Ahora que públicamente la autoridad ha confirmado la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, todos los que se relacionaron con él en algún momento y los medios de comunicación que jamás cuestionaron al llamado “Comandante H”, se deslindan de él y tiran para otro lado su podredumbre para que no les salpique.
Uno de ellos, el exgobernador Manuel Andrade Díaz, lo designó subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social durante su quinquenio. Nada más y manda menos que el control de las cárceles del estado. Nada se movía al interior de los reclusorios si no lo ordenaba Hernán. Así corría la droga, el alcohol y muchas cosas más, toda con la bendición del ahora prófugo de la justicia.
Los penales eran una fuente de ingresos segura, lo mismo que el Tutelar de Menores, actividad ilícita que toleró el gordo Andrade, si no también que le pregunten a Jorge Alberto Lazo Zentella, que explique cómo hizo la fortuna que tiene.
Esa estructura criminal al servicio de Bermúdez Requena se armó en los gobiernos priistas a los que sirvió, principalmente el de Manuel Gurría Ordóñez, en el que fungió como director de Seguridad Pública, y el de Roberto Madrazo Pintado, quien lo nombró director del CRESET (1995-1997). Como jefe policiaco de Gurría Ordóñez, el ahora prófugo fue uno de los principales operadores de la represión contra el naciente movimiento de López Obrador.
Desde ahí datan los antecedentes criminales del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no de hace seis años. Ese es el origen, aunque ahora renieguen de él.
Cuando Gurría Ordóñez fue secretario de Gobierno en la Regencia del Distrito Federal, que encabezó el profesor Carlos Hank González, ahí se relacionaron con Bermúdez Requena, sobre todo, Jaime Lastra y Roberto Madrazo, también Humberto Mayans. Esos son los lazos que los unen.
Como se recordará, a Bermúdez Requena se le involucró en el asesinato de Ponciano Vázquez Lagunes, cometido en 2006 en las postrimerías del gobierno de Andrade Díaz. Fue detenido por la SIEDO en el Hotel Camino Real en el restaurante donde se encontraba con Narciso Oropeza Andrade y Jaime Echeverría.
Estuvo más de un mes arraigado por la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, y sin más explicaciones lo soltaron. Sin embargo, la duda, la sospecha siempre le quedó. Cirilo Vázquez Lagunes, estaba convencido de su involucramiento en el crimen de su hermano.
Casualmente “Chicho” Oropeza, integrante del cártel de los notarios locales, fue secretario de Movilidad en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Manuel Merino Campos.
Por más que quieran no pueden negar esa vinculación. Tras el triunfo de Morena en las elecciones de 2018, todos ellos se treparon al poder con Adán Augusto López Hernández.
El gurriismo regresó por sus fueros. Jaime Lastra se convirtió en fiscal general del Estado y designó a Bermúdez Requena director general de la Policía de Investigación en enero de 2019. En ese cargo estuvo hasta noviembre de ese mismo año, pues en diciembre Adán Augusto lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hay una foto de la toma de protesta del cargo en la que aparecen Carlos Mario Balcázar, el secretario saliente, Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien era el secretario de Gobierno y el represor de protestas sociales, López Hernández y Hernán Bermúdez.
En el boletín oficial de la Unidad de Información de ese gobierno, emitido el 11 de diciembre de 2019, se dice que la instrucción que se le dio a Bermúdez Requena era “mantener la política de seguridad y darle continuidad a las acciones estratégicas que impulsa el Gobierno del Estado en esta materia”.
Ahora sabemos que la estrategia de seguridad era crear una red delincuencial para que “La Barredora” operara con total impunidad en el estado, a decir del comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez. Desde esas fechas datan los informes de inteligencia militar que ahora se conocen de sobra.
El militar habló de un modelo criminal que operaba con la complicidad de “autoridades locales”. La Fiscalía General del Estado, a cargo primero de Jaime Lastra, y después de quien este dejó en su lugar, Nicolás Bautista Ovando. Jamás investigaron ni solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes criminales que actuaron impunemente en el sexenio pasado.
POR COMISIÓN O POR OMISIÓN
La ley dice también que se puede sancionar a una autoridad por omisión. Eso fueron las autoridades de la FGE, ya ni se diga de la SSPC en ese periodo negro de la vida pública de Tabasco: omisas, ciegas y sordas.
Había total impunidad y protección a los delincuentes señalados por el general López Martínez en la entrevista radiofónica en la que dio a conocer la orden de aprehensión de Bermúdez Requena. Hubo medios de comunicación que durante el sexenio pasado no tocaban ni por equivocación al entonces hombre fuerte del gobierno estatal.
Las entrevistas que le hicieron, principalmente un medio radiofónico, era para lucimiento personal del ahora prófugo de la justicia. Era calificado como policía modelo. Todavía se recuerda aquella vez que increpó a un ciudadano por no traer cubre boca durante la pandemia. Todos lo colmaron de elogios.
Ahora que cayó en desgracia ese medio trata de deslindarse de ese trato favorable que siempre tuvo con el extitular de la SSPC. Inclusive, tuvo la osadía de publicar que Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad desde el 21 de agosto de 2021 a enero de 2024.
Casualmente en ese mes de 2021 Adán Augusto fue designado secretario de Gobernación ¿Error involuntario o descuido convenenciero? No hay manera de desligar al presunto delincuente con el exgobernador y actual líder del Senado, sobre todo porque él lo nombró secretario de Seguridad en 2019 y Merino lo ratificó en el cargo.
Ahora ese medio radiofónico trata de justificar lo injustificable, pero por más que lo intenten no van a lograrlo. Tiene también responsabilidad de lo que sucedió en ese periodo, porque prefirieron voltear hacia otro lado que cuestionar a esas autoridades con la misma vehemencia con la que ahora lo hacen con las actuales por los hechos de violencia.
