La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está diseñando los pasos necesarios para recuperar las deudas que Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esto se da un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara siete recursos interpuestos por el empresario, al cierre de 15 años de disputas y litigios judiciales.
La jefa del Ejecutivo enfatizó que instancias previas, incluso antes de la llegada de la Cuarta Transformación (4T), ya habían fallado a favor de las autoridades fiscales.
"Ahora inicia un nuevo trámite. Solicitaremos a Hacienda que detalle los pasos a seguir. En primer lugar, se hace la notificación; si se paga, el tema se da por concluido; si no, se activan una serie de acciones que forman parte de un proceso legal que debe respetarse íntegramente", explicó la presidenta.
Sheinbaum insistió en que el asunto de Salinas Pliego se limita estrictamente al cumplimiento de la normativa legal y rechazó cualquier connotación de autoritarismo en su gestión.
"Todo se maneja en el ámbito de la Ley; no hay autoritarismo ni excesos, solo el cálculo preciso de lo adeudado, con incentivos para quienes cumplan. Si no se paga, existen mecanismos para asegurar el cumplimiento, porque así lo establece la Ley. [...] Se trata de justicia", concluyó.
Revisión exhaustiva al sistema anticorrupción
Sheinbaum expresó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exige una revisión exhaustiva, al resaltar que su estructura actual “no opera en su totalidad” y no logra los resultados esperados en la lucha contra la corrupción.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó que este marco fue concebido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, y se erigió sobre una configuración institucional “sumamente intrincada” que se suponía aseguraría castigos efectivos en materia de corrupción.
Detalló que, previo a su implementación, las sanciones administrativas dependían de la extinta Secretaría de la Función Pública —actualmente Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción—, pero la reforma las reubicó en los tribunales de justicia administrativa, a nivel federal y local.
Esa fragmentación, enfatizó, constituye uno de los aspectos clave que se deben examinar para evaluar si el modelo en vigor verdaderamente erradica la impunidad.
Garantizada, la libertad de expresión
En México prevalece la garantía de la libertad de expresión y manifestación, al aludir a la protesta programada ele sábado 15 de noviembre bajo el nombre de la Generación Z, reafirmó la presidenta.
Enfatizó que toda persona interesada en sumarse lo haría sin restricciones, pero reiteró que la iniciativa no surgió de forma orgánica entre los jóvenes, sino que fue impulsada en gran medida por figuras y sectores de la oposición, según un análisis divulgado el jueves por su administración.
Insistió en que esperaba que todo transcurriera en paz. El problema de algunas marchas es que siempre se cuelan provocadores, la mayoría encapuchados.
