Los de abajo
La detención de Ernesto Ruffo Appel y el espejo roto de la oposición
El jueves pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Ensenada al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta implicación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en el marco de lo que se conoce como huachicol fiscal.
Ruffo, socio mayoritario de la empresa Ingemar SA de CV, está vinculado a investigaciones que derivaron del aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila. Este golpe no es menor: se trata de un histórico del PAN, el primer gobernador de oposición al PRI en México.
El huachicol fiscal consiste en introducir al país combustible refinado (a menudo desde Texas) declarándolo falsamente como aditivos, lubricantes u otros productos con menor carga fiscal o sin el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Se evade así el pago de impuestos millonarios, se compite deslealmente y se genera un daño al erario que se mide en miles de millones de pesos. No es el huachicol romántico de las tomas clandestinas en ductos; es un delito sofisticado que requiere complicidades en aduanas, empresas fachada, logística y, a veces, protección política.
En este caso, las rutas texanas destacan: la venta de combustible que sale de refinerías en Houston y otros puntos de Texas, cruza la frontera con documentación irregular y se distribuye en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su estrategia: cero impunidad, investigaciones que “lleguen hasta donde tope” y aplicación pareja de la ley, sin importar el partido, el cargo o la cercanía.
El Gabinete de Seguridad, con la FGR y la SSPC al frente, ha intensificado acciones contra estas redes, con decomisos masivos y órdenes de aprehensión que incluyen empresarios, funcionarios aduanales y ahora figuras políticas de peso.
No hay “narco gobierno” aquí; Hay un gobierno que actúa contra redes que trascienden sexenios y colores partidistas. Ruffo mismo había comparecido antes como testigo y deslindado responsabilidades hacia las aduanas, pero las evidencias judiciales avanzaron.
Lo más revelador es el silencio incómodo o las contorsiones de la oposición. Durante años, sectores del PAN, PRI y sus aliados mediáticos no se cansaron de repetir el mantra de “narco gobierno”, señalando al actual gobierno como protector de criminales y corrupto hasta la médula.
Hoy, cuando cae un exgobernador panista por presunto huachicol fiscal —un delito que implica redes transnacionales—, el discurso se diluye en mutismo selectivo, “presunción de inocencia” a conveniencia o intentos de minimizarlo como un caso aislado.
La detención expone la hipocresía: la corrupción y los vínculos con el crimen no son monopolio de un solo partido ni de una sola era. El huachicol fiscal operó con permisos otorgados en distintos momentos, aduanas que han sido históricamente vulnerables y empresas que navegaron entre regulaciones laxas.
Acusar al gobierno actual de “narco” mientras se ignora que estas redes involucran actores de la oposición, y posiblemente de administraciones pasadas, revelan más sobre la falta de autocrítica que sobre la realidad del país.
Otro ángulo incómodo: el combustible presuntamente ilegal se refina en Texas y entra por aduanas mexicanas con irregularidades. Refinerías estadounidenses, puertos como Houston y rutas logísticas binacionales están en el radar de las investigaciones.
Estados Unidos, tan exigente en temas de fentanilo, migración y seguridad, guarda un silencio llamativo ante este flujo que daña las finanzas mexicanas y los mercados de alimentación ilegales. ¿Por qué? Posibles razones incluyen intereses económicos en el sector energético texano, prioridades diplomáticas centradas en otros flujos (drogas) o la complejidad de perseguir empresas “legales” en suelo estadounidense que exportan bajo clasificaciones dudosas.
Esto subraya la necesidad de una cooperación real y no selectiva. México combate en su territorio; Washington debería mirar con lupa sus refinerías y exportadores si quiere una alianza genuina contra el crimen transnacional.
La detención de Ruffo Appel no borra otros problemas ni convierte al gobierno en infalible, pero sí demuestra que la ley avanza sin distinción de apellidos ni siglas.
La oposición, que tanto gritó “narco gobierno”, queda mal parada: sus propios cuadros históricos enfrentan acusaciones graves, y el espejo refleja que la corrupción es un problema estructural que requiere combate sistemático, no solo retórica electoral.
Que las investigaciones siguen su curso con debido proceso, pruebas sólidas y sin impunidad. México necesita más acciones como esta y menos hipocresía partidista. La seguridad y la hacienda pública no son botón de nadie ni panista, ni texano.
