Corazón Amigo, un programa de corte progresista

 
¿Por qué causa tanto encono a ciertos personajes el programa social “Corazón Amigo”? A simple vista se puede sentir la rabia que levanta, ¿será porque en su padrón lleva desde que fue implementado (2014) a la fecha, más de 39 mil personas inscritas?
    Y otra pregunta obligada, ¿por qué decir que este programa lastima?, si cada 30 días, y en este caso, ahora será a los dos meses cuando vía tarjeta electrónica baje el apoyo económico, es decir, serán mil pesos, y continuarán vigentes.
    Recordemos que el gobernador Arturo Núñez fijó un compromiso, y lo hizo desde su campaña electoral, y fue con los grupos vulnerables, a los cuales orientaría un gasto público en el rubro de Desarrollo Social, específicamente en la Secretaría de Desarrollo, para bajarlo a través de Corazón Amigo, donde se otorgarían los 500 pesos mensuales. Para algunos es muy poco, para otros el gobierno debería abstenerse de entregar este tipo de apoyos en efectivo. Habría que estar en los zapatos de los necesitados para valorar la importancia de esta ayuda.
    Desde un principio actores políticos opositores (identificados con el PRI-PVEM, sobre todo) lanzaron críticas, y dijeron que todo era para beneficio electorero. No lo dijeron cuando Andrés Granier puso su famoso “Te da más”, con la diferencia de que Corazón Amigo ya es convirtió en Ley. El programa tiene un solo fin: asistir a las personas con discapacidad y que vivan en situaciones de pobreza, y además, sustentado en el Plan Estatal de Desarrollo, en su artículo 28, inciso C.
    Arturo Núñez en su momento afirmó que con Corazón amigo se daba el primer paso en el establecimiento de programas de corto, mediano y largo plazo, tendientes a crear condiciones adecuadas para el desarrollo integral de las personas en situación vulnerable, y al mismo tiempo dotarlas de herramientas necesarias para que puedan aspirar a una mejor calidad de vida. Quién, desde la izquierda, podría estar en contra de un programa eminentemente social.
    Arturo Núñez ha dicho que para asegurar un trato digno a las personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), coadyuvaría en las labores de difusión del programa, y asistiría al Gobierno del Estado con una agenda intensa de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos de este grupo social, que de acuerdo con el INEGI está compuesto por 87 mil 235 individuos.
    Es decir, no fue sólo lanzar un programa que navegara a la deriva, sino más bien implementado en razón de una realidad, trabajando desde varios ángulos que convergen en un solo punto: ayudar.
    El reto es fortalecer la dignidad de las personas que son estigmatizadas por prejuicios injustificados. Es por eso que resulta un imperativo del gobierno trabajar para remover obstáculos materiales y estereotipos sociales que fomentan dinámicas de marginación.
    Rememorando, las reglas de operación fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, y añadió que para el registro de beneficiarios estarían disponibles 496 centros de salud, 11 hospitales comunitarios y generales, 10 centros tipo CESSA, además de las 69 unidades móviles de las Caravanas de la Salud, y las oficinas de la SDS. 
    En voz de la coordinadora del programa, Nidia Naranjo Cobián, sabemos que durante los meses de enero y febrero de 2016, se dio continuidad con la entrega de apoyos en los 17 municipios del Estado, en este período se entregaron un total de 1,046 tarjetas de pago a personas con discapacidad, por un monto de 6 mil pesos por beneficiario, lo correspondiente al período de enero-diciembre 2015.
    Y enfatizó que hay presupuesto para continuar, aclarando igual que el gobierno no está tomando recursos de obra social para financiar a Corazón Amigo.
    “El gobernador del estado envió una iniciativa al Congreso local para que los apoyos sean permanentes y de por vida de acuerdo a la Ley”.
    Con el tiempo se valorará este iniciativa que debe ser acompañada de otras acciones contra la desigualdad. Habrá que recordar que fue consigna del Movimiento Democrático impulsado por López Obrador y también por los sectores progresistas de la clase política que el Estado asumiera su responsabilidad en programas que aminoren la pobreza.