El trasfondo de la revocación de la concesión del Puerto de Frontera a una empresa, cuyo socio mayoritario es el gobierno de Tabasco, se conocerá en la medida en que se conozcan las razones por las cuales la Secretaría de Marina decidió dar marcha atrás.
o se tienen mayores detalles del por qué a la empresa “Puerto Industrial Frontera Tabasco, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”, la cual se encargaría de construir, operar y explotar la terminal industrial especializada, obra que tendrá un costo estimado en mil 200 millones de pesos, le retiraron la concesión.
El anuncio de esa medida por parte de la Secretaría de Marina lo hizo en su primera “mañanera”, el pasado miércoles, el gobernador Javier May Rodríguez, pero no abundó en el tema. Sólo dijo que la Secretaría de Desarrollo Económico y para la Competitividad informaría al respecto.
Desde antes de que asumiera el cargo, el mandatario había fijado su postura sobre este asunto que, a simple vista, no parecía representar ningún inconveniente, pero ya viéndolo con mayor detenimiento se podía advertir una rendija por donde se podía colar la inversión privada y eso generó muchas suspicacias.
Eso no agradó el gobernador y públicamente externó su desacuerdo y la advertencia de que, una vez en la gubernatura, haría lo necesario para revertir la concesión por no estar de acuerdo que en esa obra pública, que le costará al erario estatal, le metieran la mano particulares.
El anterior titular de la Sedec, Federico García Mallitz, quiso tranquilizar las cosas. Salió a declarar que esa empresa no había otorgado ninguna “concesión” a empresas privadas para participar en la construcción de la terminal industrial especializada en el Puerto de Frontera, pero dejó entre abierta la posibilidad de que “si fuera necesario” podría permitírsele al capital privado intervenir porque ese “modelo de negocios” lo permite.
El funcionario sabía que, en los términos de la concesión otorgada por la Secretaría de Marina, se contemplaba la participación de particulares, de modo que no tuvo más remedio que aceptar lo que May Rodríguez había objetado públicamente.
Un día después de haber asumido la gubernatura, se dio el anuncio de la revocación de esa concesión. Fue, sin duda, un manotazo de autoridad del mandatario. Una clara advertencia de que no se permitirán negocios al amparo del poder, como se estilaba en el pasado reciente.
Hay ejemplos muy claros de que eso ha ocurrido en otros proyectos de obras públicas, como el distribuidor vial de avenida Universidad, y eso se pensaba hacer con el Puerto de Frontera. El gobernador ha dicho que en los asuntos públicos se tiene que actuar con honestidad y transparencia y no se tolerará ningún acto de corrupción.
Sobre advertencia no hay engaño, dice el clásico. Los asuntos públicos se tienen que hacer cada vez más públicos y no debe haber espacio para el cochupo o la transa y quien no lo entienda tendrá que atenerse a las consecuencias.
PRIMERA PARADA
Este sábado, la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, entrevistará a los tres aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, cargo que quedó vacante, luego que Nicolás Bautista presentó su renuncia por motivos personales.
Los diputados que integran esa comisión evaluarán a Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, José Barajas Mejía y Rodolfo Campos Priego, para luego emitir un dictamen, el cual bajará al pleno, tentativamente el próximo martes, para que los diputados decidan, con su voto, quién debe ser el fiscal.
SEGUNDA PARADA
Dicen los consejeros electorales que no tienen ningún problema de que les bajen su salario a fin de que no puedan ganar más que el gobernador, quien tendrá una percepción mensual de 90 mil pesos. Actualmente los integrantes del CEE ganan mensualmente cien mil pesos, así como directivos del IEPCT. Ya se encuentra en manos del Congreso la iniciativa para ajustar el salario de los servicios pública para establecer en la ley que nadie puede ganar que el Ejecutivo. Se trata de una medida pertinente y necesaria, porque hay incluso alcaldes que se auto asignan salarios millonarios. Bien dice el gobernador que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
o se tienen mayores detalles del por qué a la empresa “Puerto Industrial Frontera Tabasco, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”, la cual se encargaría de construir, operar y explotar la terminal industrial especializada, obra que tendrá un costo estimado en mil 200 millones de pesos, le retiraron la concesión.
El anuncio de esa medida por parte de la Secretaría de Marina lo hizo en su primera “mañanera”, el pasado miércoles, el gobernador Javier May Rodríguez, pero no abundó en el tema. Sólo dijo que la Secretaría de Desarrollo Económico y para la Competitividad informaría al respecto.
Desde antes de que asumiera el cargo, el mandatario había fijado su postura sobre este asunto que, a simple vista, no parecía representar ningún inconveniente, pero ya viéndolo con mayor detenimiento se podía advertir una rendija por donde se podía colar la inversión privada y eso generó muchas suspicacias.
Eso no agradó el gobernador y públicamente externó su desacuerdo y la advertencia de que, una vez en la gubernatura, haría lo necesario para revertir la concesión por no estar de acuerdo que en esa obra pública, que le costará al erario estatal, le metieran la mano particulares.
El anterior titular de la Sedec, Federico García Mallitz, quiso tranquilizar las cosas. Salió a declarar que esa empresa no había otorgado ninguna “concesión” a empresas privadas para participar en la construcción de la terminal industrial especializada en el Puerto de Frontera, pero dejó entre abierta la posibilidad de que “si fuera necesario” podría permitírsele al capital privado intervenir porque ese “modelo de negocios” lo permite.
El funcionario sabía que, en los términos de la concesión otorgada por la Secretaría de Marina, se contemplaba la participación de particulares, de modo que no tuvo más remedio que aceptar lo que May Rodríguez había objetado públicamente.
Un día después de haber asumido la gubernatura, se dio el anuncio de la revocación de esa concesión. Fue, sin duda, un manotazo de autoridad del mandatario. Una clara advertencia de que no se permitirán negocios al amparo del poder, como se estilaba en el pasado reciente.
Hay ejemplos muy claros de que eso ha ocurrido en otros proyectos de obras públicas, como el distribuidor vial de avenida Universidad, y eso se pensaba hacer con el Puerto de Frontera. El gobernador ha dicho que en los asuntos públicos se tiene que actuar con honestidad y transparencia y no se tolerará ningún acto de corrupción.
Sobre advertencia no hay engaño, dice el clásico. Los asuntos públicos se tienen que hacer cada vez más públicos y no debe haber espacio para el cochupo o la transa y quien no lo entienda tendrá que atenerse a las consecuencias.
PRIMERA PARADA
Este sábado, la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, entrevistará a los tres aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, cargo que quedó vacante, luego que Nicolás Bautista presentó su renuncia por motivos personales.
Los diputados que integran esa comisión evaluarán a Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, José Barajas Mejía y Rodolfo Campos Priego, para luego emitir un dictamen, el cual bajará al pleno, tentativamente el próximo martes, para que los diputados decidan, con su voto, quién debe ser el fiscal.
SEGUNDA PARADA
Dicen los consejeros electorales que no tienen ningún problema de que les bajen su salario a fin de que no puedan ganar más que el gobernador, quien tendrá una percepción mensual de 90 mil pesos. Actualmente los integrantes del CEE ganan mensualmente cien mil pesos, así como directivos del IEPCT. Ya se encuentra en manos del Congreso la iniciativa para ajustar el salario de los servicios pública para establecer en la ley que nadie puede ganar que el Ejecutivo. Se trata de una medida pertinente y necesaria, porque hay incluso alcaldes que se auto asignan salarios millonarios. Bien dice el gobernador que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
