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La Verdad del Sureste

Desobediencia


El año de 1968 fue el elegido por el gobierno de México para mostrarse al mundo. Lo haría vía la transmisión de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en la capital del país. De esta forma demostraría que México era un país moderno, con estabilidad y gobernabilidad. Al menos ése era su plan. Lo que ocurrió realmente y la imagen que el mundo se llevó fue otra: fue la cara de la represión y del asesinato como forma de mantener el control social.
    Enero de 1969. El caricaturista Eduardo del Río “Rius” es sacado de las oficinas en las que laboraba, por agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad. Vendado de los ojos y sometido al interior de un vehículo, es llevado –luego de varias horas de “paseo”- hasta unas instalaciones ubicadas por el Nevado de Toluca. Lo que sigue a continuación, una historia poco conocida, lo escuché de su propia voz.
    A Rius lo habían detenido porque de acuerdo a los informes de “inteligencia”, él era uno de los autores intelectuales del movimiento del 68. ¿Las pruebas? Qué más pruebas puede haber que la publicación de “Los agachados” y “Los supermachos”. Rius era interrogado al respecto hasta que su negativa desesperó a los agentes, quienes decidieron reforzar sus métodos científicos de investigación.
    El caricaturista, con quien muchos nos iniciamos en política a través de sus publicaciones, fue puesto frente a un “pelotón de fusilamiento” que una y otra vez simulaba descargar sus armas en su contra si se rehusaba a hablar de la conspiración que había existido o existía en la mente del gobierno. No lo mataron, pero Rius supo que ese emblemático volcán bien pudo haber sido la tumba de cientos de desaparecidos de aquellos años.
    En realidad, si salvó la vida fue por la intervención del ex presidente Lázaro Cárdenas, quien era su tío. El general habló personalmente con Díaz Ordaz y éste ordenó su liberación. Una suerte que no tuvieron muchos otros que fueron torturados y asesinados por las mismas causas.
    A pesar de los discursos oficiales y de la desaparición de la DFS, el sismo del 85 reveló que la tortura y el secuestro seguían siendo prácticas habituales y compañeras de los métodos de investigación. En los escombros del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fueron encontrados los cuerpos de dos colombianos y cuatro mexicanos. Alguien podrá decir: “es que el temblor fue catastrófico”. Sí, pero los cadáveres fueron encontrados en el gimnasio de la Procuraduría, con huellas de tortura.
    También, en lo que había sido el estacionamiento de la institución, fue encontrado el cadáver de otra persona –un abogado penalista- en la cajuela de un vehículo. ¿Será que alguien sea capaz de afirmar que se refugió en el vehículo para protegerse del sismo? Después se sabría que al interior de la Procuraduría había “zonas especiales” y que algunos hoteles cercanos eran usados como cárceles clandestinas.
    La tortura, como método de investigación, ha sido una práctica sistemática de los cuerpos policiales y del ejército. Incluso, en épocas tan recientes como el presente siglo, el estacionamiento del edificio sede de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ha sido señalado como el lugar en el que esta práctica se ha llevado a cabo.
    En días pasados circuló ampliamente un video en el que una mujer es torturada por elementos del ejército y de la policía federal: la asfixian con una bolsa de plástico y le colocan un rifle en la cabeza. La difusión del hecho, ocurrido el año pasado en Guerrero, mereció la rápida respuesta de las fuerzas castrenses: “la cabo y el capitán fueron detenidos el 5 de enero, están en una prisión militar y a disposición del juez quinto militar”. Brillante, salvo por un detalle: los militares involucrados fueron acusados del delito de “desobediencia”.
    Aunque se niegue y trate de minimizar la práctica de la tortura, y aún existan “ciudadanos ofendidos” que la justifiquen (¿verdad, señora Wallace?), el sometimiento físico de reales o presuntos culpables que existe en el México del Siglo XXI es una de las brechas que nos aleja de los derechos humanos y nos regresa al mundo de la barbarie. Algo para lo cual Peña Nieto carece de respuestas ante el mundo.        

 

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