El acuerdo nacional suscrito el martes pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México representan un paso significativo y esperanzador en la lucha contra la violencia de género en México.
En un contexto donde las cifras de feminicidios y agresiones siguen siendo alarmantes, con más de 800 casos reportados solo en lo que va del año, según datos preliminares, este "Compromiso Nacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres" unifica esfuerzos federales y estatales para homologar el delito de abuso sexual, fortalecer protocolos de atención y campañas de sensibilización.
Este acuerdo promueve la transversalidad, pues involucra a todos los niveles de gobierno en acciones concretas como la creación de alertas de violencia de género más rápidas y la capacitación obligatoria en perspectiva de género para funcionarios.
Por otro lado, las reformas aprobadas en Tabasco por el Congreso local, también el martes pasado, son un ejemplo concreto y valioso de cómo las entidades federativas pueden avanzar de manera proactiva.
Endurecer las penas por feminicidio, elevándolas hasta en un 50% en casos agravados, acoso y abuso sexual, pasando de 3 a 7 años de prisión, con multas, reeducación obligatoria del agresor en perspectiva de género y la creación de una Fiscalía Especializada en Violencia de Género, introduce 12 agravantes que reconocen la complejidad de estas violencias, como el uso de tecnología o el abuso de poder.
Esta iniciativa no solo castiga con mayor severidad, sino que busca prevenir mediante herramientas jurídicas más precisas y especializadas, alineándose con recomendaciones internacionales de la ONU Mujeres.
Tabasco, con su historial de altos índices de violencia machista, demuestra que la legislación local puede ser un motor de cambio cuando se enfoca en la protección efectiva de las víctimas y en desmantelar la cultura de impunidad.
En conjunto, estos avances generan optimismo moderado: son avances necesarios en un marco legal que, pese a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, aún falla en la ejecución. Para que no queden en buenas intenciones, se requiere inversión en refugios, educación sexual integral desde la infancia y una justicia expedita que no sea revictimizada.
Como sociedad, debemos presionar para que estos compromisos se traduzcan en vidas salvadas, no solo en titulares.
Me parece una medida fundamental y largamente esperada, que eleva el estándar de justicia en Tabasco al alinear la investigación de toda violencia o muerte de mujeres y niñas con la perspectiva de género, como lo establece la nueva Fiscalía Especializada de Violencias de Género Contra las Mujeres, aprobada el martes 25 de noviembre de 2025 por el Congreso local.
NO MINIMIZAR LOS CRÍMENES
Esta reforma no solo obliga a que las indagatorias consideren el contexto machista, las desigualdades estructurales y los sesgos que a menudo invisibilizan o minimizan estos crímenes, como el clasificar un feminicidio como "homicidio simple" por falta de análisis de género, sino que garantiza igualdad en el trato, las condiciones y las oportunidades para las víctimas, tal como lo detalla el dictamen.
En un estado donde, según datos recientes, las denuncias por violencia familiar y agresiones sexuales superan las 5 mil anuales, con un alto porcentaje impune, esto podría ser el cambio que evite revictimizaciones y acelere condenas justas.
Se valora especialmente porque va más allá de lo punitivo: integra la perspectiva de género en todo el proceso investigativo, desde la recepción de la denuncia hasta la sentencia, lo que empodera a las víctimas y desmantela la cultura de impunidad que permea nuestras instituciones.
Es un paso concreto hacia la armonización con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya exige esto a nivel federal, pero que en la práctica se queda en buenas intenciones sin fiscalías especializadas como esta.
Tabasco, con su historial de altos índices de violencia machista, incluyendo desapariciones y feminicidios vinculados al crimen organizado, necesitaba esta especialización para no seguir perdiendo vidas en el limbo burocrático.
Sin embargo, el éxito dependerá de la capacitación inmediata de fiscales y peritos, de un presupuesto para esta fiscalía y de mecanismos de monitoreo independientes para medir su impacto, como tasas de resolución de casos o encuestas a víctimas.
Sin eso, corre el riesgo de ser otra reforma en el papel. En el contexto nacional del Compromiso por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, impulsado por la presidenta Sheinbaum ese mismo día, Tabasco se posiciona como un referente local que podría inspirar a otros estados rezagados.
