Hay una incomodidad que se siente en el cuerpo antes de entenderse con la cabeza: ves una noticia, algo “no cuadra”, y aparece ese gesto automático de desconfianza. No es coraje todavía. Es una mezcla de sospecha y cansancio. Como cuando alguien te dice “todo está bajo control” mientras tú sabes que, en México, el control casi siempre cuesta.
La semana se encendió con un tema que parece de élites, pero toca fibras de todos: la Suprema Corte confirmó la compra de nueve camionetas blindadas para ministras y ministros, y después anunció que no las usarán y que se reasignarán a personas juzgadoras en mayor riesgo. En ese mismo contexto, el ministro presidente afirmó que puede “andar hasta en el Metro”.
Y ahí es donde la noticia deja de ser chisme institucional y se vuelve personal: porque no estamos discutiendo “trocas”, estamos discutiendo qué entendemos por justicia, seguridad y gasto público. Y tú te preguntas:
¿Y a mí qué?
1. Tu dinero (bolsillo): Cuando una institución gasta en seguridad de alto nivel, no solo compras metal y blindaje: compras una decisión política del presupuesto. Si ese gasto se percibe como privilegio, la ciudadanía lo siente como abuso. Pero si se recorta “para la foto” sin criterio, también puede salir caro: una seguridad improvisada termina costando más (en riesgos, en operación y en correcciones).
2. Tu vida cotidiana (tiempo): Un Poder Judicial que opera con ruido y contradicciones se vuelve más lento en lo que sí te importa: amparos, sentencias, trámites, criterios. Cada crisis de percepción se traduce en energía institucional gastada en explicar lo accesorio, en vez de resolver lo esencial.
3. Tu bienestar (salud social): Aquí está el fondo: la justicia funciona con leyes, sí, pero también con legitimidad. Si la gente cree que “la austeridad es actuación” o que “la seguridad es privilegio”, se rompe algo delicado: la confianza en que las instituciones se comportan con racionalidad. Y una sociedad que no confía, se polariza, se irrita y se desconecta.
Ahora, el baño de realidad: en México sí existe riesgo real para muchas personas juzgadoras, especialmente en regiones donde decidir conforme a derecho incomoda a intereses violentos. Por eso, reasignar vehículos a quien enfrenta mayor riesgo puede ser sensato.
Pero la sensibilidad está en el “cómo”: si primero se compra con argumentos técnicos y luego se renuncia por presión pública, el mensaje puede salir mezclado. No porque esté mal corregir, sino porque la congruencia no se comunica con volantazos: se comunica con reglas claras, criterios públicos y decisiones explicables.
Mucha gente reacciona con lo que en psicología social se entiende como heurística, un atajo mental para decidir rápido. En sencillo: cuando no podemos auditar todo, juzgamos la justicia por señales visibles. Camioneta blindada, oficina, escoltas, “austeridad”, “Metro”. Esas imágenes se vuelven símbolos que el cerebro usa para responder una pregunta brutalmente simple: ¿me están cuidando o se están cuidando?.
Ese atajo mental no siempre es “justo”, pero es humano. Y por eso el Poder Judicial no puede darse el lujo de enviar señales ambiguas: porque una señal ambigua, en un país cansado, se lee como trampa.
La salida no es “privilegios para nadie” ni “austeridad a ciegas”. La salida es otra: seguridad donde el riesgo es real, austeridad donde el exceso es real, y transparencia para que no sea un acto teatral, sino una política verificable. Si la Corte quiere recuperar confianza, que no solo diga “no las usaremos”: que explique criterios, publique justificación, y sostenga el estándar con real consistencia.
Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia.
