CdMx: autonomía de papel
@UTufigno
La Ciudad de México, capital de la República, histórica sede de los Poderes de la Unión y de trascendentes acontecimientos políticos y sociales, está siendo tratada con el mayor desprecio por quienes tienen a su cargo el poder real y formal sobre ella. Desde la época en la que Álvaro Obregón –aún como candidato- decidió suprimir los municipios en la capital del país, ésta no había sido objeto de tanta humillación.
Lo mucho o poco que se había ganado por la construcción ciudadana, en pocos meses se ha derrumbado por la ambición de unos cuantos, principalmente por quienes son vecinos en el Zócalo de la capital. Con bombo y platillo, este año anunciaron el adiós del Distrito Federal y dieron la bienvenida a la Ciudad de México, lo que constituye un primer engaño.
Desde siempre –aunque suene exagerado- la Ciudad de México ha sido la Ciudad de México, tanto que su raíz etimológica proviene del náhuatl (en el ombligo de la Luna); si no fuera así, nuestros nacionalistas legisladores seguramente la hubieran bautizado como “Nuevo Washington” o “Neoliberalandia”. Pero no, cualquier viajero por las carreteras de nuestro país sabe que desde hace años los letreros que dirigen su ruta hacia la capital se refieren a ésta como “México”.
El segundo engaño, menos obvio, es el que se refiere a lo que se denomina “naturaleza jurídica” de la Ciudad de México, es decir, su esencia. En este caso debemos entender que México es un Estado federal, integrado por estados libres y soberanos, y que la Ciudad de México es, ha sido y seguirá siendo -por un buen rato- la capital del país y sede de los poderes federales. Esta coexistencia derivó en la denominación de “Distrito Federal”, que es esencialmente correcta conforme a la teoría del federalismo.
Sin embargo, desde la reforma hecha en octubre de 1993 al artículo 44 de la Constitución, se especificó que “la Ciudad de México es el Distrito Federal”. Así, afirmar que en 2016 “nació la CdMx” es, por decirlo suavecito, una monumental mentira. Y como todavía hay quienes muestran confusión, cabe repetirlo una vez más: la Ciudad de México no se convirtió en un estado.
La llamada reforma “en materia de la reforma política de la Ciudad de México” de enero de 2016, modificó diversos artículos constitucionales en los que se reitera que la capital no es un estado y por lo mismo tampoco goza de las características de éstos. En cambio, lo que sí señala la Constitución es que los estados son “libres y soberanos” (art. 40) y que la Ciudad de México goza de autonomía (arts. 103 y 122). Pues bien, sin entrar a fondo sobre la distinción entre una y otra calidad, quisiera entender que la autonomía implica darse un gobierno y unas normas propias. Pero parece que con esta reforma ocurre todo lo contrario.
En las semanas recientes los habitantes de la capital, alguna vez retratada como “la región más transparente”, hemos sufrido los inconvenientes de una serie de medidas impuestas ante una supuesta “emergencia ambiental”. No obstante, dichas medidas, encaminadas esencialmente a disminuir la circulación vehicular, se parecen más a los golpes que una persona vendada de los ojos le intenta dar a una piñata, que al resultado de un estudio científico.
Para empezar, las restricciones fueron determinadas desde la sala de juntas de un grupo de destacados ambientalistas: los gobernadores de los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el titular de la SEMARNAT, quienes conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es decir, siete políticos deciden e imponen a los habitantes de la Ciudad de México sus determinaciones. Así sean contrarias al sentido común.
Bajo las anteriores consideraciones, yo me pregunto: ¿entonces quién gobierna en la Ciudad de México? ¿En qué consiste su supuesta autonomía? Y me lo pregunto no sólo por el tema ambiental, sino porque en breve los ciudadanos de la capital tendremos el “derecho” de elegir a 60 constituyentes de un total de 100, lo que en buen castellano significa que los restantes 40 constituyentes impuestos podrán mover la balanza hacia donde mejor convenga a los intereses de quienes ya ejercen el control en la Ciudad de México.
