¿DÓNDE ESTÁN LOS BIENES INCAUTADOS?

El desorden en el manejo de los bienes incautados a mafiosos, miembros de la delincuencia, secuestradores o narcos, continúa. Ya sea que hayan sido apresados o que el gobierno federal los presente como detenidos –sin realmente estarlo o sin que realmente existan-, el manejo y la manipulación de los bienes de tales sujetos, sigue aumentando.
    El SABA no era la marca de toallas íntimas para días de menstruación de las mujeres. No. Así le llamaron los economistas neoliberales, a la dependencia que administra los bienes asegurados e incautados a los delincuentes. Le re denominaron Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA).
    Luego -por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2002, que entró en vigor el 17 de junio de 2003-, le llaman Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) o SAEB.
    En 2010 se denominaba Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), luego de que en diciembre de 2004 se modificó la ley -se publicó el 6 de febrero de 2005-.
    El SAE surgió a partir del FIDELIQ (Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito) y del SERA; recibe bienes, para su administración y enajenación, incautados, asegurados, decomisados y confiscados.
    Pocos entes del Estado tienen a su cargo activos comparables con los de PEMEX, o CFE, como SAE; más de un billón de pesos en bienes que se le han quitado a los mafiosos, secuestradores o narcos –a los politicastros casi no les incautan nada-. Con una gran diferencia: sólo tiene 141 funcionarios para estar al frente de ese capital disperso en más de 30.000 bienes, y una gran similitud a PEMEX y CFE: está siendo mal –pésimamente- administrada.
    Existe el Centro de Control de Bienes Asegurados de la PGR (CENACBA), que supuestamente tiene el control permanente de los bienes que los MPs Federales aseguran en los procedimientos penales. Ahí hay bienes: administrales, para entrega a autoridades de materia, para destrucción, de utilidad social y de utilidad inmediata.
    Nadie, si es simple ciudadano -seguramente tampoco los organismos de fiscalización- sabe cómo o quién los tiene y los administra, ni mucho menos su destino final. ¿Ni Peña, Videgaray y Osorio? Son miles de millones de pesos ahí concentrados.
    Para que su situación mejore y deje de ser el foco de corrupción en el que se ha convertido, no han valido escándalos -sucedidos en las administraciones panistas -Fox y Calderón-, ni promesas de reestructuración -vinieron al arribo de Peña-. Aunque todos, en sus el gobiernos, han nombrado como directores a persona de su entraña.
    La situación es dramática. Nadie en la SAE sabe con certeza qué hay, dónde está y quién lo tiene. Cada día se acumulan más riesgos para las finanzas del Estado por el desgreño en la administración de las fortunas incautadas: sólo hay que medir el monto de las demandas contra los que se supone son dueños o a quienes se les incautaron tales bienes.
    Persiste la duda de por qué mientras el gobierno ha tenido la decisión y la capacidad de endurecer y aplicar la ley que les incauta y extingue los bienes a los narcos, lo mismo no ha ocurrido para transformar y respaldar la entidad que tiene a cargo su administración.
    ¿Les quedó grande la tarea o se creció el enano? Ambas razones; y una principal más: en el caos y el desorden todos los involucrados directamente, se apoderan de pingues ganancias sin que haya control alguno. La lana oficial para financiar a los partidos políticos y sufragar las elecciones son baba de períco comparada con este inmenso capital.
    Hasta hoy no se logra dar rumbo al SABA/SAE, ni hay un instructivo que contenga el procedimiento -certero procedimental y legalmente- de cómo se venderán los bienes que ya pasan definitivamente a manos del Estado. Abundan dudas sobre lo que se hará con los bienes que están incautados y que jurídicamente aún son de los dueños originales.
    No se solventan los problemas que persisten de otras administraciones. Los economistas neoliberales han olvidado que por haber sido del narcotráfico estos bienes –o de secuestradores o de lavadores de dinero-, todos son «bienes problema»: en todos los casos tienen encima líos de seguridad y jurídicos.
    No se resuelven aspectos esenciales: que exista un inventario confiable, que los bienes no continúen siendo administrados por las mafias a las que se les quitaron, y que se les dé un buen uso. Pero ¡a lo mejor eso es lo que conviene!
    Con el inventario, ningún resultado; el gobierno de EU –en todo se mete y el gobierno federal todo se lo permite a cambio de dolarucos migajeros-, destinó varios millones de dólares incautados a diversos narcos para diseñar un software capaz de almacenar la información de un inventario tan complejo como el del SABA-SARE-SAE (la información de aviones, grandes haciendas, hoteles y caballos de paso, semovientes vacunos, joyas u obras de arte, teléfonos celulares y mobiliario, vehículos, hoteles, ranchos, armas, tigres o leones. El sistema nunca se alimentó oportunamente y mientras tanto sí creció el número de bienes incautados.
¿Dónde están? ¿Quiénes los tienen o los usan? ¡Vaya usted a saber!