Durante el régimen presidencialista y de partido único vigente de 1929 a 2000, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo carácter independiente en lo que toca a asuntos privados, pero en los públicos se sometió a la voluntad del Poder Ejecutivo. Varios ministros destacaron por sus opiniones bien fundadas, pero la suerte de la Corte y sus resoluciones no provocaron siquiera curiosidad para el gran público. Esta situación empezó a cambiar con una reforma tempranera de Ernesto Zedillo, que reorganizó el tribunal supremo. En la etapa en que ha transcurrido la vida de “la nueva Corte”, los fallos siguieron siendo aún previsibles y la influencia del Poder Ejecutivo muy poderosa. Sin embargo, es hasta fecha reciente que parece revivir la Corte y convertirse en lo que es: un órgano supremo que dicta la última palabra en conflictos privados y públicos.
¿Por qué actualmente resulta relevante el origen de los nombramientos de los ministros y su ideología y por qué se han vuelto asuntos de interés las resoluciones de la Corte que tan poco atraían la curiosidad pública?
Un análisis interesante es comprobar qué resoluciones han sido favorables a las iniciativas del gobierno y cuáles contrarias. Nos encontramos entonces con una sorpresa: las resoluciones de la SCJN han avalado indistintamente los actos impugnados que son intereses del gobierno.
Permítanme citar algunos ejemplos de los casos más representativos en los que la Corte ha resuelto en contra del interés del gobierno: la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la legislación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, la ley Zald í var y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y los que ha resuelto a favor: la consulta popular, la figura de los s u perdelegados, ley del uso de la fuerza, la legislación eléctrica y otras.
Además, ha sido particularmente sensacional la discusión en torno a la figura de la prisión preventiva oficiosa, en la que el proyecto del ministro Luis María Aguilar encontró vasta resistencia, al punto de que tuvo que retirarlo para reconstruir su propuesta en busca de consenso.
Nos esperan grandes sorpresas, porque las instituciones están cobrando vida y han dejado de ser las estructuras inertes del pasado, cuando la Corte se ajustaba a las intenciones y a las decisiones de la Presidencia como poder absoluto en los asuntos públicos.
¿Por qué actualmente resulta relevante el origen de los nombramientos de los ministros y su ideología y por qué se han vuelto asuntos de interés las resoluciones de la Corte que tan poco atraían la curiosidad pública?
Un análisis interesante es comprobar qué resoluciones han sido favorables a las iniciativas del gobierno y cuáles contrarias. Nos encontramos entonces con una sorpresa: las resoluciones de la SCJN han avalado indistintamente los actos impugnados que son intereses del gobierno.
Permítanme citar algunos ejemplos de los casos más representativos en los que la Corte ha resuelto en contra del interés del gobierno: la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la legislación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, la ley Zald í var y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y los que ha resuelto a favor: la consulta popular, la figura de los s u perdelegados, ley del uso de la fuerza, la legislación eléctrica y otras.
Además, ha sido particularmente sensacional la discusión en torno a la figura de la prisión preventiva oficiosa, en la que el proyecto del ministro Luis María Aguilar encontró vasta resistencia, al punto de que tuvo que retirarlo para reconstruir su propuesta en busca de consenso.
Nos esperan grandes sorpresas, porque las instituciones están cobrando vida y han dejado de ser las estructuras inertes del pasado, cuando la Corte se ajustaba a las intenciones y a las decisiones de la Presidencia como poder absoluto en los asuntos públicos.
