La colusión entre el crimen organizado y los altos niveles del poder político, policial y militar en México no es un fenómeno coyuntural ni un rasgo exclusivo de la administración actual.
Se trata de un problema estructural y sistemático que se consolidó a lo largo de décadas de regímenes unipartidistas del PRI y que continuó expandiéndose tras la alternancia democrática encabezada por el PAN.
La narrativa contemporánea de la oposición, que presenta la infiltración del narcotráfico como una anomalía surgida exclusivamente bajo el gobierno de Morena, omite deliberadamente la genealogía del problema para construir un discurso político de "Estado fallido" o "Narcoestado", el cual es utilizado incluso para justificar propuestas de intervenciones extranjeras.
Durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la relación entre el Estado y el narcotráfico no se basaba en la debilidad de las instituciones, sino en una lógica de control y subordinación.
El Estado regulaba los mercados ilícitos a cambio de paz social relativa, estabilidad económica regional y cuantiosos dividendos políticos y financieros.
El auge de la primera gran federación criminal de México ocurrió bajo el amparo directo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen.
El asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, puso al descubierto que fundadores del Cártel de Guadalajara, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, operaban con credenciales oficiales de la DFS y protección de gobernadores y comandantes policiales.
El escándalo obligó a la disolución de la DFS debido a su nivel incorregible de corrupción. Con la diversificación de las rutas del narcotráfico hacia la cocaína colombiana, las ganancias se multiplicaron exponencialmente, alcanzando a las familias más cercanas al poder.
El caso más documentado fue el de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, quien tras finalizar el sexenio fue arrestado y acusado de lavado de dinero. Investigaciones financieras internacionales revelaron cientos de millones de dólares ocultos en cuentas en Suiza y Londres, vinculados a la protección institucional otorgada a Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo.
En este mismo periodo, la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 y el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994 evidenciaron que las disputas entre facciones del narcotráfico e intereses políticos se dirimían de forma violenta en el espacio público.
LA OTRA CARA DEL CRIMEN
La llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia en el año 2000 rompió el monopolio político y, por consecuencia, desarticuló los canales tradicionales de control que el Poder Ejecutivo central ejercía sobre los gobernadores y los grupos criminales.
Esto derivó en una privatización y descentralización de la violencia, donde los cárteles comenzaron a financiar campañas políticas locales para cooptar ayuntamientos y policías estatales.
El mito del combate frontal al crimen organizado bajo la llamada "Guerra contra el narco" se desmoronó formalmente en los tribunales federales de Estados Unidos. Genaro García Luna, quien fungió como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Vicente Fox y como secretario de Seguridad Pública federal con Calderón, fue juzgado y declarado culpable por una corte en Nueva York por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
Las evidencias demostraron que el funcionario de más alto rango encargado de la seguridad nacional en México recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para facilitarle operaciones de tráfico, proveerle uniformes oficiales, vehículos blindados, credenciales policiales e información de inteligencia para abatir a sus rivales directos.
Este caso institucionalizó la paradoja de un Estado que simulaba combatir al narcotráfico mientras una de sus facciones más poderosas operaba desde el propio gabinete presidencial.
La omisión sistemática de estos antecedentes históricos por parte de las fuerzas políticas de oposición no es un descuido, sino un diseño estratégico de comunicación política. Al aislar la crisis de violencia actual del proceso histórico que la originó, se pretende fijar en la opinión pública la idea de que la inseguridad es consecuencia exclusiva de las decisiones u omisiones del gobierno actual.
Este reduccionismo tiene implicaciones severas que rebasan la contienda electoral interna. Al etiquetar mediáticamente a México como un "Narcoestado" o un "Estado fallido", sectores de la oposición mexicana y legisladores de línea dura del Partido Republicano en Estados Unidos construyen el andamiaje retórico indispensable para proponer soluciones de fuerza unilaterales.
Esto incluye iniciativas para clasificar a las organizaciones criminales mexicanas como "Organizaciones Terroristas Extranjeras" (FTO, por sus siglas en inglés), lo que otorgaría facultades legales al ejército estadounidense para realizar intervenciones quirúrgicas o despliegues militares dentro de territorio mexicano, vulnerando la soberanía nacional.
Esta narrativa ignora de manera deliberada la naturaleza transnacional del problema. El fenómeno del narcotráfico no se sostiene únicamente por la corrupción institucional en México, sino por factores estructurales en los países de destino: la demanda insaciable de sustancias en el mercado estadounidense, el blanqueo de capitales dentro del sistema financiero internacional y el flujo constante de miles de armas de fuego de alto poder que cruzan de norte a sur de forma ilegal debido a la laxitud de las leyes de control de armamento en Estados Unidos.
El análisis serio de la crisis de seguridad exige reconocer que los cárteles contemporáneos no surgieron de forma espontánea en los últimos años, sino que son el resultado evolutivo de redes de impunidad sembradas durante el régimen del PRI, perfeccionadas y empoderadas militarmente durante las administraciones del PAN, y cuya desarticulación requiere reformas estructurales profundas y no consignas de propaganda política orientadas a promover injerencias extranjeras.
