La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el miércoles pasado su iniciativa de reforma electoral, que será enviada al Congreso de la Unión este lunes 2 de marzo.
Esta propuesta busca actualizar el sistema electoral mexicano bajo cuatro ejes principales: democratización de la representación proporcional, reducción de costos, mayor fiscalización y transparencia, y fortalecimiento de la democracia participativa.
La reforma consta de 10 puntos clave, según lo detallado por la Secretaría de Gobernació y la propia mandataria.
Uno de los puntos principales y que más resistencias encontrará en San Lázaro, por la oposición y entre los partidos aliados, es la eliminación de las listas plurinominales decididas por las cúpulas partidistas.
En su lugar, los ciudadanos votarán directamente por candidatos a diputados y senadores de representación proporcional. Esto implica que no habrá "pluris" automáticos, sino que todos los legisladores serán electos por voto directo.
El Senado pasaría de 128 a 96 integrantes (tres por entidad, incluyendo la primera minoría). La Cámara de Diputados se mantendría en 500, pero con 300 uninominales y 200 de representación proporcional electos directamente.
La iniciativa presidencial propone también una disminución del 25% en los costos de las elecciones, incluyendo una baja en el financiamiento público a partidos y cambios en los tiempos oficiales en medios.
Incluye auditorías más estrictas a partidos que pierdan registro y eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en su forma actual, aunque no se detalla un reemplazo inmediato.
Se veta la reelección inmediata para legisladores federales y locales, así como para cargos ejecutivos en estados y municipios. Se establece una veda explícita al nepotismo en cargos públicos, medidas para facilitar y ampliar el sufragio de mexicanos en el exterior y se normará el uso de la Inteligencia Artificial en campañas para evitar manipulaciones.
La reforma electoral busca erradicar el uso de cuentas falsas y campañas digitales manipuladas e incluye una actualización general del Instituto Nacional Electoral (INE) para alinearlo con estándares internacionales, aunque sin detalles sobre su autonomía o estructura profunda.
La iniciativa requiere una mayoría calificada (dos tercios) en ambas cámaras del Congreso para aprobarse, ya que implica cambios constitucionales. Morena y sus aliados (PVEM y PT) tienen mayoría simple, pero el PT ya anunció que no la respaldará, argumentando que podría llevar a un "partido de Estado" hegemónico similar al viejo PRI.
El PVEM también ha mostrado reservas, lo que complica su avance sin negociaciones. Esta reforma representa un intento de democratizar el sistema electoral mexicano, alineándose con demandas históricas de transparencia y eficiencia.
La reducción del 25% en costos electorales (que en 2024 superaron los 30 mil millones de pesos) podría liberar recursos para prioridades sociales como salud o educación. Esto responde a críticas recurrentes sobre el alto costo del INE y los partidos, posicionando a México más cerca de modelos como el de países europeos donde las elecciones son más austeras.
Si se aprueba, esperaríamos elecciones más baratas a partir de 2027, con un impacto fiscal positivo.
Al eliminar listas plurinominales y hacer que todos los legisladores sean electos directamente, se fortalece el principio de "un voto, un representante". Esto podría reducir el clientelismo partidista y empoderar a los votantes, especialmente en un país donde los "pluris" han sido vistas como puertas traseras para líderes sin apoyo popular.
Además, la IA y los bots regulares podrían limpiar las campañas digitales, reduciendo la desinformación como la vista en elecciones pasadas.
El énfasis en el voto extranjero y la prohibición de nepotismo y reelección inmediata promueve una democracia más inclusiva y menos dinástica, alineada con tendencias globales hacia la rotación de poder.
Dado el rechazo del PT y dudas del PVEM, es probable que la reforma no pase intacta. Podría negociarse para mantener algunos plurinominales o ajustar la reducción de legisladores, resultando en una versión más moderada para 2027. Si Morena presiona, podría aprobarse con votos prestados de oposición, pero con concesiones.
Sin embargo, la presidenta ha dicho con toda claridad que la eliminación de las listas no es negociable, porque no quiere una reforma “diluida” o “descafeinada”. Si no la quieren en los términos en que está redactada, que los aliados asuman los costos políticos cuando se informe al pueblo quiénes se opusieron.
Se espera un intenso escrutinio y debate en el Congreso, con opositores como PRI, PAN y MC acusando intenciones hegemónicas. Si se aprueba, podría judicializarse ante la Suprema Corte, demorando su implementación.
Esta reforma es un paso ambicioso hacia una democracia más austera y ciudadana, pero su éxito depende de equilibrar la eficiencia con el pluralismo.
Este domingo, la presidenta Sheinbaum defendió la eliminación de las listas de legisladores plurinominales para que ya no sea una atribución de las cúpulas partidistas, sino elegidos por el voto de los ciudadanos.
“Los famosos plurinominales, que se definen hoy por listas. Esas listas las definen hoy las cúpulas de los partidos y se eligen por lo general a los mismos. La propuesta es muy sencilla, está bien que haya 200 de acuerdo a la proporción de los partidos, pero que esos 200 los elija el pueblo", planteó en su gira por Baja California Sur.
“Se molestan mucho, pero nosotros hicimos un compromiso con el pueblo, y cuando hacemos compromisos lo cumplimos, y la presidenta está cumpliendo", dijo. Es indudable que quienes se oponen es porque defienden sus propios intereses.
