Campo minado

@UTufigno

Imaginen ustedes que al alcance de su mano había un negocio centenario que anualmente reditúa 200 mil millones de pesos; imaginen que de ese monto sólo una pequeña parte se destina al pago de impuestos y que además cuentan con beneficios fiscales, devoluciones y su pago se puede diferir. Imaginen que dicho negocio es la cuarta fuente de divisas para su país.
Imaginen que el 70 % del territorio nacional tiene potencial para la explotación de dicho negocio. Imaginen que su país es el principal productor mundial de uno de los derivados de dicho negocio y que tiene una participación importante en otros rubros del mismo sector. Fabuloso, ¿no? Ahora imaginen que ese negocio era suyo y lo dejaron ir para incorporarse en la senda neoliberal. ¿Cómo se sentirían?, ¿agobiados, frustrados, complacidos?

México es el principal productor de plata en el mundo y está entre los mayores productores de oro y cobre, sin contar otros minerales -no menos importantes comercialmente pero sí menos conocidos- como la fluorita, el bismuto y el plomo. Con datos de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera en la industria minera creció en México en un 224% en el sexenio de Felipe Calderón. ¿A qué se debió ese crecimiento?

El segundo hombre más rico de este país es Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México, la única empresa favorecida con concesiones en minas de cobre desde que el neoliberalismo se hizo gobierno federal; por consecuencia, Grupo México monopoliza la producción de cobre en nuestro país. En su página de internet, Grupo México afirma tener “las mayores reservas de cobre a nivel mundial” y que dicho mineral representa el 65% de sus ingresos.
De acuerdo con la misma fuente, para este año 2018 Grupo México presupuestó hacer una inversión de capital por 2,583 millones de dólares, “con lo que se terminará nuestra expansión en la mina de Toquepala que aumentará la producción anual de cobre en 100,000 toneladas a 250,000 toneladas (sic)”.

Las riquezas minerales están en el subsuelo del territorio y, por definición del artículo 27 constitucional, deberían ser nuestras o al menos deberían destinarse para nuestro beneficio. La legislación minera vigente fue desviada de los principios constitucionales en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, de tal forma que esta industria extractiva permite una inversión extranjera del 100%, como en los mejores tiempos del porfiriato (Ley Minera del 25 de noviembre de 1909).

La explotación minera, tal y como se realiza en nuestro país, acarrea otra serie de problemas: graves daños al medio ambiente, especialmente cuando se hace a cielo abierto, además de que demanda una gran cantidad de agua para la extracción de los minerales; paradójicamente, la mayor cantidad de proyectos mineros se desarrollan en estados con carencia de agua (Sonora, Durango, Zacatecas, por ejemplo).

En países comprometidos con el ambiente, la minería a cielo abierto está prohibida o al menos muy restringida por los graves daños que ocasiona (se abre una enorme oquedad en el terreno que puede abarcar varias decenas de hectáreas y profundidades de hasta 500 metros, en donde se vierten sustancias tóxicas que se filtran al subsuelo y contaminan los mantos acuíferos).
Pero no es sólo el daño al medio ambiente, sino también la afectación a los derechos (consentimiento previo informado) de las comunidades indígenas y la violación a los derechos de los trabajadores de esta industria, quienes carecen de medidas de protección adecuadas y seguridad social.  

En los últimos años del porfiriato, la Greene-Cananea Cooper Company empleaba seis mil mineros mexicanos y seiscientos norteamericanos en la extracción de cobre en el estado de Sonora; los trabajadores mexicanos ganaban la mitad de lo que ganaban los extranjeros, a pesar de que hacían el mismo trabajo. Para buscar mejorar sus condiciones, los trabajadores organizaron un sindicato y se lanzaron a la huelga la noche del 31 de mayo de 1906. Este movimiento fue un precursor de la Revolución de 1910.

El accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos en 2006, propiedad de Grupo México, reveló que los trabajadores de esta industria aún trabajan en condiciones infrahumanas y sin derechos laborales. Y un dato más: se estima que los gobiernos de Fox y Calderón concesionaron para la industria minera una superficie equivalente al 26% del territorio nacional.