se opone a la creación de 40 mil empleos; hoy gana 812 mil 547 pesos y cuenta con seguridad personal para él y toda su familia. Los experredistas actualmente morenistas, los del “gobierno de primero los pobres”, a través de la diputada Delfina Gómez, desde la Cámara de Diputados, exigen que el “Gobierno municipal le pare y deje de llenar el municipio de asentamientos irregulares”, pero la expresidenta de Texcoco actualmente gana 148 mil 558 pesos mensuales. Los senadores reciben de 171 mil pesos hasta 236 mil pesos, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, 672 mil pesos. Sueldos todos sin contar prestaciones, por una jornada laboral de ocho horas de lunes a viernes. 
    Así, desde las altas esferas del Gobierno mexicano se niega el derecho humano a una vida digna. A ningún funcionario estatal o federal se le ocurrió anteriormente una mejor alternativa para resolver el problema de la falta de empleo en el municipio, actualmente se pretende echar para atrás una iniciativa ciudadana y popular que puede beneficiar en lo inmediato a 40 mil chimalhuaquenses y varias generaciones futuras.
    Los que idearon el CERAO, los pobres de Chimalhuacán, y que durante más de nueve años han perseguido y sustentando el proyecto, se manifestaron el 9 de agosto del presente año frente a la Cámara de Senadores para llevarle al pleno, y a los seis panistas en particular que aún tienen dudas sobre la viabilidad del proyecto, información sobrada acerca del mismo, pero nadie salió. Más que molestos, el diputado federal por el Distrito 25 de Chimalhuacán y exalcalde, Telésforo García Carreón; la actual presidenta municipal, Rosalba Pineda, y 10 mil chimalhuacanos se apersonaron una vez más y aseguraron enérgicamente que “el CERAO es fruto de la lucha organizada del pueblo de Chimalhuacán. Es resultado de una lucha y no de la corrupción”; por su parte, las 104 organizaciones agrupadas en el Proyecto Nuevo Chimalhuacán, a través de una carta abierta suscribieron: 
    “A Chimalhuacán nadie le ha regalado nada, nadie le ha dado canonjías: todas las obras que hemos realizado en 16 años las hemos hecho con esfuerzo, trabajo y lucha para hacer que los gobernantes estatales y federales incluyan en sus políticas públicas y programas sociales a un pueblo marginado por muchos años”.