Este martes se cumplieron dos años del triunfo electoral de Javier May Rodríguez en los comicios para gobernador de 2024. El mandatario se convirtió en el candidato más votado en la historia política del estado, al obtener la confianza del 80 por ciento de los electores.
Desde ese momento, se marcó una diferencia contundente con su antecesor, Adán Augusto López Hernández.
Cabe precisar el término de antecesor, ya que el sustituto de Adán Augusto, el capitán Carlos Manuel Merino Campos, no fue electo en las urnas. Por lo tanto, no contó con el aval ciudadano, sino que fue designado por el Congreso local bajo la influencia directa del exsecretario de Gobernación.
May Rodríguez arrasó por completo a la oposición. Su competidor más cercano, Juan Manuel Fócil Pérez del PRD, apenas logró el 5 por ciento de los sufragios, mientras que el resto de los candidatos quedó por debajo de esa cifra.
Ese respaldo en las urnas es —y sigue siendo— su principal fuerza política, por más que sus adversarios se empeñen en decir que han cambiado, que han mejorado o se declaren cercanos al pueblo.
Los pronósticos de la mayoría de las encuestas se cumplieron: ganó de calle. No surtieron efecto la guerra sucia ni los ataques reiterados de sus detractores, quienes día tras día recurrieron a la mentira, a la manipulación de cifras y a los datos falsos.
"Hoy conmemoramos que hace dos años los tabasqueños nos confiaron la responsabilidad de encabezar el gobierno. Una confianza que asumimos con responsabilidad y que honramos todos los días con trabajo y con resultados. Por eso nuestro gobierno trabaja en el territorio, construyendo junto al pueblo los avances que están transformando a nuestro estado”, expresó el gobernador al iniciar su conferencia de prensa de este martes.
Dentro de cuatro meses, May Rodríguez cumplirá dos años al frente de la administración pública. Su gestión no resiste comparación con la de Adán Augusto y Merino Campos; este dúo dejó la vara muy baja, por lo que no ha sido difícil para el actual mandatario superarla.
Para muestra, basta un botón. El hoy senador, Adán Augusto, desapareció los programas sociales heredados por su antecesor, Arturo Núñez. Eliminó Corazón Amigo (dirigido a personas con discapacidad), Casa Amiga (destinado a familias de escasos recursos) y Cambia tu tiempo.
El argumento legal y administrativo más recurrente para justificarlo fue que el nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, implementaría programas sociales universales a gran escala.
López Hernández sostuvo que mantener activo Corazón Amigo generaría una duplicidad de beneficiarios y de gasto presupuestal, bajo la premisa de que la Federación absorbería ese padrón mediante la nueva Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
En las iniciativas del Ejecutivo se plasmó la necesidad de buscar "un gasto más efectivo y eficiente a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos", delegando la responsabilidad financiera del bienestar social al presupuesto federal.
Esa decisión constituye una de las críticas políticas y técnicas más profundas a la gestión de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Es, precisamente, el punto donde Javier May Rodríguez ha marcado su mayor distancia ideológica y operativa, aun perteneciendo al mismo partido.
Mientras sus antecesores rehuían la responsabilidad social de atender a los grupos más vulnerables, May Rodríguez creó programas sociales propios que complementan a los otorgados por el Gobierno de México.
El problema de la administración pasada no era la falta de disponibilidad financiera, sino la carencia de voluntad política y de prioridades presupuestarias. Mientras Adán y Merino optaron por favorecer a amigos y socios con contratos millonarios de obras y adquisición de bienes y servicios —según diversas denuncias periodísticas—, Javier May diseñó una política social enfocada en atender a los menos favorecidos.
De este modo, el actual gobernador creó esquemas locales como Sembrando Vida, Pescando Vida, Crédito Ganadero a la Palabra, Tandas del Bienestar y Crédito Porcino para Mujeres, entre otros.
SUBORDINACIÓN Y ABANDONO
La administración de Adán Augusto y Merino Campos prefirió una cómoda subordinación financiera a la Federación en materia social. Al transferir la carga de los apoyos económicos a los programas federales de López Obrador, el gobierno estatal liberó miles de millones de pesos de su presupuesto, pero desmanteló la red de protección social netamente tabasqueña.
El argumento de la "duplicidad" sirvió para justificar que el estado no invirtiera recursos propios en las áreas más vulnerables.
Javier May demostró que un estado sí puede y debe tener una política social propia si ajusta sus prioridades. Con la creación de la pensión universal para hombres de 63 y 64 años (Bienestar y Plenitud) y las becas locales para estudiantes, May evidenció que los programas estatales no tienen por qué "duplicar" a los federales, sino que pueden cubrir los vacíos legales o de edad que las reglas de operación federales dejan fuera.
En el sexenio pasado se utilizó la "Austeridad Republicana" como un pretexto para el recorte. Se eliminaron programas bajo la premisa de que sus estructuras burocráticas eran costosas e insostenibles para las finanzas estatales que dejó el nuñismo; sin embargo, ese ahorro no se tradujo en nuevas inversiones sociales locales perceptibles para la población.
Por el contrario, Javier May aplicó una reingeniería administrativa drástica que incluyó la reducción de salarios de altos funcionarios, la eliminación de viáticos y la fusión de secretarías. La diferencia radica en que el dinero ahorrado por la austeridad no se guardó ni se destinó al gasto corriente de las oficinas, sino que se etiquetó por ley para financiar directamente los nuevos programas sociales del estado, demostrando que el presupuesto local sí alcanzaba si se reorientaba el gasto de manera correcta.
La narrativa de Adán Augusto se centró en asegurar que los programas de Arturo Núñez estaban "corruptos, inflados y eran clientelares".
En lugar de auditar, limpiar los padrones, corregir las reglas de operación y mantener el beneficio para los ciudadanos transparentando las asignaciones, la decisión fue la extinción total de las políticas públicas de la administración anterior.
La estrategia de May Rodríguez, en cambio, apunta a que las fallas de operación de un programa no justifican dejar desprotegida a la población. En lugar de delegar la responsabilidad o desaparecer apoyos por temor a la corrupción, su gobierno apostó por un censo directo casa por casa para construir padrones limpios desde cero, asumiendo la responsabilidad operativa completa del diseño y entrega de los apoyos.
En retrospectiva, el diseño de los programas complementarios de Javier May confirma que un gobierno estatal tiene las facultades constitucionales y los mecanismos financieros para proteger a su población de manera autónoma.
La estrategia del sexenio anterior de centralizar todo en la Federación respondió más a una lógica de concentración de capital político hacia el fallido proyecto nacional de Adán Augusto, que a una imposibilidad real de mantener programas locales. (Continuará).
