En entregas anteriores me he referido a este tema en donde he criticado y propuesto reformas tanto por lo que hace a los donativos gubernamentales como a los fideicomisos con recursos públicos. Las cosas, sin embargo, no sólo continúan igual, sino que empeoran trimestre tras trimestre. Veamos.
Primero. Es importante recordar que por la propia naturaleza jurídica del fideicomiso se requiere un esfuerzo mayor para ejercer escrutinio social y exigir rendición de cuentas que el gasto público que ejercen directamente los poderes del Estado y sus organismos autónomos.
Este asunto no es menor. Hasta el 30 de septiembre pasado existían 367 fideicomisos o análogos en el ámbito federal con fondos que ascienden a 384 mil 129 millones de pesos.
El destino de esa cifra multimillonaria no requiere de mucha explicación. 121 mil millones, 240 millones de pesos están destinados al pago de pensiones, por supuesto, distintas a las otorgadas por el IMSS, el ISSSTE y otros sistemas de seguridad social que, en el mejor de los casos, son a los que podrían aspirar casi todos los mexicanos que consiguen una jubilación. 22 mil 551 millones de pesos están previstos para “prestaciones laborales”; es decir, además de los sueldos de los servidores públicos previstos en el Presupuesto de Egresos. 28 mil, 808 millones de pesos están reservados para “subsidios y apoyos” en donde todo cabe y 70 mil 293 millones de pesos para “apoyos financieros”. De la misma manera, se han generado mecanismos para evitar cumplir la ley de adquisiciones en materia de seguridad.
El “Fideicomiso para la Plataforma de infraestructura, mantenimiento y equipamiento de seguridad pública y aeronaves” tiene fondos que llegan a 4 mil millones de pesos. ¿Usted creería como acto de fe que el secretario Genaro García Luna invertirá esos recursos con toda pulcritud pensando en el bienestar de México? ¿No será razonable pensar que haya alguna posibilidad- así sea muy remota- que la opacidad puede permitir corrupción e impunidad al amparo de la “seguridad”?
Segundo. En materia de donativos que se otorgan a personas privadas con recursos públicos, la discrecionalidad prevista en la ley permite asignar parte del erario sin ningún mecanismo de evaluación, pertinencia y oportunidad. Esta circunstancia coadyuva a desnaturalizar la función del Estado.
Un análisis del tercer informe trimestral del gasto público del 2010 permite, de entrada, observar cómo por ejemplo las organizaciones sociales de carne y hueso reciben donativos con cantidades testimoniales y, por el contrario, los grandes grupos de interés perciben ayudas millonarias. Así, por ejemplo, es de llamar la atención como el Instituto Mexicano del Seguro Social subsidia a sus vigilantes, la Asociación de Apoyo a Jubilados y Pensionados del MUNJP A.C. a la cual le donó el tercer trimestre de este año 5 millones 210 mil pesos para “apoyar las funciones propias de la Asociación”.
El ISSSTE sigue manteniendo relaciones inadecuadas con su sindicato al cual le donó durante el mismo periodo 4 millones de pesos para “apoyar actividades de seguridad social”. Asimismo otorgó un donativo de 3 millones 500 mil pesos a la Asociación Nacional de Servicio Voluntario A.C. que preside la esposa del Director General del propio ISSSTE. ¿No existe aquí en principio un conflicto de interés? De nueva cuenta, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta) mantiene su política de apoyar a quienes tienen muchas otras formas de financiar sus actividades.
En el 2009 asignó un donativo de 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente A.C. (agrupación que organiza a los industriales de la radio y televisión de Jalisco) y este 2010 el apoyo ascendió a 35 millones de pesos.
Asimismo, Conaculta ha donado este año 10 millones de pesos a Sumando Amor A.C. que aparentemente tendrían como fin ayudar a la remodelación de la antigua Basílica de Guadalupe.
“Sumando Amor, es una asociación civil legal y transparente que busca recaudar fondos en dinero, ayuda en especie y esfuerzo por parte de la sociedad mexicana” dijo un boletín fechado el 12 de octubre del 2007 por el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México donde anuncia que es parte del movimiento de la propia Arquidiócesis.
¿Por qué debe Conaculta regalar dinero que no es suyo a empresarios y a la Iglesia Católica, además en su expresión más conservadora y con altísimos ingresos? ¿Dónde quedó la separación de la Iglesia y el Estado consagrada desde la Constitución de 1857 y ahora prevista en el artículo 130 de la Constitución de 1917?
Tercero. La falta de un adecuado control de donativos y fideicomisos hace que tráfico de influencias, conflicto de interés y muchas otras formas de corrupción se puedan presentar.
De ahí por tanto la urgencia de que se reforme la ley para que en materia de donativos se establezca comisiones dictaminadoras, criterios de asignación y seguimiento y evaluación de proyectos.
Y en materia de fideicomisos con recursos públicos, de entrada, debe eliminarse el secreto fiduciario, de tal suerte que más temprano que tarde esta figura legal pierda su sentido cuando haya recursos de la sociedad. Sólo así se podrían dar pasos efectivos en materia de transparencia que ahora no existen.
Evillanueva99@yahoo.com
Primero. Es importante recordar que por la propia naturaleza jurídica del fideicomiso se requiere un esfuerzo mayor para ejercer escrutinio social y exigir rendición de cuentas que el gasto público que ejercen directamente los poderes del Estado y sus organismos autónomos.
Este asunto no es menor. Hasta el 30 de septiembre pasado existían 367 fideicomisos o análogos en el ámbito federal con fondos que ascienden a 384 mil 129 millones de pesos.
El destino de esa cifra multimillonaria no requiere de mucha explicación. 121 mil millones, 240 millones de pesos están destinados al pago de pensiones, por supuesto, distintas a las otorgadas por el IMSS, el ISSSTE y otros sistemas de seguridad social que, en el mejor de los casos, son a los que podrían aspirar casi todos los mexicanos que consiguen una jubilación. 22 mil 551 millones de pesos están previstos para “prestaciones laborales”; es decir, además de los sueldos de los servidores públicos previstos en el Presupuesto de Egresos. 28 mil, 808 millones de pesos están reservados para “subsidios y apoyos” en donde todo cabe y 70 mil 293 millones de pesos para “apoyos financieros”. De la misma manera, se han generado mecanismos para evitar cumplir la ley de adquisiciones en materia de seguridad.
El “Fideicomiso para la Plataforma de infraestructura, mantenimiento y equipamiento de seguridad pública y aeronaves” tiene fondos que llegan a 4 mil millones de pesos. ¿Usted creería como acto de fe que el secretario Genaro García Luna invertirá esos recursos con toda pulcritud pensando en el bienestar de México? ¿No será razonable pensar que haya alguna posibilidad- así sea muy remota- que la opacidad puede permitir corrupción e impunidad al amparo de la “seguridad”?
Segundo. En materia de donativos que se otorgan a personas privadas con recursos públicos, la discrecionalidad prevista en la ley permite asignar parte del erario sin ningún mecanismo de evaluación, pertinencia y oportunidad. Esta circunstancia coadyuva a desnaturalizar la función del Estado.
Un análisis del tercer informe trimestral del gasto público del 2010 permite, de entrada, observar cómo por ejemplo las organizaciones sociales de carne y hueso reciben donativos con cantidades testimoniales y, por el contrario, los grandes grupos de interés perciben ayudas millonarias. Así, por ejemplo, es de llamar la atención como el Instituto Mexicano del Seguro Social subsidia a sus vigilantes, la Asociación de Apoyo a Jubilados y Pensionados del MUNJP A.C. a la cual le donó el tercer trimestre de este año 5 millones 210 mil pesos para “apoyar las funciones propias de la Asociación”.
El ISSSTE sigue manteniendo relaciones inadecuadas con su sindicato al cual le donó durante el mismo periodo 4 millones de pesos para “apoyar actividades de seguridad social”. Asimismo otorgó un donativo de 3 millones 500 mil pesos a la Asociación Nacional de Servicio Voluntario A.C. que preside la esposa del Director General del propio ISSSTE. ¿No existe aquí en principio un conflicto de interés? De nueva cuenta, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta) mantiene su política de apoyar a quienes tienen muchas otras formas de financiar sus actividades.
En el 2009 asignó un donativo de 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente A.C. (agrupación que organiza a los industriales de la radio y televisión de Jalisco) y este 2010 el apoyo ascendió a 35 millones de pesos.
Asimismo, Conaculta ha donado este año 10 millones de pesos a Sumando Amor A.C. que aparentemente tendrían como fin ayudar a la remodelación de la antigua Basílica de Guadalupe.
“Sumando Amor, es una asociación civil legal y transparente que busca recaudar fondos en dinero, ayuda en especie y esfuerzo por parte de la sociedad mexicana” dijo un boletín fechado el 12 de octubre del 2007 por el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México donde anuncia que es parte del movimiento de la propia Arquidiócesis.
¿Por qué debe Conaculta regalar dinero que no es suyo a empresarios y a la Iglesia Católica, además en su expresión más conservadora y con altísimos ingresos? ¿Dónde quedó la separación de la Iglesia y el Estado consagrada desde la Constitución de 1857 y ahora prevista en el artículo 130 de la Constitución de 1917?
Tercero. La falta de un adecuado control de donativos y fideicomisos hace que tráfico de influencias, conflicto de interés y muchas otras formas de corrupción se puedan presentar.
De ahí por tanto la urgencia de que se reforme la ley para que en materia de donativos se establezca comisiones dictaminadoras, criterios de asignación y seguimiento y evaluación de proyectos.
Y en materia de fideicomisos con recursos públicos, de entrada, debe eliminarse el secreto fiduciario, de tal suerte que más temprano que tarde esta figura legal pierda su sentido cuando haya recursos de la sociedad. Sólo así se podrían dar pasos efectivos en materia de transparencia que ahora no existen.
Evillanueva99@yahoo.com
