Tabasco atraviesa un momento definitorio. Tras años de una inercia que parecía haber normalizado la violencia y el saqueo de recursos estratégicos, la administración de Javier May Rodríguez ha decidido entrar de lleno a una batalla que otros prefirieron evadir.
No se trata solo de un cambio de retórica, sino de un giro de 180 grados en la forma de entender la seguridad pública: de la gestión del caos a la aplicación rigurosa del Estado de Derecho.
El éxito inicial de este gobierno no se explica sin la simbiosis total con las fuerzas federales. A diferencia de tiempos donde la presencia del Ejército o la Marina era vista con recelo o utilizada solo para desfiles, hoy el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional son el músculo de una estrategia de inteligencia compartida.
Este despliegue ha permitido lo que antes parecía imposible: la captura sistemática de generadores de violencia. En apenas unos meses, se han sacado de las calles a más de 170 perfiles de alta peligrosidad.
No son detenciones al azar; son el resultado de un mapeo criminal que identifica quiénes articulan la violencia en municipios como Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco. Al golpear la estructura de mando de estas células, el gobierno de May está enviando un mensaje de cero impunidad que resuena en todo el Sureste.
Huachicol: el negocio de la "tolerancia" que se acabó
Quizás el punto más revelador del cambio de rumbo es el combate al robo de combustible. Durante el sexenio anterior, el huachicol no solo era una actividad ilícita; era una industria paralela que florecía a la sombra de una tolerancia que rayaba en la complicidad. Se miraba hacia otro lado mientras los ductos eran sangrados y las rutas de transporte eran controladas por grupos delictivos.
Hoy, la realidad es apabullante. El decomiso de más de 17 millones de litros de hidrocarburo en el último año no es un "accidente" logístico. Representa un crecimiento superior al 1,200% en comparación con el cierre de la gestión pasada.
Este golpe histórico no solo debilita las finanzas del crimen organizado, sino que recupera la soberanía energética de la nación en territorio tabasqueño. Cada litro incautado es un peso menos para comprar armas y voluntades.
Ante este despliegue de fuerza y resultados, la oposición política ha optado por el camino del negacionismo. Atrapados en una narrativa de redes sociales y alimentados por el eco de "bots", intentan minimizar la reducción de hasta un 62% en los homicidios dolosos.
Su estrategia es clara: amplificar los incidentes aislados —reacciones desesperadas del crimen ante la presión gubernamental— para intentar desdibujar el avance real en la incidencia delictiva.
Sin embargo, el contraste es inevitable. Mientras los críticos hablan desde la comodidad de sus oficinas, el gobierno de May ha dignificado a la policía estatal con aumentos salariales históricos y mejor equipamiento, entendiendo que no se puede exigir seguridad si el guardia no tiene certeza de bienestar.
Tabasco no está en paz absoluta, pero está en pie de lucha. El desmantelamiento de la estructura criminal que se dejó crecer durante años no se logra de la noche a la mañana, pero los cimientos son sólidos. La combinación de inteligencia federal, combate al huachicol y una política social que atiende las causas es el camino correcto.
El mayor logro de Javier May hasta ahora no es solo bajar los índices delictivos; es haber demostrado que, cuando hay voluntad política, el crimen deja de ser un vecino tolerado para convertirse en un objetivo prioritario del Estado. El tiempo y los datos están poniendo a cada quien en su lugar.
