¿Y a mí qué?

Esta semana, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, afirmó que existe una “peligrosa conexión” entre los cárteles y distintos niveles del gobierno mexicano, al grado de calificarlos como “inseparables”. La declaración fue rechazada por el gobierno de México por tratarse de una generalización sin pruebas públicas suficientes. La respuesta era necesaria. Ningún Estado serio puede aceptar que una autoridad extranjera descalifique a todas sus instituciones mediante una afirmación de esa magnitud. Sin embargo, defender la soberanía no debería reducirse a rechazar acusaciones. También exige demostrar que el país posee la capacidad de investigar por sí mismo los hechos que ocurren dentro de su territorio.

El 1 de mayo de 2026, en la entrega número 30 de esta columna, titulada: “Soberanía no es silencio”, sostuve que México actuó correctamente al exigir a Estados Unidos las pruebas necesarias antes de proceder contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia. Esa postura no cambia. El debido proceso existe para impedir que una acusación, por grave que sea, sustituya el trabajo de los tribunales. La presunción de inocencia no es una concesión política, sino una garantía constitucional.

Pero el paso del tiempo ha desplazado el centro del debate. La discusión ya no consiste únicamente en determinar si Estados Unidos debe presentar elementos suficientes para sustentar una solicitud de extradición. Eso corresponde al tratado bilateral y al procedimiento legal. La pregunta que ahora adquiere mayor relevancia es otra: ¿qué ha hecho México para esclarecer, mediante sus propias instituciones, los hechos que presuntamente ocurrieron en territorio nacional?

Una cosa es exigir pruebas para privar de la libertad a una persona. Otra muy distinta es investigar si existen elementos que permitan determinar responsabilidades conforme al derecho mexicano. Confundir ambos planos conduce a una falsa disyuntiva: creer sin reservas en las autoridades estadounidenses o cerrar filas alrededor del gobierno mexicano bajo el argumento de la soberanía. La primera postura convierte una acusación extranjera en una sentencia anticipada. La segunda corre el riesgo de transformar la defensa del debido proceso en inmovilidad institucional. Entre ambos extremos existe una obligación elemental: investigar.

La acusación presentada por el Departamento de Justicia contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses no constituye una declaración de culpabilidad. Pero tampoco puede tratarse como un episodio mediático sin consecuencias. Existe una acusación formal ante una corte federal, relacionada con hechos que, de ser ciertos, habrían ocurrido parcialmente en México. Ese elemento impone una responsabilidad propia al Estado mexicano, independiente de lo que resuelvan las autoridades estadounidenses.

La soberanía no consiste únicamente en impedir que otro país intervenga indebidamente. Consiste también en demostrar que nuestras instituciones pueden cumplir las funciones que la Constitución les encomienda. Por eso el debate no debería concentrarse exclusivamente en las pruebas que Washington ha entregado o dejado de entregar. Debería centrarse en la capacidad del Estado mexicano para producir su propia verdad jurídica.

Estados Unidos puede equivocarse, exagerar o incluso fracasar al intentar demostrar sus acusaciones. Ninguna de esas posibilidades libera a México de averiguar si algún servidor público utilizó su cargo para favorecer intereses criminales. Esa obligación no nació en Washington. Nació con la Constitución mexicana y con las leyes que facultan a la Fiscalía General de la República para investigar los delitos federales cometidos en nuestro territorio.

México ha reformado su Constitución, ha dotado de autonomía a la Fiscalía General de la República, ha creado instituciones de inteligencia financiera y órganos de fiscalización, y destina cada año recursos presupuestales para sostener su sistema de procuración de justicia. Todo ese diseño institucional existe para enfrentar casos de corrupción, delincuencia organizada e infiltración del poder público. Si ante acusaciones de esta magnitud esas capacidades no producen una investigación propia, el problema deja de ser diplomático y se convierte en un cuestionamiento sobre la eficacia del Estado mexicano.

No se trata de exigir condenas anticipadas ni de convertir una investigación penal en espectáculo. Tampoco corresponde pedir que la Fiscalía revele datos cuya reserva resulta necesaria para proteger el debido proceso. Lo que sí puede exigirse es que las instituciones actúen sin depender por completo de expedientes extranjeros. La Fiscalía no necesita esperar que la DEA le entregue toda su investigación para revisar hechos ocurridos en México, antecedentes de violencia política, posibles operaciones financieras nacionales o actuaciones de servidores públicos sometidos a nuestra jurisdicción.

La mejor respuesta a una acusación excesiva no es otra declaración. Es una investigación capaz de sostenerse jurídicamente. Incluso podría concluir que los señalamientos carecen de sustento respecto de alguno o de todos los involucrados. Esa posibilidad debe preservarse. Pero una conclusión de esa naturaleza tendría mayor legitimidad si proviniera de una investigación seria desarrollada en México y no únicamente de una defensa política frente a lo dicho desde Estados Unidos.

La fortaleza institucional no se mide cuando se investiga a los adversarios. Se demuestra cuando las autoridades tienen independencia suficiente para investigar a cualquier persona, sin importar su cargo, su partido o su cercanía con el poder. Ese es el punto central del caso: no decidir si creemos más en Washington o en Palacio Nacional, sino determinar si México puede esclarecer hechos que involucran a figuras políticamente relevantes sin esperar que otro país haga todo el trabajo.

Hace dos meses escribí que la soberanía no era silencio. Hoy agregaría que tampoco puede convertirse en una excusa para delegar la búsqueda de la verdad. Un país soberano no necesita elegir entre obedecer a otro Estado o ignorarlo. Necesita instituciones capaces de investigar, probar y resolver por sí mismas, cualquiera que sea el resultado y cualquiera que resulte afectado.

¿Y a mí qué?

Mucho. Porque cuando un Estado pierde la capacidad de investigar a sus propios centros de poder, los ciudadanos pierden la certeza de que la ley se aplica con el mismo rigor para todos. Un Estado que detiene sin pruebas puede perseguir inocentes, pero uno que no investiga a los poderosos puede garantizar impunidad. La ciudadanía necesita protección frente a ambos riesgos.

Aquí termina el texto, pero empieza una rebelión indispensable: la soberanía no se demuestra cuando un gobierno rechaza las acusaciones de otro país. Se demuestra cuando un Estado es capaz de investigar a los suyos con la misma determinación con la que exige respeto desde el extranjero. El día que México necesite fiscales de otro país para conocer la verdad sobre lo ocurrido dentro de su propio territorio, no habrá perdido solamente un litigio diplomático, habrá perdido su soberanía.