Inactivos y sin dar golpe se mantienen defensores de oficio

Indefensa permanece la ciudadanía de escasos recursos cuando se le presenta un problema de tipo legal y tiene la penosa necesidad de acudir al Instituto de la Defensoría Pública, ubicado en calle Allende, Número 100, del Centro de la ciudad; donde se supone que profesionales del derecho le brindarán asesoría y apoyo cuando sean violentados su integridad y su patrimonio, nos cuentan varios ciudadanos.
    Lo que sucede es que esta oficina dirigida por Atilo Díaz Sosa no cumple con su responsabilidad, e incluso, él y sus colaboradores asumen actitudes contrarias a la función institucional para las que fueron contratados. Deshonrando de esta manera el importante objetivo de servir de apoyo legal para aquellas personas que no pueden pagar por sus propios medios los servicios de un abogado.
    En días pasados acudió ente este reportero un ciudadano para quejarse por la falta de asesoría legal cuando se tiene que resolver un problema ante los juzgados civiles con sede en la Avenida Gregorio Méndez (a un lado de la clínica del ISSET); toda vez que en su primer contacto con los empleados de estas oficinas, una dama que dijo ser licenciada y llamarse Candy Díaz, lo atendió en su oficina, sólo para decirle que para que se le asesorara en su problema era necesario que contratara los servicios de un abogado particular, e incluso, dijo que por ahí, por el edificio andaban varios.
    “Asesoría”, que molestó al ciudadano, quien luego de decirle que no contaba con dinero para pagar los servicios de un abogado, y que por esa razón solicitaba el apoyo para hacer correctamente su denuncia. Petición que no culminó en nada positivo y de momento. Aunque a esta licenciadilla, se le ocurrió enviar al denunciante al Instituto de la Defensoría Pública, ubicado en calle Allende, Número 100, del Centro de la ciudad, para que –según sus propias palabras “DE ALLA LE DIERAN LA ORDEN DE ATENDERLO”, explicando que no había otra manera de hacerlo.
    Obligando al denunciante a acudir a la citada dirección, donde fue recibido por Atilo Díaz Sosa, quien luego de escuchar al ciudadano lo canalizó a la oficina de Trinidad Vinagre.  Ambos funcionarios de estas oficinas, y quienes en automático se pusieron de acuerdo para cerrarle el paso a la denuncia y enviar a la persona con los del Colegio de Abogados de Tabasco, para que ellos le hagan la chamba que ellos deben y están obligados a hacer.
    Finalmente, el problema permanece igual, el ciudadano no sabe cómo resolverlo, mientras que estos servidores públicos usan los escritorios para pintarse las uñas o echar de plano la hueva.
    En síntesis, a muchos funcionarios militantes priístas provenientes de gobiernos anteriores no les ha caído el veinte que su partido ya no gobierna y que su obligación principal es la de ponerse a trabajar. Habrá que descubrir qué funcionario protege a Atilo Sosa, para que se le permita actuar contra las instrucciones del Gobernador y en contra de los tabasqueños que acuden a solicitar los servicios que la oficina que dirige, tiene la obligación de dar sin mayores protocolos.
    Como bien dice el pueblo: están viendo las barbas del vecino cortar y tienen que poner las suyas a remojar. La calle es muy ancha para quien no quiere trabajar.