Un juez federal bloqueó este miércoles la orden del expresidente Donald Trump que prohibía el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, al considerar que el exmandatario excedió su autoridad al emitir dicha proclamación sin seguir los procedimientos legales establecidos.
La decisión fue tomada por el juez de distrito Randolph Moss, quien presentó una opinión de 128 páginas sobre la proclamación del 20 de enero. En ella, Trump calificaba la inmigración ilegal como una emergencia nacional y negaba la posibilidad de solicitar asilo o protecciones humanitarias a todos los migrantes “involucrados en la invasión a través de la frontera sur”.
Según Moss, esta acción fue más allá de los límites del poder ejecutivo y superó incluso las restricciones impuestas en 2024 por el presidente Joe Biden, cuya propia normativa también fue parcialmente bloqueada por otro juez federal en mayo.
El juez Moss indicó que suspenderá la entrada en vigor de su decisión por 14 días para permitir que el Gobierno federal pueda apelar. Esta medida llega en un contexto jurídico complejo, ya que el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó recientemente que los jueces federales no tienen autoridad para congelar políticas federales, una orden que entrará en vigor la última semana de julio.
A pesar de ese fallo, Moss certificó a los solicitantes de asilo implicados como una clase colectiva, dado que las demandas colectivas no fueron abarcadas por la decisión del Supremo. Esta certificación responde a una demanda interpuesta por varias organizaciones defensoras de derechos civiles, en representación de individuos directamente afectados.
Los demandantes argumentan que la medida de Trump pone en peligro la vida de miles de personas que buscan refugio en EE.UU. Según los escritos presentados ante la corte, “el Gobierno está haciendo justo lo que el Congreso decretó por ley que no debía hacerse: devolver a solicitantes de asilo —incluidas familias— a países donde enfrentan persecución o tortura, sin permitirles acogerse a las protecciones legales vigentes”.
Esta resolución plantea nuevamente el debate sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria y el alcance de las leyes aprobadas por el Congreso para proteger a personas en situación de riesgo.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), destacó la importancia de la decisión: “Esta sentencia significa que el asilo volverá a estar disponible para quienes huyen de peligros horribles y reafirma que el presidente debe respetar las leyes promulgadas por el Congreso. La decisión puede significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para muchas familias que escapan de la persecución religiosa y otras formas de violencia”.
