Cada nuevo Director General de la dependencia asume como tarea prioritaria platicar con todos los presidentes en conjunto, esta vez en bloques por la pandemia, para intercambiar opiniones y, sobre todo, exhortar a los gremios a regularizarse de acuerdo a las leyes deportivas.
Gobiernos van y vienen, y muchas entidades recreativas continúan en la inobservancia de sus deberes; sin embargo exigen derechos amparados con el apoyo de políticos o el temor de ciertas autoridades deportivas con ambiciones políticas a que le dañen su imagen y porvenir en la administración pública.
Con la pausa pasajera de las actividades ineludibles del Injudet, hay tiempo suficiente para trabajar en los asuntos pendientes de las asociaciones deportivas o promover leyes a favor de las dirigencias obligadas con el encargo y en contra de aquellas que usan de membrete el cargo o beneficio personal.
Otro rubro irregular de los dirigentes deportivos es ser juez y parte. La Asociación Tabasqueña de Atletismo, ejemplo, eligió de presidente a Marcelino Colín Martínez, quien desde hace años labora para el Injudet, donde el entrenador de este deporte José Felipe Cachón Gómez, es Director de Alto Rendimiento.
Tal vez esta práctica se lleve a cabo en otras partes del país, eso no significa su aprobación, demás, “quien sirve a dos amos con uno queda mal”. Es fácil adivinar a quien le fallará el dirigente deportivo con doble ocupación: servidor público y representante de una asociación civil no gubernamental.
El deporte tabasqueño paralizado transitoriamente por el coronavirus, seguramente fincará sus esperanzas de que estas reuniones de sus dirigentes con el Injudet, ofrezca un nuevo rostro a la actividad recreativa local, una vez que se reanuden la competencias y no se conviertan en pláticas de puro formulismo. El poder es el poder.
