Esta auditoría se realizó tras la desaparición del CJF derivada de la reforma judicial
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que hasta hace poco funcionaba como el órgano administrativo, de vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) bajo la presidencia de la Ministra Norma Piña Hernández (quien también encabezaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN), incurrió en un probable daño a la Tesorería de la Federación por un monto de $272.4 millones de pesos, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El lapso fiscalizado, correspondiente al penúltimo año de funciones del CJF antes de su reciente extinción a causa de la reforma judicial, arrojó serias deficiencias en el cumplimiento de las leyes de contrataciones públicas y una preocupante falta de documentación que soporte millonarios pagos a proveedores.
La Auditoría Forense y los pagos sin comprobar
El informe de la ASF, presentado en la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, fue resultado de una revisión forense exhaustiva que puso bajo la lupa la gestión de los recursos del extinto CJF.
La principal anomalía detectada radica en la realización de pagos a proveedores por servicios esenciales sin contar con la documentación legalmente requerida que acreditara su efectiva prestación. La Auditoría Superior desglosó el presunto quebranto de la siguiente manera:
| Rubro de Pago | Monto sin Acreditación (Millones de Pesos) | Descripción de la Irregularidad |
|---|---|---|
| Servicios Tecnológicos, Impresión y Soporte | $201.0 millones | Falta total de documentación comprobatoria por servicios de tecnología, digitalización e impresión. |
| Mantenimiento y Limpieza | $49.4 millones | Pagos realizados a proveedores sin la justificación ni acreditación de los trabajos de mantenimiento y limpieza de inmuebles. |
| Seguridad y Vigilancia | $21.4 millones | Desembolsos por servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones sin el soporte documental de su prestación. |
| Total Pendiente por Aclarar | $272.4 millones |
Omisión en la aplicación de fianzas
Adicionalmente a los pagos no acreditados, la ASF señaló que el CJF demostró falta de diligencia al no hacer efectiva una póliza de fianza por $431 mil pesos.
Este monto correspondía a una penalización que debió aplicarse a un proveedor de servicios de comedor institucional en las instalaciones de Toluca, debido a que el servicio fue suspendido durante dos meses.
En total, la ASF determinó que el monto pendiente por aclarar asciende a $272 millones 437 mil 450 pesos.
Violación a normas y consecuencias legales
“La falta de documentación en pagos por $272 millones refleja graves deficiencias en control y transparencia del extinto CJF”, advirtió la ASF.
La Auditoría concluyó de manera contundente que estas irregularidades no solo representan un probable daño patrimonial, sino que también constituyen una violación a distintas normativas, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Según el organismo fiscalizador, las acciones emprendidas por el CJF para reforzar su control interno fueron insuficientes para garantizar la observancia de la ley y el cumplimiento de sus objetivos, lo que socava los principios fundamentales de transparencia, control y rendición de cuentas en el manejo del erario público.
Como resultado directo de estas anomalías, la ASF ha iniciado 11 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), con el fin de investigar y castigar a los servidores públicos del CJF que resulten responsables de las omisiones e irregularidades detectadas.
Contexto de la Reforma Judicial: Es importante destacar que esta auditoría se realizó tras la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal como parte de la reciente reforma al Poder Judicial.
Las funciones y la infraestructura del extinto CJF fueron transferidas al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, siendo este nuevo organismo el que deberá dar seguimiento y responder a las observaciones y requerimientos de aclaración de la ASF.
#TomaNota:
La ASF podrá turnar el caso a la Fiscalía General de la República si los hallazgos configuran posibles delitos por daño al erario.
