Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena y exsecretario de Gobernación, ha enfrentado un escándalo reciente destapado por una investigación periodística del principal noticiero de Televisa el pasado 25 de septiembre.
El reportaje reveló que entre 2023 y 2024 recibió transferencias por aproximadamente 79 millones de pesos de empresas privadas, montos que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Aunque López Hernández insiste en que sí los declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pagó los impuestos correspondientes, alrededor de 2.4% de ISR, según expertos, lo que genera dudas adicionales, las inconsistencias en su explicación del origen de estos fondos han generado críticas generalizadas.
Inicialmente, en su conferencia de prensa del viernes pasado en el Senado, López Hernández atribuyó los ingresos a servicios principalmente profesionales, como asesorías legales y comerciales prestadas a empresarios tabasqueños y de otros estados.
Admitió haber recibido pagos de empresas como GH Servicios Empresariales, señalada por el SAT como "fantasma" por operaciones similares en 2016, aunque exonerada en 2018, y Operadora Turística Rabatte, contratista durante su gubernatura en Tabasco por adjudicación directa, y vinculada a su hermano Melchor López.
Según él, estos servicios generaron 22.6 millones en 2023 y 24.5 millones en 2024, sumando unos 47 millones, más una herencia de su padre en Estados Unidos por litigio, alrededor de 11.5 millones.
Insistió: "No es delito, fue por servicios profesionales" y que evitó conflictos de interés al no asesorar a entidades públicas.
Sin embargo, el martes último, en un nuevo encuentro con la prensa, cambió su versión: ahora los 25 millones de pesos, parte de los 79 millones totales, provienen exclusivamente de la venta de ganado en Tabasco, donde mensualmente se embarcan unas 150 cabezas.
Aclaró que "dejó de realizar asesorías" para evitar conflictos y que sus ingresos actuales son de ganadería, alquileres de inmuebles y herencias, incluido un departamento en Houston de su madre. No presentó documentos completos sobre las ventas de ganado, y admitió no haber visitado las instalaciones recientemente.
Este cambio de versión ha sido calificado como una "lluvia de contradicciones, datos a medios y documentos incompletos" por analistas y medios como SinEmbargo.
Además, las cifras varían: en un momento habla de 78-79 millones declarados al SAT, pero en su declaración patrimonial de 2023 solo reportó 7 millones de ingresos totales, cuando fueron al menos 22 millones de reales. Los expertos calculan que por 79 millones debería haber pagado unos 26 millones de ISR, no el 2.4% que se infiere de sus cifras 158 mil pesos 2023 y 1.3 millones en 2024.
Estas contradicciones dejan a Adán Augusto en una posición vulnerable y de reputación dañada, especialmente en un contexto político donde Morena se presenta como defensora de la austeridad y la transparencia.
TIEMPOS DE TRANSPARENCIA
Las versiones contradictorias han sido ampliamente señaladas por medios y analistas como una muestra de opacidad. Han calificado su narrativa como "inconsistente" y "poco convincente". En redes sociales, particularmente en X han ironizado sobre sus nexos con empresas "fantasma" y la falta de documentación clara, lo que refuerza una percepción de falta de transparencia.
Siendo una figura prominente de Morena, las acusaciones de no declarar ingresos millonarios y los vínculos con empresas cuestionadas, alimentan críticas de adversarios políticos y sectores críticos de la sociedad. Esto lo posiciona como un blanco fácil para acusación de incoherencia con el discurso de austeridad de Morena.
Ante la opinión pública, Adán Augusto queda como una figura desgastada, con una narrativa que genera más dudas que certezas. Su posición en Morena podría mantenerse por lealtad políticas, pero su imagen pública está significativamente afectada, especialmente entre sectores críticos y medios independientes.
Las contradicciones de Adán Augusto podrían proporcionar al SAT elementos para investigarlo por posible evasión fiscal o irregularidades fiscales.
El salto de explicar los ingresos por "asesorías" a "venta de ganado" sin presentar documentación completa, como notas de venta, registros ganaderos o facturas, podría alertar al SAT sobre una posible maniobra para justificar ingresos.
La Ley del ISR, en su artículo 90, exige que los ingresos por actividades económicas, incluidas las agropecuarias, sean debidamente comprobados. Si las ventas de ganado no se sustentan, el fisco podría considerar los ingresos como acumulados sin origen lícito, lo que implicaría una investigación más profunda.
Si el SAT detecta inconsistencias, podría iniciar una auditoría fiscal. Según el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, la omisión de ingresos o la declaración de deducciones indebidas puede derivar en multas de hasta el 70% del impuesto omitido, además de recargos.
En casos extremos, si se comprueba dolo, intención de evadir, podría configurarse el delito de defraudación fiscal conforme al artículo 108 de dicho código, con penas de 3 meses a 7 años de prisión, aunque esto requeriría pruebas de intencionalidad.
La herencia declarada, 11.5 millones de un litigio en Estados Unidos, también podría ser revisada para verificar si se pagaron los impuestos correspondientes por ingresos del extranjero.
Las contradicciones públicas de López Hernández podrían motivar una revisión más estricta, especialmente por la presión mediática y de la oposición.
