El lunes pasado se registró un megabloqueo en carreteras federales, aduanas y puentes internacionales en al menos 17 estados, organizado principalmente por el Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Alianza Nacional de Transportistas de Carga y Pasajeros (ANTAC).
Supuestamente, la protesta buscaba exigir un precio de garantía para el maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, sacar los granos del T-MEC, restituir la banca de desarrollo rural. El trasfondo de la protesta era otro: rechazar de manera frontal la Ley de Aguas Nacionales propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta ley busca revertir la privatización del agua impulsada en los años noventa por el expresidente Carlos Salinas de Gortari —es decir, por el PRI—, que convirtió el recurso en una mercancía transferible entre privados y dio pie a un auténtico “cartel del agua” con concesiones concentradas en grandes agroindustrias y políticos.
Hay distritos de riego que venden agua a municipios sin pagar impuestos, y la reforma pretende nacionalizar ese esquema para priorizar el consumo humano y una agricultura sustentable.
En un país donde el agua es un recurso escaso y vital, que ciertos sectores se movilicen para bloquear una reforma que busca regular su uso de manera justa huele a intereses ocultos, especialmente cuando detrás aparecen figuras ligadas al PRI y al PAN, partidos históricamente acusados de acaparar concesiones hídricas en beneficio de unas cuantas élites.
Es un tema que toca fibras muy sensibles, porque no es solo política: es el derecho de todos a un recurso básico que ha sido malversado durante décadas.
Otro argumento de los manifestantes es la inseguridad en las carreteras (asaltos y extorsiones). Sin embargo, según las cifras presentadas en el más reciente informe del Gabinete de Seguridad durante la conferencia matutina, la incidencia de estos delitos ha disminuido un 54 % en comparación con 2018.
La ultraderecha aprovecha el momento para magnificar el caos y pintar a Morena como la destructora del campo. Hay abundante evidencia de que muchos de quienes encabezaron estas protestas que, significativamente, no tuvieron eco en el sureste del país, mantienen vínculos con el PRI, el PAN y el PRD.
QUIEREN MANTENER PRIVILEGIOS
El momento del sabotaje, justo cuando la ley avanza en el Congreso federal, y la ausencia de los grandes gremios representativos, como la CNPR o la CNA, sugieren claramente una infiltración opositora.
La propia presidenta lo dijo con toda claridad en la mañanera del martes: “Hay quienes se manifiestan para mantener privilegios que ya no queremos que existan”. Y aunque bloquear carreteras es un delito, su gobierno no perseguirá a los responsables.
“No tendrían por qué haber manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto. Si no hubiera diálogo, entendería que harían una manifestación. ¿Para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo?”, cuestionó la mandataria.
Es evidente que al PRIAN no le interesa el diálogo, sino torpedear al gobierno de Claudia Sheinbaum.
La ultraderecha, por su parte, aprovecha la ocasión para continuar con su estrategia desestabilizadora, intentando crear artificialmente descontento social y minar la base de una presidenta cuya aprobación ronda el 78%.
El campo mexicano sí está en crisis real, pero ese abandono no es responsabilidad de los gobiernos de Morena, sino herencia directa de los sexenios priistas y panistas. El actual gobierno ha impulsado políticas para recuperar la soberanía alimentaria y sacar al agro nacional precisamente de ese abandono histórico.
En resumen: hay intereses políticos rancios —principalmente del PRI y del PAN— que utilizan reclamos legítimos como pretexto para golpear a un gobierno progresista. Sheinbaum tiene toda la razón al impulsar la Ley de Aguas Nacionales: es hora de romper el cartel del agua y devolver este recurso al carácter de bien público. México no se destruye con protestas; se fortalece con reformas que equilibren la justicia social y la viabilidad económica.
