La prensa nacional mexicana ha abordado el caso de la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, con un enfoque que vincula directamente a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de la entidad y actual senador de Morena, generando un impacto significativo en su imagen pública.
Los medios han destacado que Bermúdez Requena fue nombrado por López Hernández en diciembre de 2019 como titular de la SSPC, y enfatizado su cercanía como hombre de confianza durante su administración.
Por ejemplo, SinEmbargo y SDP Noticias han señalado que Bermúdez, identificado como presunto líder de "La Barredora" y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue designado a pesar de informes de inteligencia militar que advertían sobre sus nexos criminales desde noviembre de 2019.
Esta narrativa sugiere una posible negligencia o complicidad por parte de López Hernández, aunque no se han presentado pruebas legales directas contra él.
Varios medios, como Infobae, El Financiero y Proceso, han contextualizado el caso dentro de una disputa política entre López Hernández y el actual gobernador, Javier May Rodríguez.
May ha acusado públicamente a las administraciones precedentes (de López Hernández y su sucesor interino, Carlos Manuel Merino Campos), de permitir el fortalecimiento de "La Barredora" en la entidad. La prensa ha amplificado estas declaraciones, especialmente tras los comentarios del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, quien afirmó que “está saliendo toda la pudrición”.
Algunos medios y opiniones en X han ido más allá, insinuando que López Hernández podría haber tenido conocimiento de las actividades de Bermúdez Requena. Por ejemplo, el periodista Ricardo Ravelo, citado en un post de MVS Noticias, afirmó: “No es posible que esto ocurra sin el conocimiento del gobernador”.
Asimismo, el líder estatal del PRI, Miguel Barrueta Cambrano, aseguró que las acusaciones contra Bermúdez son “la punta del iceberg” y acusó a López Hernández y Merino de ser “cómplices por omisión” al no haber actuado en su momento en contra el exfuncionario.
Estos señalamientos han sido retomados por medios como El Financiero, intensificando el escrutinio sobre la gestión de López Hernández.
La prensa también ha cubierto la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina de este martes, declaro que su gobierno no ha iniciado una investigación penal contra López Hernández.
“No se está investigando por parte del gobierno. No se ha pedido ninguna investigación”, dijo la mandataria. Sin embargo, acotó: “Nosotros no protegemos a nadie. De parte nuestra no hay (investigación). Si la Fiscalía tuviera algo, que investigue. Pero es importante que se conozca cómo fue el proceso hasta acusar a esta persona (Hernán Bermúdez)”.
Medios como Reforma, Animal Político y Aristegui Noticias han destacado esta declaración, junto con la exigencia de Sheinbaum de que el Gabinete de Seguridad explique de manera transparente el proceso que llevó a la orden de aprehensión contra Bermúdez. Esta postura oficial ha sido utilizada para contrarrestar especulaciones, aunque no ha silenciado los cuestionamientos en la prensa.
UN EXPEDIENTE ABIERTO
No obstante, las declaraciones de la presidenta de que “no se está investigando por parte del gobierno” y que “no se ha pedido ninguna investigación” contra el senador Adán Augusto López Hernández, no constituyen una exoneración en un sentido legal o formal, como lo tomaron los seguidores del tabasqueño y así lo festinaron en sus redes sociales.
Sheinbaum se limitó a señalar que, hasta este momento, no existe ninguna investigación penal o indagatoria en curso contra López Hernández por parte del gobierno federal. Esto indica una situación fáctica, es decir, la ausencia de un proceso activo en la Fiscalía General de la República (FGR) u otras instancias federales.
Sin embargo, no afirmó explícitamente que López Hernández esté libre de cualquier responsabilidad o que las autoridades hayan determinado su inocencia tras un análisis formal, lo cual sería necesario para considerar una exoneración.
En términos legales, una exoneración implica una resolución formal por parte de una autoridad competente (como la FGR o un juez) que determina que una persona no tiene responsabilidad penal tras una investigación o proceso.
Las palabras de Sheinbaum no reflejan que se haya llevado a cabo un procedimiento de este tipo, sino que simplemente no hay investigaciones abiertas. Esto no descarta la posibilidad de que surjan en el futuro si se presentan pruebas o denuncias.
Las declaraciones de Sheinbaum parecen responder a la especulación generada por la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad nombrado por López Hernández, y las acusaciones de posibles vínculos con el crimen organizado.
La falta de una investigación no equivale a una declaración de inocencia. Como señaló la propia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad debe aclarar de manera transparente el proceso que llevó a la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena.
